MIERCOLES Ť 28 Ť MARZO Ť 2001
Ť Fueron encarcelados luego de denunciar: el funcionario
Debemos investigar irregularidades en los casos Montiel y Cabrera: Lazy
ANGELICA ENCISO L.
En Guerrero hay un problema ambiental serio, y los únicos que se atrevieron a denunciarlo, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, fueron encarcelados. La deforestación alcanza 40 por ciento de las zonas boscosas del estado y en ésta han participado la empresa Boise Cascade, la unión de ejidos Rubén Figueroa Alcocer y las autoridades, señaló Rodolfo Lazy Tamayo, coordinador de asesores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Estos campesinos, que forman parte de la Organización de Ecologistas de la Sierra de Petatlán y de Coyuca de Catalán, denunciaron el ecocidio en la región y después de eso fueron detenidos. Para la Semarnat se trata de una "organización preocupada por el tema de los bosques, y antes de que sus miembros fueran a la cárcel había solicitado la intervención de la autoridad ambiental ante la gran explotación forestal de la zona", agregó el responsable de la dependencia en dar seguimiento al caso.
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron detenidos el 2 de mayo de 1999, sin órdenes de cateo y arresto, y se les obligó a declararse culpables de los delitos de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, cosecha de mariguana y de tener vínculos con el Ejército Popular Revolucionario, indica un expediente de Greenpeace.
Antes de este hecho denunciaron el ecocidio en la región en cartas enviadas en 1998 a la entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Julia Carabias, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a las autoridades estatales. La nueva administración de la dependencia decidió asumir una posición porque estos campesinos forman parte de una organización ecologista, habían solicitado la intervención de las autoridades ante el problema ambiental y en la región existe un daño ecológico serio, agregó.
Al final del gobierno pasado se empezaron a hacer las auditorías ambientales en las explotaciones forestales y se suspendieron los programas de manejo en cinco de los siete predios que están bajo esta actividad, detalló Lazy Tamayo. Cuando esto ocurrió "nos dimos cuenta de que con el tiempo la misma autoridad cayó en cuenta de que sí había las irregularidades que los campesinos habían denunciado, y los responsables no habían actuado a tiempo. Y eso derivó en el conflicto".
En este problema, agregó, hay muchos actores: el gobierno del estado, por un lado, la unión de ejidos Rubén Figueroa Alcocer -que este gobernador, en su tiempo, promovió- y la empresa Boise Cascade. "Con excepción de los campesinos ecologistas, todos los demás estaban haciendo un negocio, y sí hubo un daño en cuanto a la reducción de la superficie forestal. De todos estos actores, no obstante el daño ecológico en la región, los únicos que están presos, por el motivo que sea, son ellos".
Desde el punto de vista técnico, abundó el funcionario, hemos hecho un análisis de lo que ha ocurrido con las superficies forestales y hemos detectado zonas criticas en las zonas de Petatlán y Coyuca de Catalán. "La superficie deforestada es superior a 40 por ciento -86 mil de 226 mil hectáreas-, por lo que, técnicamente, la Semarnat ve un conflicto". En la parte administrativa, dijo, también hay problema, porque de 4 mil unidades de manejo forestal, sólo cuatro son "modelo" en materia de uso sustentable del bosque, y sólo una -Los Bajitos- está en la entidad.
Sin embargo, "el caso está en los tribunales, y ahí no tenemos jurisdicción. Lo que estamos haciendo es observar que se analice de manera objetiva. Hemos hecho saber a las autoridades estatales y al Legislativo que estamos atentos a lo que ocurre. Si las evidencias que tenemos no son suficientes, seguiremos insistiendo en que no son ellos los que han provocado esta problemática; al contrario, son quienes trataron de evitar que existiera el ecocidio".
Además, aseguró, el trabajo de protección ambiental no se puede realizar sin el apoyo de las comunidades; "no puede ser que quienes defiendan sus bosques sean afectados. Los campesinos son aliados nuestros al apoyarnos en que el manejo de los bosques sea sustentable. No podemos abandonarlos a su suerte".
Las explotaciones forestales que estaban fuera de la normatividad fueron suspendidas en la administración pasada, y continúan los recorridos en la zona para mantenerlas, pero como las comunidades deben vivir del bosque, finalmente habrá la necesidad de tener programas adecuados, agregó.
Sin embargo, el narcotráfico y la presencia de grupos armados han dificultado el trabajo en medio ambiente, dotación de infraestructura, asistencia social y económica. "Hay áreas con grandes problemas, y los inspectores se han negado a visitarlas porque saben que hay mucha actividad guerrillera o de narcotráfico. Los inspectores no están armados, se asisten de la Policía Judicial o del Ejército para hacer su trabajo".
Entrada a recurso de amparo
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informó que el tribunal colegiado del 21 circuito dio entrada, el pasado lunes, al recurso de amparo en el que se pide revocar la sentencia dictada en contra de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, campesinos ecologistas presos en Iguala, Guerrero, desde mayo de 1999.
Según información de este organismo no gubernamental, el magistrado presidente del tribunal, Héctor Maices Viñas, confirmó en octubre pasado las sentencias en contra de Cabrera (seis años, ocho meses) y Montiel (10 años), y ahora el tribunal colegiado tendrá 30 días para confirmar o revocar dichas penas.