VIERNES Ť 23 Ť MARZO Ť 2001

Adolfo Gilly

Argentina: la democracia privatizada

Fernando de la Rúa ganó la elección presidencial de 1999 como candidato de la Alianza, cuyas fuerzas constituyentes eran su propio partido, la Unión Cívica Radical (UCR), y el Frepaso, cuyo dirigente Carlos Chacho Alvarez fue electo vicepresidente. Ambos tomaron posesión el 10 de diciembre de ese año.

En esa elección también se presentó Domingo Cavallo, que había sido presidente del Banco Central durante la dictadura militar y ministro de Economía de Carlos Menem entre 1991 y 1996. Obtuvo menos del 10 por ciento de la votación. De la Rúa y su coalición ganaron con un programa en principio contrario a la política neoliberal de Menem (y de Cavallo), aunque no demasiado preciso en sus términos. El voto fue, ante todo, un voto contra Menem y esa política. Hace unos meses, en desacuerdo con Fernando de la Rúa, renunció a su cargo el vicepresidente Chacho Alvarez.

Ahora, después de un terremoto político de casi dos semanas, la cartera de Economía quedó ocupada por Domingo Cavallo con una situación de superministro y con pedido al Congreso de poderes especiales para llevar adelante sus planes. El Frepaso y una fracción de la UCR quedaron fuera del gabinete, y el presidente de la Rúa, que inició la semana convocando a un gobierno de "unidad nacional", ha entregado el lugar de las decisiones al hombre del 10 por ciento de los votos, con el apoyo de sólo una fracción de su partido y la anuencia de los centros financieros del país, del FMI y del Banco Mundial. La "unidad nacional" parece haber quedado reducida al ultimátum del nuevo superministro al Congreso: o apoyan mi plan económico y el Congreso me da poderes especiales para llevarlo adelante, o renuncio y se las arreglan. Tanto los justicialistas de Menem como la mayoría del Frepaso parecen dispuestos a ceder.

Esta voltereta de la política estatal argentina estuvo precedida de casi una semana de golpes de escena. El viernes 16 a la noche el apenas nombrado ministro de Economía Miguel López Murphy había presentado un plan de choque, según él para evitar el inminente cese de pagos de la deuda externa en una economía que desde hace tres años tiene una tasa cero de crecimiento.

Su propuesta era privatizar lo último que le quedaba al Estado: la Lotería Nacional y la aseguradora del Banco de la Nación (en Argentina en la década precedente se privatizaron el petróleo, la electricidad, el gas, las líneas aéreas, los ferrocarriles, los puertos, el correo, los teléfonos, los canales de Tv, las carreteras, en una palabra prácticamente toda la propiedad estatal); recortar drásticamente los recursos para la educación pública, despedir empleados del gobierno y reducir los ingresos de otros, para obtener un ahorro de 2 mil millones de dólares que permitiera cumplir con el servicio de la deuda externa.

Mientras daba a conocer su plan, varios ministros renunciaron a sus cargos, entre ellos el de Educación y el del Interior. Al otro día la protesta era generalizada desde todos los frentes políticos y sociales y se había convocado una manifestación de desocupados para el martes 19 (unas 20 mil personas asistieron), un paro de maestros para el 19 y el 20 y una huelga general para el 21 de marzo. Desde el lunes 18 los estudiantes y profesores universitarios empezaron a cortar las calles y a dar las clases con sus bancas y asientos en medio de las avenidas aledañas a las facultades. Entre las diversas propuestas de los adversarios del plan --sindicalistas, educadores, políticos, economistas, periodistas-- hubo una casi unánime: la evasión fiscal anual en Argentina ronda los 20 mil millones de dólares, diez veces más de lo que se iba a obtener con los recortes presupuestales. Es uno de los fondos adonde están los fondos.

Una sola excepción a este repudio universal: al día siguiente de anunciado el plan, el ministro se reunió en la Bolsa de Comercio con 600 representantes de las finanzas locales, quienes apoyaron su propuesta, lo aplaudieron varias veces y los despidieron con una ovación de pie. No compartieron ese aplauso sectores como la Unión Industrial Argentina, más ligados al aparato productivo pero hoy mucho menos cercanos al poder que los financistas.

Con todo y todo, no se pudo. Ante la crisis política y la protesta social, López Murphy debió renunciar. En estas condiciones se hizo cargo del mando Domingo Cavallo, el artífice de la política económica neoliberal de Menem, que acabó peleado con éste y no logró llegar al 10 por ciento de los votos.

En esta peculiar pero difundida concepción de la democracia (uno vota a un señor para que éste después haga la política contra la cual uno votó y entregue el mando a los políticos a quienes uno no votó), el nuevo conductor de la economía argentina parece tener su carta clave en un crédito-puente por 2 mil 800 millones de dólares que le concedería Estados Unidos para hacer frente a las obligaciones externas. No insiste en los recortes al presupuesto educativo. Promete mantener la paridad cambiaria establecida por ley: un peso por un dólar.

Propone en cambio una serie de medidas en apariencia dirigidas a elevar la recaudación impositiva: privatización de la Dirección General Impositiva (es decir, recaudación de impuestos por una empresa privada); pagos sólo a través de cheque o tarjeta a partir de ciertas sumas, para evitar la evasión y retener los impuestos a través de los bancos; pago de los sueldos de las empresas a través de los bancos, con retención de impuestos a cargo del sistema bancario; mayor afluencia así de recursos al sistema bancario, en el supuesto de que esto flexibilizará el crédito. Además, propone una reducción de aranceles para bienes de capital no producidos en el Mercosur, para reactivar las inversiones; y pide al Congreso "facultades especiales" para adoptar, sin aprobación legislativa previa, medidas para "reformar el Estado" y lograr un ahorro de 3 mil millones combatiendo "la burocracia excesiva, la corrupción, la evasión y el despilfarro".

El conjunto de las medidas está en una Ley de Competitividad que el ministro de Economía envía al Congreso en la cual pide, según informó al país, "una delegación de funciones legislativas hacia el Poder Ejecutivo", para tomar medidas relativas a la restructuración del Estado, eliminar y crear exenciones impositivas o crear nuevos impuestos, con todo lo cual promete "rebajar un 20 por ciento los costos de producción" y, en consecuencia, "recuperar un 20 por ciento de competitividad sin devaluación".

Una de las claves de las facultades que el Congreso debe ceder está, sin embargo, en otra parte. El superministro tendría poderes extraordinarios por un año para reformar, sin pasar por el Congreso, disposiciones legales sobre relaciones laborales, jubilaciones, asistencia social, seguridad social y todos aquellos "dominios que afecten la actividad económica". Esta es la verdadera reforma de la relación estatal que el representante del capital financiero se propone llevar adelante expropiando sus facultades al Congreso y a los políticos.

Lo hará, siempre que la resistencia social no lo impida. Esta resistencia se manifiesta hoy en organizaciones como la Central de Trabajadores Argentinos, la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, algunas organizaciones estudiantiles y diversos movimientos sociales locales. Para ir más allá, sin embargo, necesitaría formas de articulación con la política que en estos momentos no están a la vista, sobre todo ante la rendición generalizada de las banderas de casi todos los políticos existentes.

No golpe de Estado, sino "golpe de mercado" le llaman a este cambio cupular con concentración del mando en Argentina. Es una expropiación de la política, una privatización de la democracia. Es también una crisis de esto que se llama "democracia representativa" donde los elegidos dejan de representar a sus electores desde que asumen sus cargos y donde la gran mayoría de los políticos que no ingresan al nuevo círculo de poder del capital financiero, tampoco convocan a una oposición abierta y movilizada para recuperar el sentido del voto y la democracia.

Esta tarea ha quedado a cargo de las diversas organizaciones sociales y de algunos dirigentes políticos en ruptura, pero el puente entre una y otra actividad --la política y la social-- no parece fácil de recomponer en el plazo cercano. El movimiento social en la calle, sin referente político en las alturas, obligó a renunciar al ministro de Economía precedente. Pero todo está sucediendo como si el nombramiento de este personaje con su drástico plan hubiera sido una maniobra de choque, destinada a preparar el terreno al nombramiento del verdadero elegido, Domingo Cavallo, como el hombre fuerte de la economía argentina. "Yo fui sólo un mensajero", declaró López Murphy al renunciar a su cargo, tal vez por no decir "yo fui sólo un chivo emisario".

Guillermo O'Donnell, argentino, profesor de ciencia política en la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, y autor de varios libros notables (El Estado burocrático autoritario, entre ellos), en un extenso ensayo en el periódico Página/12 se refiere al "riesgo de muerte lenta de nuestra democracia", en lo que llama "esta perversa estructuración de la dominación del capital financiero". No se trataría, escribe, "de un abrupto golpe militar sino de la progresiva corrosión de libertades básicas, la creciente lejanía de la política en relación con el conjunto del país y la reducción de la política al estrecho escenario de las intrigas de palacio".

"El futuro de un país cada vez más esquilmado y gobiernos cada vez más autoritarios --continúa O'Donnell-- sólo puede ser evitado mediante una gran tarea política: promover una alianza productiva fundada en valores de equidad social y de vigorización democrática que a su vez sustenten la decisión de reconstituir una nación contra la mera aglomeración de individuos, además cada vez más desigual, a que nos conduce [este] proceso".

Su conclusión: "Los detalles de este camino no pueden ser prescritos a priori. Pero la voraz dominación del capital financiero nos ha hecho, al menos, el favor de hacer clara la dirección general de ese camino. En diversos espacios de la sociedad argentina hay personas y liderazgos que acompañarían este intento. Pero ellos no pueden hacerlo solos. Hacen falta también liderazgos políticos que los convoquen y articulen, aceptando sufrir, lejos del palacio, los fríos vientos y las duras luchas contra grandes poderes. Si estos liderazgos existen, o si van a emerger antes de que sea demasiado tarde, es la gran cuestión que plantea el momento actual".