DOMINGO Ť 1Ɔ Ť ABRIL Ť 2001

SEMANA POLITICA

EN ESTADOS UNIDOS

Ť El dinero en la política y el dinero de los políticos, tema

Ť No hay acuerdo todavía si se entró o ya se está en recesión

JIM CASON Y DAVID BROOK CORRESPONSALES

Nueva york, 31 de marzo. La política del dinero, el dinero en la política y el dinero de los políticos fueron el tema central del debate en este país, mientras todo el mundo observaba si las fortunas de Wall Street implicaban el fin del auge económico más largo de la historia re-ciente de este país, o sólo un tope en el ca-mino al paraíso.

El centro de atención ha sido la economía, con un consenso de que la tasa de crecimiento se está atorando, pero con desacuerdo sobre si esto implica el comienzo de una recesión (definida como dos trimestres consecutivos de desplome en producción total), o sólo un desaceleramiento temporal. Según The Economist, no hay duda de que la economía estadunidense, si logra evitar una recesión, enfrentará un desplome agudo en su tasa de crecimiento.

También señala que aunque técnicamente aún no hay recesión, dos tercios de los en-cuestados por la Universidad de Michigan opinan que la economía ya está en recesión. El peor escenario ahora es que Estados Unidos y Japón, las dos principales economías del mundo (representan 46 por ciento de la producción total mundial), entren en recesión simultáneamente (algo que no ha ocurrido desde 1974).

Así, el debate político gira en torno a es-peculaciones sobre la prosperidad estadunidense, y qué hacer. Parte de la respuesta, según el gobierno de George W. Bush, es "estimular" la demanda y la inversión al aprobar la reforma fiscal promovida por el presidente. Esta propuesta de reducción de impuestos por alrededor de 1.6 mil millones de dólares continúa como la pieza central de la agenda de Bush, y todo indica de que alguna versión de esto será aprobada.

A pesar de que todos saben que los mayores beneficiarios de esta propuesta serán los más ricos, y en particular el uno por ciento más rico del país, con un beneficio casi in-significante para la media clase y las capas pobres, resulta impresionante cómo los in-tereses de los más ricos generan un consenso entre la cúpula política, a pesar de que la mayoría de los estadunidenses encuestados señalan que hay otras prioridades como son un mayor gasto en servicios sociales, educación y salud.

Al mismo tiempo, esta semana procedió el esfuerzo para reformar el sistema de fi-nanciamiento de las campañas políticas, después de la elección más cara de la historia, y a la sombra de una serie de escándalos en torno a este asunto generados por los partidos Republicano y Demócrata, pero llevados a nuevas alturas durante la presidencia de Bill Clinton.

Los senadores John McCain y Russ Feingold parecen haber logrado promover, si es aprobada por el Congreso, la reforma del sistema electoral más importante desde los tiempos de Watergate en los 70.

Todo indica que el Senado aprobará la semana entrante esta reforma, la cual establece nuevos controles y límites en las contribuciones de fondos no regulados a las campañas y partidos políticos, y establece nuevas restricciones en el uso de propaganda política durante las rectas finales de pe-riodos electorales.

Sin embargo, la aprobación de esta ley aún enfrenta una oposición amplia en la Cámara de Diputados, donde estos intentos en el pasado han sido enterrados. Los que se oponen argumentan que el límite sobre donativos políticos a campañas, partidos y candidatos es una violación de la libertad de expresión. Pero la realidad es que la gran mayoría del electorado está negado su libertad de expresión al no aportar lana pa-ra un político.

Este sistema --y los críticos del sistema lo han comprobado-- establece candidatos y triunfos electorales casi exclusivamente en base del dinero que es recaudado. Los que aportan fondos, y los que logran captarlo, son los únicos que tienen garantizada su libertad de expresión.

Mientras tanto, algunos de los políticos de la cúpula están ahora muy preocupados sobre su propio dinero. Resulta que, por ley, los secretarios de gabinete y otros funcionarios de altos puestos tienen que deshacerse de sus intereses económicos para evitar "conflictos de interés" al ocuparse del negocio de gobernar el país.

Por mala suerte, figuras como los secretarios de Estado Colin Powell y de Comercio Donald Evans, entre otros, tienen que vender sus inversiones multimillonarias en ac-ciones bursátiles en un momento en que Wall Street está en uno de sus peores mo-mentos de los últimos dos años. Por lo tanto, están obligados a vender acciones deprimidas con la consecuencia de pérdidas enormes, informó el New York Times.

Claro, las noticias y las declaraciones de los políticos de aquí sobre la economía y la prosperidad son emitidas como si Wall Street definiera el futuro de la mayoría de los estadunidenses, y como si la prosperidad es un asunto democrático. Según el economista Doug Henwood, cuando se ha-bla del bienestar del país, en verdad se está hablando de los intereses del 10 por ciento más rico del país, que es dueño (en cifras de 1998) de 63 por ciento de todos los activos, 82 por ciento de todas las acciones (el 90 por ciento que queda sólo tiene 18 por ciento de las acciones).

El 20 por ciento más rico de la población tienen 83 por ciento del total de la riqueza, y 91 por ciento de la riqueza financiera (mientras que el 40 por ciento más pobre tiene una riqueza financiera negativa, o sea sus deudas son mayores que sus activos).

Si de repente las quincenas desaparecen, la gran mayoría de los estadunidenses subsistiría con sus ahorros sólo nueve semanas como máximo --claro, los pobres podrían durar apenas un día--, mientras que el 20 por ciento más rico del país sobreviviría con el mismo nivel de gastos que ahora aproximadamente dos años con sus ahorros, señala Henwood en un análisis publicado por The Nation.

Mientras los políticos se preocupan por la prosperidad --la personal y la de Wall Street-- los demás esperan ver las consecuencias del manejo de este país para estudiar si se anuncia formalmente una recesión o si el auge económico sólo está interrumpido por razones de fuerza mayor. Sea cual fuere el resultado, todos entienden que las implicaciones para unos (el 20 por ciento más rico) no son iguales a las de la gran mayoría. ƑQuién pagará los costos si hay un error?

Así estuvo la semana en la democracia más próspera del mundo, o más bien, en la nación de una prosperidad cada día menos democrática.