DOMINGO Ť 1Ɔ Ť ABRIL Ť 2001
Ť Envió una recomendación al gobierno de Fox
La CIDH condena impunidad en el caso de indígenas violadas
Ť Pide que no sea la justicia militar la encargada del caso
NOTIMEX
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la impunidad que persiste en el delito de violación tumultuaria que pesa sobre un grupo de militares que el 4 de junio de 1994 atacaron a tres jóvenes tzeltales en el municipio de Altamirano, Chiapas, por lo que demanda una respuesta del gobierno de Vicente Fox.
La resolución de la CIDH fue enviada al Ejecutivo el 19 de marzo, y aunque aún no es un documento público, refiere haber realizado una recomendación en enero pasado al nuevo gobierno para que se atrajera el caso a la justicia del fuero común, pues hasta hoy está en manos de la Procuraduría de Justicia Militar.
De acuerdo con la CIDH, no se justifica que el hecho se ventile en la instancia militar, pues se trata de una violación tumultuaria, considerada como delito común, y no de orden militar
Ante la negativa del nuevo gobierno a regresar el caso a la justicia del fuero común, por considerar que no podía invadir la jurisdicción del Ejército, la CIDH ha considerado en su informe una condena por la persistente impunidad, convirtiéndose en el primer caso de violación a los derechos humanos que el organismo denuncia ante la presente administración.
La denuncia realizada por el Grupo de Mujeres de San Cristóbal y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), con sede en San José de Costa Rica, fue enviada a la CIDH el 5 de septiembre de 1995, sustentada en la falta total de voluntad de las autoridades mexicanas de realizar una investigación seria de los graves hechos denunciados.
La resolución intenta restituir los derechos de integridad y libertad personal, garantías y protección judicial para María Teresa, Cristina y María Méndez Santiz, quienes la mañana del 4 de junio de 1994, al atravesar un retén militar ubicado en Altamirano, Chiapas, fueron atacadas por unos 30 militares, que las violaron y torturaron.
El delito fue denunciado ante el Ministerio Público federal en San Cristóbal de las Casas; sin embargo, año y medio después del suceso, las autoridades federales se negaron a actuar, y el caso fue atraído por la Procuraduría de Justicia Militar, que realizó varias diligencias irregulares, pues conociendo claramente quiénes eran los presuntos responsables, los dejaron en completa libertad.
Los involucrados serían acreedores a una pena de 50 años de cárcel.
El caso de las tres jóvenes tzeltales fue muy difundido. Las indígenas ratificaron su denuncia el 30 de agosto de 1995. Se hicieron todas las diligencias, no obstante se mantuvo la impunidad durante todos estos años.
La resolución de la CIDH aparece cuando en México el gobierno del presidente Fox está trabajando por la paz en Chiapas.