DOMINGO Ť 25 Ť MARZO Ť 2001
Jenaro Villamil Rodríguez
Etica y autorregulación en los medios
El 21 de julio de 1998, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión dio a conocer un nuevo código de ética para las personas que se ocupan en labores informativas y noticias en las emisoras concesionarias de radio y televisión. A menos de tres años de distancia, el pasado 6 de marzo, la misma industria optó, con todo el poder de los concesionarios, por instalar un consejo de autorregulación que ha eludido hasta el momento destacar cuáles serán los criterios éticos de "autorregulación" en los contenidos de las emisiones radiofónicas y televisivas, y ha hecho todo lo posible por evitar una fiscalización legal, pública y democrática de información y contenidos de los medios.
La instalación de este consejo viene precedida por la polémica de los talks shows, la cobertura noticiosa frente a la movilización zapatista, el evidente "espíritu de cuerpo" empresarial que surgió entre Tv Azteca y Televisa para entrarle a la presión mediática a través de su estrategia "unidos por la paz", así como por los recientes reclamos de los concesionarios para eliminar el tiempo fiscal de 12.5 por ciento que le corresponde al Estado, bajo el argumento de que esta norma constituye "una sanción a la libertad de expresión derivada del movimiento de 1968", según una alucinante explicación de Joaquín Vargas, presidente de la cámara, publicada el 19 de marzo.
En ninguno de los tres casos el criterio ético ha sido el predominante y mucho menos el interés público. Por el contrario, todo se ha restringido a una estrategia de defensa del rating como el único criterio posible para sustentar la viabilidad de los programas cercanos a la "tele-basura" (por ejemplo, Televisa retiró finalmente sus talks shows por la disminución abrupta de audiencia que vivieron frente a su competencia, no por un compromiso real para mejorar los contenidos televisivos, al tiempo que TV Azteca le bajó el perfil a "Cosas de la Vida" e inauguró uno nuevo denominado "Tómbola" que reproduce los peores vicios de los reality shows norteamericanos).
En otros casos la "autorregulación" pasa por el tamiz de los intereses ideológicos y políticos, como ha sido la reciente cobertura de la movilización zapatista. Todavía durante esta semana, diversos comentaristas radiofónicos, destacadamente Pedro Ferriz de Con y Eduardo Ruiz Healy, hicieron gala de una virtual histeria en el cuadrante para criticar a los "Monos Blancos" a quienes calificaron de "mugrosos extranjeros" y para disfrazar de información sus prejuicios particulares sobre el EZLN, su dirigente y sus simpatizantes.
En el caso de estos comentaristas como en otros no se ha observado el cumplimiento cabal de ninguno de los siguientes principios del Código de Etica que signaron los concesionarios en 1998:
"Las personas que se ocupan de las labores informativas y noticiosas en las emisoras concesionadas de radio y televisión:
"1.-Presentarán los hechos de manera objetiva, sin distorsiones ni sesgos derivados de algún interés o preferencia;
"2.-Respetarán el derecho que existe a la vida privada en la medida que ésta no tenga implicaciones para el interés público;
"3.-Buscarán la información completa, con objetividad como norma de trabajo de los comunicadores, a través de los recursos lícitos que existen a su alcance;
"4.-Establecerán claramente la diferencia entre la difusión de los hechos y las opiniones que sobre éstos puedan tener los informadores o comentaristas de las noticias;
"5.-Evitarán el trato discriminatorio a las personas por motivo de su nacionalidad, creencia, género o cualquier tipo de diferencia natural".
Muy pocos comunicadores de la televisión y la radio privadas mexicanas pasarían la prueba de estricta regulación a partir de este código ético que se autoimpuso la industria.
Y si ni ellos cumplen con sus propios códigos, mucho menos aceptarán la fiscalización del Consejo Nacional de Radio y Televisión, el cual hasta el momento no se ha podido instalar por el veto de los propios concesionarios.
En el fondo, el otro punto delicado de la discusión sobre ética y autorregulación es que los concesionarios no se asumen como tales sino como propietarios del espacio y del espectro radioeléctrico del país. Por tanto, la comunicación no es un bien público sino una mercancía que depende única y exclusivamente de los peculiares criterios mercadológicos de los dueños de la industria de radio y televisión.
Por ello no es extraño que su siguiente demanda sea eliminar el 12.5 del tiempo oficial que, durante los años del priismo, se consideró como tiempo gubernamental, en el mejor de los casos, o como tiempo presidencial, subordinado a los criterios discrecionales del Poder Ejecutivo. Hoy esos criterios discrecionales parece que no han cambiado. La diferencia es que son ahora los dueños de la industria quienes quieren "cobrarse" el apoyo mediático que ha recibido Vicente Fox.