Frenan acción penal por 4 delitos contra ex titular del STJ de Chiapas

Ť Ya se reintegraron $2 millones que supuestamente se desviaron, afirma

CAROLINA GOMEZ MENA

Al no haber encontrado elementos que probaran la responsabilidad de Noé Castañón León, ex presiente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) del estado de Chiapas, en la supuesta comisión de cuatro delitos, entre ellos un desvío de fondos (peculado) por un millón 920 mil 46 pesos en favor del ex gobernador Roberto Albores Guillén, el titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Chiapas, Mariano Herrán Salvatti, resolvió no ejercer acción penal en contra del indiciado y por lo tanto archivar la averiguación previa 001/DAR/AMP03/2001.

Con lo anterior queda sin sustento la acusación hecha el primero de enero pasado por el ex magistrado Miguel Eusebio Selvas Costa, a nombre del gobierno de la entidad encabezado por Pablo Salazar Mendiguchía.

En la resolución que emitió el 20 de marzo pasado la PGJ de aquel estado se establece que Castañón León, y sus colaboradores Jesús Velasco Santiago, Beatriz Lara Lara, Francisco Martínez Figueroa, Reynaldo Rojas Cortez, Rubiel Molina Toledo, Roberto García Orozco y César Juárez Pozo no son responsables de los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad y abuso de funciones públicas, ello en virtud de las pruebas presentadas por la parte acusadora.

Supuestamente el monto probablemente desviado entre 1998 y 1999 pertenecía al Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia del Tribunal y habría sido utilizado por Castañón para movilizaciones sociales en apoyo del otrora gobernador Albores Guillén. Esto según constaba en numerosos recibos y documentos entregados a La Jornada por Salazar Mendiguchía, los que acreditaban gastos de alimentación y transporte aparentemente para los participantes en los mítines políticos del Albores Guillén.

La PGJ de Chiapas, luego de recibir 21 declaraciones ministeriales, 40 informes de diferentes dependencias, 51 diligencias y más de 40 documentos certificados determinó que la actuación de Castañón fue apegada a la ley.

A raíz de las indagatorias efectuadas durante casi tres meses la PGJ llegó a la conclusión de que los casi dos millones faltantes en el presupuesto del Tribunal fueron otorgados como apoyo transitorio y con carácter devolutivo por el pleno de magistrados, en ejercicio de sus facultades legales, al Programa de Remunicipalización, cantidad que ya fue reintegrada por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.

En cuanto al delito de ejercicio indebido de funciones sancionado por el artículo 278 del Código Penal, en el documento se expresa que Castañón León no realizó funciones distintas a las del cargo que tiene conferido con los recursos al programa de Remunicipalización, ya que además de magistrado del STJ ostenta el puesto de presidente honorario de la Comisión Estatal de Remunicipalización.

Referente al abuso de autoridad sancionado por el artículo 273 del Código Penal queda asentado que la determinación de otorgar el dinero del Fondo Auxiliar del STJ al Programa de Remunicipalización fue autorizada en sesión ordinaria el 30 de abril de 1998 por el pleno del STJ y no en forma exclusiva por Castañón León, ya que no es facultad suya administrar dicho fondo.

Respecto a abuso de funciones públicas, el delito no pudo comprobarse por no haberse "allegado dato o indicio alguno que pudiera hacer presumir... enriquecimiento ilícito".
 

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 25 de marzo. Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del estado entraron en disputa por la presidencia del órgano, lo que motivó que policías judiciales mantengan resguardado el lugar, en apoyo a uno de los dos integrantes del Poder Judicial que demandan ser titulares.

Esta última acción fue calificada como la usurpación del Poder Ejecutivo sobre el Judicial.

El conflicto se presentó horas después de que el presidente Noé Castañón anunciara su renuncia al cargo, durante una reunión del pleno de los 25 magistrados.

En esa misma reunión, se concluyó que, según el artículo 46 de la Ley Orgánica y 52 de la Constitución Política, el magistrado de mayor antigüedad, Enrique Robles Domínguez, ocupara la vacante hasta el próximo 7 de abril, en que habrán de reunirse nuevamente los magistrados para elegir a su presidente.

Sin embargo, horas más tar- de y a solicitud de un grupo de integrantes del órgano colegiado, se convocó a una nueva reunión en la que 15 de ellos ?quienes mantienen una confrontación con el gobernador Pablo Salazar? determinaron nombrar a Jorge Clemente Pérez en sustitución de Noé Castañón.

Ante esta diferencia de intereses, Enrique Robles Domínguez solicitó a la Procuraduría de Justicia del estado un destacamento de policías judiciales para resguardar sus nuevas oficinas, las de la presidencia.

Acusaciones contra Pablo Salazar

Por su parte, los 15 magistrados confrontados con el Poder Ejecutivo, y el magistrado que eligieron como presidente, Clemente Pérez, acusaron al gobernador de tomar por asalto el Poder Judicial y apoyar a quienes previamente había impuesto en el tribunal, por corresponder a sus intereses políticos.

Esta versión fue desmenti- da por el procurador de Justi-cia, Mariano Herrán, quien en conferencia de prensa explicó que los policías judiciales a su cargo fueron trasladados al recinto del poder judicial, a solicitud del propio Robles Domínguez.

En estos momento el Tribunal de Justicia se encuentra funcionando bajo el resguardo de policías judiciales, y las oficinas de la presidencia se encuentran en poder de Robles Domínguez.