23 Ť marzo Ť 2001

Horacio Labastida

EZLN, Constitución, Congreso

En la entusiasta asamblea del EZLN en Ciudad Universitaria, con talento y sobriedad la comandante Esther señaló que los zapatistas se van y no se van, porque al salir de la ciudad dejan su palabra en manos mexicanas. Lo cierto es que el regreso de la comandancia a las montañas es resultado de juegos incoherentes y propuestas contradictorias manejados por las autoridades para eludir lo solicitado por las comunidades indígenas. La petición fue formulada por el subcomandante Marcos al comunicar el acuerdo de sus representados. Estos decidieron marchar a la capital de la República y explicar en el Congreso sus razones en lo relacionado con las reformas constitucionales que garanticen su derecho a la libre determinación de la convivencia y organización social, económica, política y cultural, autonomía por supuesto enmarcada por el artículo 40 y demás normas de la Constitución de 1917.

En el trayecto de San Cristóbal al Distrito Federal los zapatistas fueron recibidos y aplaudidos por muchedumbres inmensas de ciudadanos mexicanos y grupos extranjeros que sienten como propia la razón de los indígenas, y en la población de Nurio, Michoacán, los chiapanecos se vieron felicitados por el Congreso Nacional Indígena, cuya asamblea aprobó convertir las exigencias zapatistas en solicitudes de los 10 millones de indígenas que habitan en México. Y hubo algo más. Las banderas de Libertad, Democracia y Justicia, enarboladas por los rebeldes del primero de enero de 1994 en el antiguo obispado de fray Bartolomé de las Casas, junto con los emblemas de Tierra y Libertad, que izó Emiliano Zapata, se levantaron como insignias de la población mexicana, víctima de explotaciones en el trabajo y de una distribución gravemente inequitativa de la riqueza. La profunda injusticia que padecen las familias está explicitada en unos cuantos números: menos de 10 por ciento de la población percibe alrededor de 70 por ciento del producto nacional y 70 por ciento vive con el 30 por ciento de tal producto. Las más recientes estadísticas de Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina muestran que nuestro país es uno de los más asimétricos del mundo en lo que se refiere al reparto de los beneficios sociales. Esta situación fue apropiadamente evaluada en Nurio, según lo hizo saber el representante de esa organización el pasado miércoles, en Ciudad Universitaria.

Nada justifica que el Congreso se hubiera rehusado a escuchar al EZLN, por dos razones. En nuestro régimen constitucional, el Poder Legislativo y su soberanía como creador de normas jurídicas es representante del pueblo, puesto que tales normas no son más que la formalización de la voluntad general, según la doctrina democrática que se ha venido conformando desde que en el siglo XVII se inició la crisis de la monarquía absoluta y del derecho divino de los reyes. El Congreso mexicano tiene el deber y el derecho de escuchar al pueblo para cumplir las funciones que le otorgó el Congreso constituyente; por tanto, cualesquiera normas secundarias o reglamentarias que restrinjan, desconozcan u obturen ese deber y tal derecho de senadores y diputados para allegarse el conocimiento de los sentimientos nacionales, son inconstitucionales, nulas, y a pesar de esto algunos legisladores usaron el leguleyismo reglamentario para impedir la asistencia del EZLN a una plenaria del Congreso. La segunda razón tiene gran peso. Es evidente hasta lo apodíctico que el EZLN no es un extraño en el proceso del reconocimiento de la cultura y los derechos indígenas; por el contrario, parte sustantiva es en el litigio. En San Andrés Larráinzar discutió y firmó con el gobierno los acuerdos en febrero 16 de 1996, y lo mismo sucedió antes, en el debate que dio lugar a la ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas (marzo 11 de 1995), e igualmente el EZLN aprobó el proyecto formulado por la Comisión de Concordia y Pacificación, de 29 de noviembre de 1996, torpedeado de mil maneras por el gobierno de Zedillo. Una parte sustantiva del proceso que condujo a la ley Cocopa debe ser escuchada por senadores y diputados.

No recibir a los zapatistas en el Congreso era un acto inconstitucional y opuesto al derecho de las partes a exponer los argumentos que las favorecen, y en nuestro caso el derecho del EZLN a expresar ante el Poder Legislativo, porque el pueblo de México apoya los derechos y la cultura de las comunidades indígenas.