MIERCOLES Ť 28 Ť MARZO Ť 2001
Ť Reconoce falta de recursos y dispersión del sector
Moderan campesinos estrategias de lucha tras el veto a ley rural: CAP
FABIOLA MARTINEZ
La "gran movilización" de las organizaciones campesinas más importantes del país, anunciada en contra del veto presidencial a la Ley de Desarrollo Rural, derivó en "acciones prudentes" a corto plazo y en la búsqueda de apoyo de los legisladores de PRI, PRD y PT para tratar de revertir la política agropecuaria del gobierno federal.
"El tejido de la organización campesina está roto y no tenemos los recursos suficientes para movilizar de inmediato a todos los campesinos del país en blo-queos, paros y otro tipo de acciones. Esa es la verdad, nuestra capacidad de respuesta es más lenta que los embates del gobierno", reconoció Alberto Gómez, dirigente en turno del Congreso Agrario Permanente (CAP).
Dijo que las acciones opositoras se realizarán "según la propia dinámica de cada organización" con el fin de llevar la discusión de los problemas del campo a las diferentes regiones. Por lo pronto, dijo, planeamos actos de protesta en la capital del país y en cada una de las entidades el próximo 10 de abril.
Respecto a las gestiones con los legisladores, informó que mañana (jueves) se reunirá la representación del CAP con los presidentes y secretarios de las comisiones de Agricultura, Reforma Agraria y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados para trabajar en torno a una nueva iniciativa que rescate lo esencial de la que fue vetada.
"En el campo hay una terrible dispersión; no hay recursos para movilizarnos como quisiéramos, por ello no hay otra alternativa que el trabajo desde las bases y partiendo de las posibilidades de cada organización", señaló en entrevista vía telefónica.
El 15 de marzo el presidente Vicente Fox regresó al Congreso la propuesta de Ley de Desarrollo Rural que había sido aprobada por el Poder Legislativo, al argumentar que su contenido no cumplía con el compromiso social de la política de gobierno actual.
La ley rechazada por el Ejecutivo declara de interés público la producción agropecuaria y otorga a esta rama el carácter de estratégica para el desarrollo económico. Incluye la obligación de las entidades federativas de destinar 10 por ciento del presupuesto federal al campo y otorgar crédito a tasas más bajas que las del mercado. Señala también la necesidad de regular las importaciones de alimentos, y revisar los acuerdos comerciales con el fin de proteger a los agricultores de la competencia internacional.
Tras conocer del veto presidencial, las organizaciones que participan en el CAP amagaron con movilizaciones, paro nacional y hasta bloqueos en vías de comunicación.
Sin embargo, días después muestran una moderada estrategia de lucha que podría derivar en una acción radical pero hasta septiembre próximo, señaló Alvaro López, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).
En la Confederación Nacional Campesina (CNC), de filiación priísta, también gestionan con los legisladores y en la búsqueda de los "consensos necesarios" para elaborar una nueva iniciativa de ley que responda a la intención de la legislación vetada, por lo que "las acciones anunciadas se encuentran en impasse", señaló la CNC.
Federico Ovalle, líder de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), coincidió que en los próximos días trabajarán en torno a bases legales en contra del veto presidencial.
"El gobierno está llevando a los campesinos a una situación de medir fuerzas y está claro que nos vamos a defender. Estamos conscientes de que no podemos hacer una movilización de un solo día sino de todo el tiempo y para eso se requiere una preparación paulatina", manifestó.
Los dirigentes campesinos cabildean por lo pronto con diputados de PRI, PRD y PT para que no aprueben ninguna iniciativa en materia rural que eventualmente pudiera enviar el presidente Fox, "en respuesta al veto torpe y absurdo que aplicó" con anterioridad.
A cambio de bloqueos y paros, las organizaciones estudian alternativas jurídicas para sustentar una réplica al Ejecutivo y presentar argumentos en torno a la importancia de un marco jurídico para el campo y en especial de la apremiante necesidad de aplicar políticas compensatorias.
"Estamos en un periodo de insurrección social por la vía pacífica y preparamos, de forma prudente, un paro nacional programado en principio para septiembre próximo", agregó el dirigente de la UNTA.