LUNES Ť 2 Ť ABRIL Ť 2001

Ť Lagunas jurídicas propiciaron los abusos de poder, consideran especialistas

La seguridad nacional, sinónimo de guerra sucia y espionaje durante los gobiernos priístas

Ť Adolfo Aguilar Zinser se enfrenta a la falta de poder real de su cargo, plantean expertos

ALONSO URRUTIA Y JESUS ARANDA

De negro historial, asociada a los episodios más oscuros de la vida política del país, la represión, las desapariciones, la persecución de disidentes, la seguridad nacional ha sido en México sinónimo de guerra sucia y espionaje. Durante años, su función -dicen especialistas- fue el control social como defensa del viejo régimen.

Un marco jurídico incierto, la poca transparencia en la operación de los servicios de inteligencia y la escasez de estudios sobre el tema han favorecido la manipulación de instrumentos y los abusos de poder.

En septiembre de 2000, el entonces director del Centro de Investigación en Seguridad Nacional, Alejandro Alegre, resumía: los servicios de inteligencia están lejos de la imagen terrible de antes. Eran esos días donde la polémica sobre el espionaje a la campaña del presidente electo, Vicente Fox, y a consejeros electorales dominaba el escenario.

Paralelamente, en otros ámbitos de utilización donde se desarrollan labores de inteligencia, señaladamente el combate al narcotráfico, las políticas han tenido poco éxito. La creación del Instituto Nacional de Combate a las Drogas como un organismo para la aplicación de sofisticadas formas de enfrentar al poder del narco, culminó en un sonado fracaso.

Insuficiencias legales

Aunque la seguridad nacional se entiende como un asunto prioritario para el país, no existe en la Constitución ninguna referencia expresa sobre el tema, sólo menciones genéricas, de tal modo que pende de un marco jurídico incierto y carece de una legislación que regule las actividades de inteligencia. Más allá de los enunciados en algunas leyes secundarias, en la práctica, un decreto presidencial expedido el 5 de junio de 1992 - en los tiempos en que Carlos Salinas de Gortari era presidente- propició la creación del denominado gabinete de seguridad nacional, que involucraba a la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la cancillería.

Otro decreto presidencial, expedido el 8 de enero del 2001, abrogó el citado gabinete y en su lugar creó el Consejo de Seguridad Nacional, designándose la figura de consejero de Seguridad Nacional. A la ausencia de una ley de seguridad nacional se suma la inexistencia práctica del tema en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Es sólo en el reglamento interno de la Secretaría de Gobernación donde se encuentra una primera referencia al tema, como parte de las funciones de la dependencia: establecer y operar un sistema de investigación e información que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado, como parte de las funciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Las pocas referencias legales provocan falta de transparencia en la operación de los servicios de inteligencia y de seguridad nacional, de los que sólo se sabe por los escándalos suscitados por el descubrimiento de espionaje telefónico.

En un análisis sobre la situación de la seguridad nacional en México, José Luis Calderón Arozqueta, coordinador del diplomado sobre el tema del INAP, sostiene que la falta de precisión y claridad sobre este concepto en México y lo que necesita ser considerado como un riesgo para la nación "pueden servir como útiles excusas para justificar abusos de poder, violación de derechos humanos y nulificación de libertades ciudadanas. Entre más vago y vacío sea el concepto de seguridad nacional, habrá más margen de maniobra para manipularlo a su antojo".

Augusto Sánchez Sandoval, autor del libro Derechos humanos, seguridad pública y seguridad nacional, sostiene que entre aquellos tiempos de la guerra sucia de los setenta y la actualidad la función de defensa del sistema político y económico como esencia de la seguridad nacional no ha cambiado. La función central que históricamente se le ha dado a la seguridad nacional no es más que el control de partidos, sindicatos y organizaciones sociales que puedan amenazar al sistema.

La perspectiva de Sandoval coincide con el diagnóstico que tiene el PRD. Desde los tiempos de la guerra sucia hasta la persecución salinista al perredismo, el denominador común es la discrecionalidad, sostiene el diputado federal del sol azteca Rafael Hernández, que trabaja con el grupo parlamentario en un proyecto para la restructuración de la seguridad nacional.

"Ha habido una evolución en cuanto al abuso del esquema represivo, pero no una erradicación completa porque en los últimos años del régimen priísta se mantuvieron actividades ilícitas de espionaje que incluyeron al ahora presidente Vicente Fox", dice Hernández.

El problema central de lo que ha sido la seguridad nacional, añade, es que se había confundido la seguridad del Estado con la del sistema político priísta. Las acciones fueron encaminadas más hacia la defensa de los intereses del partido en el poder que a los de una nación.

En el estudio realizado por Martín Hernández Bastar denominado El contexto actual de la seguridad nacional en México, se advierte que durante años la doctrina en la materia se ha asociado automáticamente con una concepción represiva.

Para el investigador, la agenda de seguridad nacional en México durante los últimos años ha evolucionado de conformidad con los nuevos esquemas internacionales. Sin embargo, subraya: "México depende mucho de la forma como Estados Unidos maneja su concepto operativo de seguridad nacional y el peso que se le da a problemas como la relación con las grandes potencias, el narcotráfico, la migración de los trabajadores indocumentados, la deuda externa, la transición mexicana a la democracia.".

En este contexto, el narcotráfico es el tema en el que se refleja claramente que las prioridades estadunidenses inciden en las redefiniciones de la agenda de seguridad nacional de México. El investigador cita que es en 1987, cuando el gobierno de Miguel de la Madrid -que se caracterizó por sus confrontaciones con Estados Unidos en materia de narcotráfico, tras el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena- definió por primera vez al narcotráfico como un asunto de seguridad nacional.

Su análisis cita información estadunidense en la que se afirmaba la importancia que tiene para ese país el involucramiento de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico, desarrollando una capacidad de autonomía ante las corporaciones policiacas mexicanas.

Paulatinamente, el peso de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico es creciente, como la preponderancia que ha tomado en la agenda nacional.

La prioridad otorgada por México al combate al narcotráfico como asunto de seguridad nacional alentó la evolución de los esquemas de combate al narcotráfico si bien con sonados fracasos.

Así, con el gobierno salinista se inició un ambicioso proyecto de combate a las drogas con nuevos esquemas de inteligencia: el Instituto Nacional de Combate a las Drogas. Ya bajo el gobierno de Ernesto Zedillo se colocó a un militar al frente de la lucha contra el narcotráfico: Jesús Gutiérrez Rebollo.

Apenas unos días después de haber sido elogiado por su desempeño al frente del INCD por el entonces zar antidrogas, Barry McCaffrey, salió a la luz pública el escándalo por sus vínculos con el cártel de Juárez. Dos meses después de que Gutiérrez Rebollo fuera recluido en el penal de Almoloya de Juárez, el INCD fue desaparecido.

Hernández Bastar señala que en tanto es un asunto prioritario en la seguridad nacional estadunidense, la guerra contra las drogas es un factor de presión constante para nuestro país, a pesar de que México también ha elevado el combate al narcotráfico como un asunto de seguridad nacional. Para algunos especialistas, el centro de la distorsión de los esquemas de seguridad nacional es el anteponer la seguridad del gobierno y del sistema político a la del Estado.

En este sentido, Hernández Bastar indica que "las políticas de seguridad nacional en México deben responder y a la vez estar enmarcadas dentro del proceso global de desarrollo socieconómico general que instrumenta el Estado. Sus acciones, por tanto, tienen que ver con la problemática social de todas las fracciones y grupos de la sociedad mexicana y no sólo atender a grupos de interés económico y político".

Su reorientación, concluye el especialista, depende de una normatividad clara que especifique, por un lado, la problemática de la seguridad del Estado, lo que es y no es una amenaza para sus instituciones y para la sociedad en general. "La seguridad nacional debe ser el proceso político que implementa el Estado y su gobierno con legitimidad y representación nacional para proteger a las instituciones".

En esta misma línea, para el PRD es fundamental que el nuevo régimen redefina el papel de los aparatos de seguridad nacional a partir de una nueva legislación que transparente su operación. En tal sentido, para Rafael Hernández es fundamental que la propuesta de reformas en la materia no partan sólo de una iniciativa del Ejecutivo elaborada desde las oficinas del consejero en Seguridad Nacional, sino de un debate amplio de las fuerzas políticas enmarcado en la reforma del Estado.

"La seguridad nacional -dice- debe ser un concepto que abarque al conjunto de las fuerzas políticas y expresiones de los mexicanos y no un arma de represión a disidentes. Debe responder a la defensa de la nueva etapa democrática que vive el país".

Para tal efecto es inevitable que la definición de las políticas en la materia y sus acciones pasen necesariamente por el conocimiento del Congreso. La clave de una nueva era en seguridad nacional, concluye, es la transparencia en los sistemas de inteligencia.

Las áreas de inteligencia

Aunque su gestión terminó bajo la polémica generada por el espionaje al actual Presidente de la República, el último director del Cisen bajo el régimen priísta, Alejandro Alegre Rabiela, sostuvo, en los últimos meses de su periodo, la necesidad de readecuar el marco jurídico que rige los servicios de inteligencia para, entre otras cosas, "asegurar la eficiencia y el apego a la ley de sus actividades" a partir de la neutralidad política de las instituciones y con el concurso de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Lo cierto es que de lo único que se tiene información, aunque sea escasa, es de la existencia del Cisen, toda vez que las secciones de inteligencia con que cuentan el Ejército, la Armada, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República sólo le rinden cuentas a sus jefes.

En el caso del Ejército, la sección de inteligencia forma parte de la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, mientras en la Secretaría de Marina esta área forma parte también de la sección segunda del Estado Mayor de la Armada.

A unos días de que tomó posesión de su cargo, el propio consejero de Seguridad Nacional, Adolfo Aguilar Zinser, reconoció en entrevista con este diario que no contemplaba aún la posibilidad de que las secciones de inteligencia del Ejército y la Armada le rindieran a él informes.

Si bien esto fue visto como lógico por algunos especialistas consultados, hay quienes señalaron que esa postura no habla más que de la falta real de poder del consejero presidencial, lo que debilita su propia posición, además de que queda a discreción de los altos mandos militares la entrega o no de la información que llegue a sus manos.

De acuerdo con fuentes militares, para ellos está muy claro que ese tipo de información "delicada" sólo puede ser suministrada directamente al Presidente de la República; aunque de esta manera queda en evidencia el papel que jugará el consejero presidencial en materia de seguridad nacional.