MIERCOLES Ť 28 Ť MARZO Ť 2001
Ť Podría cedérseles derechos que constituirían un fuero, según el asesor presidencial
Del Val advierte sobre los riesgos de establecer un régimen jurídico especial para indígenas
Ť Pide que la reforma constitucional en la materia se realice con "extremo cuidado"
ENRIQUE MENDEZ Y ROSA ROJAS
Una reforma constitucional para establecer un régimen jurídico especial para los pueblos indígenas debería realizarse con "extremo cuidado", porque podría cederles "derechos especiales que, a la larga, constituirían un fuero, se vea como se vea", evaluó ayer el asesor de la Oficina de Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República, José del Val.
Durante el segundo día de los Foros para la Revisión Integral de la Constitución, donde ayer se trató el tema de la administración de la justicia indígena, cuestionó la base legal sobre la que se busca otorgar autonomía a las comunidades, los acuerdos de San Andrés Larráinzar y la iniciativa de ley de la Cocopa, porque, afirmó, se suscribieron y redactaron en un momento en que se simulaban consensos y porque las discusiones "no se dieron en libertad".
Además, dijo, hay una "equivocación de base" en el asunto específico de las reformas planteadas a los artículos 4 y 18 que ayer se discutieron: "suponer que las autonomías son cosas de indios. Es una contradicción que se plantee sólo para los indígenas".
Romper la cervical del federalismo
El debate lo había abierto el coordinador del foro, Francisco Valdés Ugalde, quien expuso que una de las preguntas sobre dichas reformas constitucionales no suponía "la regresión al sistema de fueros", prohibidos en la misma Constitución.
Del Val resaltó: "la limitación de la autonomía a los pueblos hace que se ponga en duda qué quieren los indios con su naturaleza. ƑRomperle la cervical al federalismo mexicano?".
La autonomía jurídica, abundó, supone que se crucen dos sujetos jurídicos en un solo ámbito. Sostuvo que si se les otorga a las comunidades, se constituirían en un sujeto jurídico que las "convertiría en un club".
Por lo tanto, añadió, "las demandas de autonomía como orden jurídico no pueden llevarse a cabo porque afectarían la propia estructura de los pueblos".
No es posible, insistió, porque sería tanto como reconocer el estado de fragmentación, pobreza, aislamiento y falta de servicios que durante 500 años han padecido los indígenas en México. "En esas condiciones, otorgársela sería una simulación mayúscula", resaltó.
En el foro también se discutió la pertinencia de las recomendaciones de la Cocopa respecto de si la compurgación de penas en sistemas carcelarios cercanos a las comunidades constituiría una rápida reintegración social o bien crearía un sistema penal con características segregatorias.
Del Val, quien también dirige el Instituto Indigenista Interamericano de la OEA, planteó la hipótesis del caso de un indígena que sea acusado por delitos contra la salud. "Con este marco jurídico que se plantea, Ƒtendríamos que crear penales de alta seguridad en municipios indígenas? Lo contrario implicaría una falacia de la compurgación de penas. ƑY cuando ocurre un asesinato, les vamos a dar formas para juzgarlos? ƑY si sus usos y costumbres dicen que a los asesinos se les corta la mano?".
A esto conduciría la aprobación de ambigüedades de los conceptos que se reflejan en los acuerdos de San Andrés, pero sobre todo en la iniciativa de la Cocopa, planteó. Frente a ese panorama, Del Val sugirió "quitarle el filo político" a la discusión para "dejar mellada" la iniciativa.
Por su parte, el secretario de Movimientos Sociales del PRD, Abelardo Torres Cortés, consideró que las comunidades son "verdaderos sistemas integrales de vida" en los que existen, en los hechos, derechos y prácticas jurídicas indígenas. "El problema -subrayó-, es que no se reconocen constitucionalmente".
La Carta Magna, puntualizó, reconoce derechos individuales pero no colectivos. Y ejemplificó: "como mexicano, la Constitución me reconoce el derecho de educación pública, laica y gratuita, pero como pueblo no reconoce ningún derecho a una educación en mi propio idioma. Y ahí ya tenemos un conflicto".
Proponen una nueva Carta Magna
La iniciativa de ley de la Cocopa debe ser modificada no para restarle derechos, sino "para incorporarle derechos reales", afirma la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, Veracruz (CROISZ).
En un documento que será presentado mañana en los foros del Senado sobre dicha iniciativa y de la Secretaría de Gobernación para la reforma del Estado, propone que en la denominada ley Cocopa deberán cambiarse "los indígenas serán tomados en cuenta", "el Estado deberá consultar a los indígenas" y "los indígenas podrán participar", por el concepto de "los pueblos indígenas decidirán", ya que en la ley Cocopa el Estado se reserva en todo momento el derecho a decidir el destino de los pueblos indios.
Argumenta que esas garantías "deben formar parte no de una ley secundaria como lo es la ley Cocopa, sino como parte de la ley fundamental de la nación, o sea, de la nueva Constitución federal que responda a las demandas y aspiraciones de la nación mexicana pluriétnica y pluricultural que es y se debe reconocer, que refleje un nuevo pacto político nacional y que fundamente una nueva unidad nacional en la diversidad".
La nueva Constitución "deberá reconocer a los pueblos indígenas como sujeto de derecho público. Esta es la condición jurídica fundamental y el principio político estratégico para garantizar, dentro de la ley, la reconstrucción de los pueblos indios como sociedades que son -no son un sector social más-, de su memoria histórica e identidad".
Advierte que "reconocer sólo el derecho a la autonomía y la libre determinación a la comunidad, como se pretende, es un engaño y una continuidad de la política de segregación racial, pues la comunidad seguiría dependiendo de políticas públicas ajenas".
Propone que la nueva Constitución reconozca la pluralidad jurídica del Estado mexicano e instituya "el principio de que los intereses individuales y de grupo son legítimos siempre y cuando no atenten en contra de los intereses de la comunidad (...) Así deberá garantizar que el destino de la nación y sus recursos no vuelvan a ser secuestrados por un pequeño grupo de multimillonarios antipatriotas".
La nueva Constitución deberá reconocer "a los territorios indios como el área geográfica donde los indios libremente determinados ejerzan jurisdiccionalidad, gobierno, justicia y administración sobre sus comunidades, municipios y recursos naturales", y un régimen de autonomía en el que decidan lo que convenga a sus intereses.
Asimismo, añade, deberá reconocer el derecho que tienen a elegir con libertad a sus autoridades tradicionales de conformidad con normas internas y la prerrogativa de los municipios indígenas y sus comunidades a nombrar a sus autoridades decidiendo libremente "entre el sistema de partidos o el de su ley propia o usos y costumbres, y a definir de la misma manera sus sistemas de cargos".
Plantea, además, que dicho ordenamiento "deberá crear una circunscripción federal para los pueblos indígenas que garantice su representación directa en el Congreso de la Unión sin necesariamente recurrir al sistema de partidos". Asimismo deberá facultar a los Congresos locales a hacer lo conducente en el ámbito de su jurisdicción. Para el ejercicio pleno de este derecho se deberá redistritar las regiones con población indígena.
Respecto a la pluralidad jurídica, apunta: "no basta, como dice la ley Cocopa, que la autoridad positiva convalide los casos juzgados por la autoridad india. Se requiere negociar, por una parte, los ámbitos, las funciones y las competencias de la ley positiva y las de sus instituciones, y por otra parte, los ámbitos, las funciones y las competencias de la ley indígena y las de sus instituciones. Se requiere dar pleno valor a la ley indígena".
"No se trata entonces de establecer estados de excepción o de otorgar privilegios, se trata de reconocer la existencia jurídica de los pueblos indígenas como sociedades originarias étnica y culturalmente diferentes a la sociedad nacional no indígena", apunta.
Los derechos de la mujer
Respecto a los derechos de las mujeres indígenas, señala que la legislación "debe poner especial cuidado para garantizar los derechos de la mujer indígena como integrante de su pueblo en tanto mujer y como ciudadana mexicana".
El documento de la CROISZ reconoce: "nuestros pueblos indios han acumulado una sabiduría que enriquecería la vida nacional, pero no somos perfectos. Sabemos nuestras limitaciones y errores y estamos en proceso de reflexión y de cambio. Uno de nuestros peores errores tiene que ver con la condición de opresión de la mujer indígena en nuestras comunidades. Sin que esto sea privativo de los indígenas, sí es un grave problema interno que habremos de resolver".
"Paradójicamente o contradictoriamente a la lucha por los derechos de los pueblos indios, al seno de éstos el tema de los derechos específicos de las mujeres indígenas es casi intocable hasta ahora".
Agrega que "el "estilo de vida" de las mujeres indígenas o la forma como los hombres les han impuesto ese "estilo de vida es una condición de marginalidad que se expresa en la falta de oportunidades para acceder a la educación, la salud, al calzado, al vestido, a la capacitación de cualquier índole; se refleja en las cargas de trabajo pesadas desde horas de la madrugada hasta el anochecer. La educación de la mujer para el servicio del hombre (el esposo, el padre, los hijos y hasta los suegros y cuñados) sin reclamar derechos es impuesta desde el seno de su propia familia. Los indios de ahora no sabemos exactamente cómo se procreó la cultura de subestimación de las capacidades de la mujer en la comunidad, pero es una triste realidad".
"Los varones indígenas, cuando hablan de los derechos de los pueblos indios, de los derechos humanos y de la necesidad de mejorar el sistema de procuración de justicia, piensan en la población masculina. Por otra parte, en la vida cotidiana familiar y comunitaria no existe igualdad ni equidad en el ejercicio de derechos entre el hombre y la mujer; la mejor comida se la ofrecen al hombre -jefe de la casa-, el calzado y la educación la dejan para el varón; quienes después de trabajar descansan son los varones", concluye.