23 Ť marzo Ť 2001

Luis Javier Garrido

La tribuna

La marcha zapatista culmina con el mayor respaldo popular que movilización alguna haya recibido en nuestro país desde los años de la Revolución Mexicana, pero teniendo al mismo tiempo un efecto que nadie se planteó: mostrando el doble juego y las políticas demagógicas del gobierno foxista, y evidenciando el carácter antidemocrático de la Presidencia de la República y del Congreso, como lo resume la disputa por la tribuna legislativa.

1. La disputa por la tribuna legislativa entre el EZLN y amplios sectores de la sociedad, que por un lado demandaban que los zapatistas pudieran hacer uso de ésta para explicar la importancia de la reforma constitucional en materia indígena, y los sectores más conservadores del régimen que se oponían al uso de ésta por los rebeldes, y que se tornó en una confrontación entre la vieja clase política y la sociedad que exige el cambio, se está saldando por el reconocimiento de que la mecánica legislativa debe cambiar en México y de que la tribuna de las dos Cámaras debe poder ser utilizada en casos excepcionales por representantes de la sociedad.

2. El proceso de reconversión del Poder Legislativo mexicano (1988-2001) ha consistido hasta ahora en pasar de un Congreso de la Unión sometido a través del PRI al titular del Ejecutivo, y que en los hechos lo representaba a éste, a uno que representa a los partidos políticos, pero para defender los mismos intereses, y que se niega a cambiar sus prácticas antidemocráticas. La marcha zapatista puso de manifiesto lo que ya es evidente desde hace varios años, y es que en las Cámaras no está representada la nación sino los partidos, y que de esta manera ahí están salvaguardados no los derechos de los mexicanos, sino los intereses de las empresas multinacionales a las que éstos defienden en connivencia con Los Pinos, aunque pretendan no hacerlo.

3. El voto de la Cámara de Diputados aprobando por 220 a favor contra 210 en contra y siete abstenciones (22 de marzo) una salida negociada durante dos días por las cúpulas partidistas en la Junta de Coordinación Política, a fin de permitir a un representante indígena del EZLN el uso de la tribuna en una sesión de dos comisiones camarales de los diputados que para ese efecto se reunirían en el salón principal del Palacio Legislativo de San Lázaro, no constituye la mejor respuesta posible a la demanda zapatista de hablar ante el Congreso General reunido en pleno, y antes de que un signo de que la vieja clase política, que aún sigue gobernando, empieza a entender el signo de los cambios, enseña que los partidos políticos siguen tomando sus decisiones por motivos oscuros que poco tienen que ver con la exigencia de cambio que se demanda en el país.

4. Los partidos políticos abordaron la cuestión de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas empeñados en hacer a un lado dos cuestiones fundamentales: a) el hecho de que han estado obligados desde 1995 a actuar en una situación de excepción prevista por la Ley del Diálogo de ese año, que suspendió la guerra y otorgó plenas garantías a los zapatistas a fin de alcanzar la paz, y b) que fueron sus representantes en San Andrés, mandatados por sus respectivos grupos parlamentarios, y con la autorización de la dirección de sus respectivos partidos, los que en 1996 suscribieron primero los acuerdos de San Andrés y luego redactaron la iniciativa constitucional de la Cocopa.

5. Fox ha pretendido ignorar que tenía la responsabilidad política no sólo de enviar al Congreso, sino de impulsar la aprobación de la ley Cocopa, y lejos de ello la ha criticado y ha demandado se le modifique sustancialmente, tanto en su programa radial como en un documento enviado a los legisladores, olvidándose que era un compromiso contraído por el PAN en San Andrés y su propio ofrecimiento de campaña. Y ahora sale con que a pesar de los cambios que se le haga a la legislación ésta seguiría siendo "la ley Cocopa", y pretende que el desencuentro que se ha producido entre el EZLN y el gobierno es responsabilidad del Congreso, y aprovechándose del descrédito de los partidos y de las prácticas legislativas les pretende hacer pagar la factura de todo lo que acontece.

6. Los partidos hoy tienen más en común de lo que parece mostrar el voto legislativo del 22 de marzo sobre el uso de la tribuna por el EZLN, y es que si difieren en lo secundario están de acuerdo en lo principal: el modelo económico y el conjunto de las prácticas políticas. De ahí que haya habido tanta afinidad entre ellos en estos encuentros y desencuentros que han tenido con los zapatistas.

7. El principal responsable de que la Marcha de la Dignidad Indígena de 2001 no haya conducido todavía a un fuerte impulso al proceso de paz ha sido el propio Fox, quien desde que asumió la Presidencia se ha dedicado a hacerse propaganda sobre su supuesta voluntad de cambio, pero que en los hechos se ha negado de manera sistemática a cumplir buena parte de sus promesas de campaña y, entre éstas, a impulsar y defender la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas. La oposición principal a que el gobierno cumpla con los acuerdos de San Andrés y se reconozcan los derechos fundamentales de los pueblos indios ha sido el propio Fox, quien además de negarse a satisfacer las tres señales demandadas por los zapatistas, se dedicó en el último mes a sabotear la aprobación tal cual de la ley Cocopa.

8. La marcha zapatista, en todo caso, tiene como una de sus lecciones fundamentales mostrar el poder de una sociedad en movimiento, como se ve ante las reacciones tanto de Fox como de los legisladores. La disputa por la tribuna del Congreso ha tenido más que el carácter simbólico de un forcejeo entre la sociedad y el régimen por el derecho de hablar desde ese sitio simbólico del poder tradicional, sino que es una exigencia de un cambio más profundo, que no podrá venir si los sectores sociales que pugnan por éste lo dejan todo en manos de "la clase política" y de los partidos.

9. La reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas, que requiere del voto aprobatorio de dos tercios de los legisladores presentes en cada una de las Cámaras federales y del voto mayoritario en la mayoría de las legislaturas locales, no podrá venir si no hay esa fuerte presión social: si no se combina una amplia difusión de los argumentos en favor del reconocimiento de estos derechos y si la sociedad no lo exige a través de nuevas y amplias movilizaciones.

10. El cambio del país está en manos de la sociedad y no de la clase política, y ésa es la principal lección de la formidable movilización del zapatismo en los inicios del nuevo siglo.