MIERCOLES Ť 28 Ť MARZO Ť 2001
Ť Mencionan posibles riesgos, si se aprueba como está
Piden empresarios participar en la discusión de la ley indígena
DAVID ZUÑIGA
El sector privado demandó participar en la discusión sobre la ley de derechos y cultura indígenas, y advirtió que escuchar sólo a una de las partes dejará ''indefenso'' al resto del país y a los empresarios, que podrían resultar perjudicados si se aprueba la legislación como está, ya que ello impediría la llegada de inversiones a las regiones habitadas por grupos étnicos.
En un análisis titulado La tribuna del Congreso, el Centro de Estudios Fiscales y Legislativos (Cefyl), del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), propone encargar a un grupo de constitucionalistas un estudio sobre las posibles repercusiones de la ley indígena, así como escuchar a otros sectores, pues la nueva ley afectará no sólo a los indígenas, ''sino a todo el país''.
El organismo que dirige Héctor Reyes Salinas le advierte al Ejército Zapatista de Liberación Nacional que ha llegado al punto en que no hay retorno: ''El EZLN debe tener claro que el uso de la tribuna trae aparejados compromisos, no sólo con los legisladores, sino con la nación''. El uso de la tribuna, según el sector privado, ''debe comprometer al EZLN a no poner más condiciones y no salirse de las negociaciones de paz''.
El Cefyl advierte que permitir la libre determinación y la autonomía de los grupos indígenas, les permitirá actuar al margen de los órganos del Estado. Permitir la existencia de autonomías con población, territorio y gobierno propios, regidos por ''leyes privativas'' (usos y costumbres) y con disposición de sus recursos naturales ''traería como consecuencia la creación de pequeños estados independientes'' en México.
La tentación socialista
Para el organismo empresarial, permitir a los indígenas que decidan sus formas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural, los deja expuestos a la tentación de implantar ''algún tipo de socialismo, un cooperativismo, una tiranía disfrazada'', o aplicar ''tributos que no sean proporcionales ni equitativos''.
Además, arguye el Cefyl, la ley indígena sería un obstáculo para la construcción de obras de infraestructura como carreteras, puentes, puertos y aeropuertos, plantas eléctricas y redes de distribución de fluido; asimismo, afectaría a las minas y empresas turísticas y forestales.
Entre los proyectos que -según el sector privado- estarían en riesgo con la ley indígena, destacan el plan Puebla-Panamá, el Ferrocarril Transístmico, la ''escalera náutica'' de Baja California e incluso el aeropuerto alterno de la ciudad de México.
Uno de los apartados que más preocupan a los hombres del dinero es el que permitiría a los pueblos indios ''acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales en sus tierras y territorios, entendidos éstos como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan y ocupan, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponde a la nación''. Según el Cefyl, esta propuesta ''es flagrantemente contraria al artículo 27 de la Constitución, que consagra como garantía individual la propiedad privada''. De la misma forma, se opone a que los pueblos indígenas puedan operar y administrar sus propios medios de comunicación, ya que el uso y explotación del espacio aéreo debe estar regido por el artículo 27.
Los nombres de la reforma
En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Claudio X. González Guajardo, hijo del actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Claudio X. González Laporte, colaboró con el entonces subsecretario de Agricultura, Luis Téllez Kuenzler, en la elaboración de la iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional.
En aquel entonces, el secretario de Agricultura era Carlos Hank González, mientras que González Laporte, presidente de Kimberly Clark de México, colaboraba con Salinas como asesor en materia de inversiones extranjeras.