Ayer se cumplieron 25 años del golpe militar en Argentina que dio origen a la instalación de una sangrienta dictadura que cobró alrededor de 30 mil víctimas mortales. La perversidad de los militares e ideólogos civiles que lo consumaron representa una llaga abierta en la memoria histórica del pueblo argentino, que no ha dejado de enfrentarse al pasado para lograr un mínimo de justicia y evitar que ese tipo de atrocidades se vuelvan a repetir.

Ese enfrentamiento con la historia merece también una reflexión sobre el momento histórico y el contexto internacional que, de cierto modo, lo albergó. El golpe militar ocurrió en el apogeo de la Guerra Fría, cuando las potencias occidentales y la Unión Soviética se enfrentaban por el dominio mundial. En el contexto regional, en América Latina existía un pujante movimiento de insurgencia armada y protestas populares, que, desde la lógica capitalista de Estados Unidos, representaba una amenaza del bloque comunista.

La hoy primerísima potencia mundial había apoyado tres años atrás el golpe militar en Chile y para ella los hechos en Argentina eran también contra "la subversión comunista". En este sentido, tanto la dictadura argentina como las de otros países latinoamericanos fueron no sólo instrumentos de orden interno, sino golpes de resistencia a la ofensiva soviética.

En el ámbito local, la asonada se destacó por llevar al extremo la represión y la violencia de Estado en contra de miles de personas. Es decir: la instauración de un régimen militar --brutal por sí misma-- se vió rebasada por actos de crueldad inusitada, como la depredación familiar, la tortura física y psicológica, la desaparición masiva de ciudadanos, de los cuales miles fueron arrojados vivos al mar en los llamados vuelos de la muerte. Peor aún, escribe Tomás Eloy Martínez: "esos crímenes no podrían haberse cometido sin el consentimiento y hasta la aprobación entusiasta de importantes sectores de la sociedad (argentina)".

El pueblo argentino tiene todavía que analizar a profundidad otros factores, entre ellos la complicidad de algunos sectores sociales, incluidos grupos de la Iglesia católica --al igual que en Chile--, que permitieron tales niveles de brutalidad para lograr una plena reconciliación con su historia.

La clase política que siguió a la dictadura se empeñó en establecer el olvido por decreto con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, recientemente anuladas por el juez Gabriel Cavallo. Pero los argentinos, en especial los familiares de las víctimas, merecen saber la verdad y esto sólo se logrará mediante la aplicación de la justicia, entendida sobre todo como una garantía para que nunca más se repita la barbarie de Estado.

La incansable lucha de las Abuelas y Madres de la Plaza de Mayo, el pujante avance de la justicia internacional en materia de derechos humanos y crímenes de guerra, y el importante logro para anular las leyes de amnistía, son algunos precedentes para el establecimiento de un orden social en el que impere la justicia en esta nación sudamericana y el mundo.

Argentina, un país y un pueblo queridos, merece la solidaridad de la justicia internacional que hoy cunde hacia ellos. Las Abuelas y Madres de la Plaza de Mayo, voluntades incomparables, son hoy ejemplo pleno de amor, de tenacidad y de esperanza. Nunca más.