Ť Mientras el tricolor aún no tiene abanderado, el del PAN ya arrancó campaña

El PRI, en desventaja para las elecciones en BC

Ť Necesitamos un candidato que confronte a un gobierno sin buena calificación: Solís Acero

ENRIQUE MENDEZ

Al igual que en Jalisco, el PRI tiene todo en su contra en las elecciones del 8 de julio para cinco presidencias municipales, 16 diputaciones de mayoría y la gubernatura de Baja California, entidad gobernada desde hace dos sexenios por el Partido Acción Nacional, instituto político que, de acuerdo con el CEN priísta, ha comenzado a "torcer y cometer fraude a la ley" para no perder el estado.

El 8 de abril próximo, los priístas de Baja California designarán a su candidato a gobernador, en un proceso interno que será financiado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), aunque el costo de la precampaña es pagado por los cuatro aspirantes.

Sin embargo, Acción Nacional ya les lleva ventaja, pues desde enero el ex presidente del comité estatal panista, Eugenio Elorduy, fue designado candidato y ya está en campaña.

La directiva priísta evalúa que desde ese momento se ha comenzado a definir el voto en contra del partido, aunque confía que de su proceso interno ?método definido por el Consejo Político estatal a finales del 2000? surja un candidato "legitimado" que le permita recuperar simpatías electorales.

En la semana que concluyó, el PRI se quedó sólo con cuatro aspirantes a la candidatura, pues Wilebaldo Silva Cota, quien ha aspirado a ser postulado por su partido durante años, declinó y se retiró de la contienda.

Así, sólo están registrados el ex senador Amador Rodríguez Lozano; Daniel Quintero, alcalde de Ensenada ?posición que ganó al PAN con apenas mil votos de diferencia?; Héctor Manuel Gallego, ex rector de la Universidad de Baja California y empresario del sector harinero, y Manuel Montenegro, ex alcalde de Mexicali.

Antes de designar a su candidato, el PRI ya entró a la defensa de la elección en el terreno legal.

El martes o a más tardar el miércoles, el Consejo Estatal Electoral debe resolver una impugnación del partido por la campaña en medios que ya ha iniciado Elorduy, aun cuando la legislación electoral prohíbe el proselitismo antes del registro oficial de los candidatos, que debe realizarse del 10 al 11 de mayo.

En octubre del año pasado la mayoría panista del Congreso de Baja California aprobó una modificación a la Ley Electoral para regular el gasto de las precampañas internas, pero además definió que los candidatos sólo podían realizar proselitismo político a partir del registro.

Esta modificación a la legislación fue interpretada por el PRI como un intento para frenar la campaña del que fuera designado candidato priísta, pero la reforma "amarró" al panista Elorduy, puesto que el tricolor retrasó su postulación.

Sin embargo, desde finales de enero el comité estatal blanquiazul ha estado presentando a su candidato en radio y televisión, en una campaña disfrazada con "entrevistas".

La queja del PRI se fundamentó en la reforma panista, y argumentó que Elorduy está realizando "actos de campaña prohibidos por la ley".

Y aunque la resolución se dará en esta semana, el tricolor sabe que en días recientes ya se concluyó la redacción de un dictamen previo de la Comisión de Régimen de Partidos Políticos, en el que se resuelve que "no hay falta" del panista porque no se cumplen dos puntos: que en las entrevistas, Elorduy no ha presentado una oferta política, y que tampoco ha solicitado "abiertamente el voto". El recurso, pues, será rechazado, y el PRI se apresta a llevar el caso al Tribunal Electoral de Baja California, para que de ahí se traslade al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

"¡Ya nada más falta que aprovechara el espacio para hacer campaña! ¡Es subliminal el asunto!", expresa el secretario de Elecciones del PRI, Felipe Solís Acero, quien será el enviado del CEN a coordinar el proceso interno del 8 de abril.

Y añade: "es evidente que si está en radio y televisión, está planteando una oferta política, aunque no lo diga así, aunque no diga las palabras sacramentales 'les pido el voto'. Es claro que lo que está haciendo es campaña política".

La vigilancia priísta no sólo está en el terreno legal. Oposición al fin, también impugnará en esta semana el gasto que el gobernador interino, Alejandro González Alcocer, comenzó a realizar desde hace cinco semanas para "difusión de obra de gobierno".

Todos los días, denuncia el CEN priísta, en las páginas centrales de los periódicos de Tijuana y de Mexicali aparecen las supuestas obras del gobierno panista.

La directiva del tricolor presentará un análisis para cuantificar ese gasto en medios impresos y en los spots de radio y televisión de la administración de González Alcocer, y realizar un comparativo para evaluar cuántas obras podrían realizarse con esos recursos.

Y será todo lo que pueda hacer en ese punto, pues legalmente no puede exigir que la autoridad electoral obligue al gobierno de Baja California a retirar su campaña publicitaria.

No lo hará, porque en 1994 se opuso a que se aprobara un acuerdo del Instituto Federal Electoral (IFE) para que se sugiriera al entonces presidente Ernesto Zedillo suspender la difusión de la obra de gobierno. 

La directiva priísta no quiere hablar de una "elección de Estado", porque el término lo acuñaron sus opositores cuando era gobierno y mantenía la Presidencia de la República. "Pero sí podemos decir que vamos a una elección donde el gobierno ha iniciado abiertamente una campaña a favor del PAN, en la que actúa con parcialidad, en una actitud de fraude a la ley clarísima, porque se esconde en la literalidad de la ley", sostiene Solís Acero.

Y aunque el PRI considera que el tribunal electoral federal se convirtió desde diciembre del 2000 en una instancia "de equidad y justicia, más que de legalidad", es su última alternativa para seguir la vía contenciosa. El mismo tribunal juzgó que había presentado en forma tardía su queja en el caso Jalisco y no entró al estudio del caso.

No les queda más que procurar que el proceso interno les salga bien, sin división de los grupos, y que los tres aspirantes que pierdan acepten el resultado y se sumen al ganador.

El diputado Solís Acero resume: "no queremos apostarle sólo al voto en contra del PAN. Y eso que Baja California sigue siendo un estado con los más altos niveles de inseguridad, de migración y desempleo intensos. Necesitamos un candidato que confronte a un gobierno que no tiene buenas calificaciones".