Expertos afirman que los acuerdos de San Andrés tienen pleno sustento jurídico; descartan riesgos

Ť La autonomía expresa la autodeterminación, considera Héctor Díaz Polanco

ALONSO URRUTIA

 Los acuerdos de San Andrés Larráinzar tienen pleno sustento jurídico y su interpretación en la denominada iniciativa de ley de la Cocopa recoge el espíritu central de los compromisos firmados por el gobierno federal y el EZLN en 1996. En el marco de la inauguración de los foros sobre Reforma Integral de la Constitución distintos ponentes coincidieron en que dichos acuerdos y la iniciativa están lejos de poner en riesgo la unidad nacional y, por el contrario, contribuyen a satisfacer una reivindicación histórica de los pueblos indios.

En lo que constituyó el primero de los foros, dedicado a los derechos y cultura indígenas, en especial al impacto de los acuerdos de San Andrés, Luis Hernández Navarro, coordinador editorial de La Jornada, subrayó que lo que buscan los acuerdos es reconstituir el pacto entre el Estado y los pueblos indios, al restablecer por la vía constitucional el reconocimiento de los pueblos indígenas a su derecho de libre determinación y al ejercicio de su autonomía.

Para la presidenta nacional del PRD, Amalia García, la discusión de los derechos indígenas en el marco del foro sobre reforma constitucional debe contribuir sustancialmente a erradicar los prejuicios que se han tejido en torno a la iniciativa de la Cocopa y los acuerdos de San Andrés. Citó como ejemplo la autodeterminación y la autonomía, pero que en el texto se establece claramente que se da como parte del Estado mexicano.

En este marco, la senadora del Partido Verde Gloria Lavara anunció que su partido retiró ya la iniciativa de reformas que en materia indígena había promovido en el Senado. Comentó que ello tiene la intención de allanarle el camino a la aprobación de la iniciativa de ley de la Cocopa que envió el presidente Vicente Fox.

El coordinador del departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), José Ramón Cossío, subrayó que los acuerdos tienen sustento jurídico y pretenden subsanar las inconsistencias de las reformas al artículo cuarto constitucional que se encuadraron en una lógica normativa, es decir, entró, como los derechos sociales, "como parte de un conjunto de programas de realización futura e incierta, cuyo cumplimiento depende de las posibilidades presupuestales o momentos políticos, sin ninguna posibilidad reivindicatoria".

El antropólogo Héctor Díaz Polanco consideró pertinente que, en el marco de la reforma integral a la Constitución, se considere un nuevo capítulo dedicado a los pueblos indígenas. De los acuerdos de San Andrés destacó que pudieran darse algunas adecuaciones, pero sin tocar el fondo. Y como parte sustancial de esto último, destacó la autodeterminación y la autonomía que se confiere a los pueblos indígenas.

"La autonomía es una expresión de la autodeterminación, es una de las vías que el sujeto ?los pueblos indígenas? escogió en ejercicio de esa libertad. No ha habido ningún otro planteamiento en contrario. Es absurdo pensar que la autonomía pueda ser destructora de la unidad nacional y que socave el tejido del país. No tiene sustento, pues, por definición, la vía autonómica excluye cualquiera de estos peligros, no sólo en la teoría, sino en la práctica histórica".

Encabezados por el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (INEHRM), Francisco Valdez, se inició el primer foro sobre la reforma constitucional, dedicado a derechos indígenas.

Hernández Navarro destacó que los acuerdos fueron firmados por el EZLN y el gobierno federal, pero en representación del Estado mexicano. Recordó que se sustentaron en diversas consultas a los pueblos indios efectuadas conjuntamente por la Cocopa y el EZLN, y cuyas conclusiones coincidieron con las que arrojó una consulta similar del Senado y Gobernación.

Apuntó que legislar en la materia es urgente no sólo por la realidad que enfrentan los pueblos indios, sino porque de ello depende la pacificación del país. Describió que los acuerdos de San Andrés están orientados al restablecimiento de los derechos indígenas, que incluyen los sociales, jurídicos y políticos.

Aseveró que dichos acuerdos son la base de las condiciones para pasar de la simulación al reconocimiento de los derechos indígenas que permitan convertirse de minorías permanentes y oprimidas en mayorías regionales. Aseveró que su sustento legal parte de la firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concerniente al reconocimiento de los pueblos indígenas, y que para efectos prácticos, es ya ley en México, pero que no ha sido incorporado en la Constitución, por lo que están aún vigentes reformas de 1992 que incluyen muchas inconsistencias.

José Ramón Cossío reconoció que los acuerdos tienen un claro sustento jurídico por lo que debe considerárseles como el origen a partir del cual se determinen las reformas de las iniciativas.

Varios ponentes señalaron las deficiencias constitucionales que ha implicado la marginación de los derechos colectivos que deben ser incorporados en esta reforma constitucional no sólo de los pueblos indígenas.

Díaz Polanco dijo que en la reforma constitucional deben especificarse numerosos aspectos, entre los que mencionó las competencias que serían transferidas del Estado mexicano a los entes autonómicos. Se declaró en favor de que quede plasmado un cuarto nivel de gobierno, como existe en otros países, que incluya a las comunidades indígenas o municipios.

Subrayó que en los acuerdos la cuestión territorial se entiende como en el Convenio 169 ?según el cual es el hábitat de un grupo particular y el derecho al uso y disfrute de los recursos naturales?, pero esta noción de territorio no tiene contenido político, en el sentido de que sea el espacio para ejercer justicia y gobierno, situación que debe incluirse.

Fabián Aguinaco, de la Barra Mexicana de Abogados, destacó el sustento jurídico de los acuerdos y señaló que su cumplimiento enfrenta problemas en el contexto de la Constitución, en la que están prácticamente ausentes los derechos colectivos. Dijo que el actual artículo cuarto constitucional, sobre los pueblos indígenas, es insuficiente.

Foro en Chiapas

En Tuxtla Gutiérrez, juristas chiapanecos presentaron un análisis de los acuerdos de San Andrés, en el que establecen que dicha iniciativa "en su recto significado jurídico, presenta propuestas sumamente positivas y de avanzada", por lo que exigieron su aprobación. Marco Antonio Bezares y Saúl Cifuentes López, doctor y maestro en derecho, respectivamente, establecieron que "la aprobación o rechazo de la iniciativa representa un paso hacia delante o atrás en busca de la paz".

Señalaron que la mayor implicación que en la Constitución tendría la aprobación de la ley Cocopa es reconocer que la nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Consideran que en el estado actual del conflicto de Chiapas podría ser conveniente establecer en la Constitución federal una definición de pueblos indígenas, para lo cual se tienen varias opciones.

Lo verdaderamente importante es que la definición que se adopte de pueblos indígenas y los derechos y prerrogativas que se les "reconozcan", no fracturen la unidad del Estado mexicano, es decir, que se maneje dentro del contexto del Convenio 169 de la OIT. (ANGELES MARISCAL, CORRESPONSAL)
 

Los presidentes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados giraron invitaciones a las comisiones del Senado de Puntos Constitucionales, Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos para que asistan este miércoles a la reunión de trabajo con el EZLN.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política y coordinadora de los diputados priístas, Beatriz Paredes Rangel, anunció que también se han enviado invitaciones a los integrantes de la Cocopa y a los Congresos locales, así como a los gobiernos de los estados para que, si lo consideran oportuno, envíen un representante a esta reunión.

Tras entrevistarse con los coordinadores de las diversas bancadas del Congreso, Paredes Rangel destacó que se está en espera de recibir otras propuestas de invitados por parte de las bancadas para participar en ese acto.

Durante la reunión, se plantearon distintos proyectos para el formato definitivo de diálogo entre el EZLN y el Congreso, aunque éste se acordará junto con los zapatistas, lo que ocurrirá probablemente este martes. (CIRO PEREZ)