jueves Ť 22 Ť marzo Ť 2001
Sami David
Tolerancia y flexibilidad para el diálogo
La pluralidad política enriquece la tolerancia y el respeto, si hay corresponsabilidad entre los poderes. La expresión ciudadana, democráticamente crítica, como un peldaño irrenunciable para la convivencia pacífica y civilizada, también representa la libertad como instrumento único para que la sociedad viva en paz, y la violencia sea contenida a través de instrumentos de cohesión del Estado. Esta concepción va en contra de la idea general mexicana de que la legalidad solamente se relaciona con el aspecto económico, la seguridad social o la educación del pueblo.
Por lo mismo, urge conciliar la brecha que separa a la sociedad con el entorno para alcanzar un periodo de transformaciones y poner en práctica un conjunto de objetivos previamente madurados, consensuados y compartidos con los ciudadanos. Desarrollo y contenido político coinciden en el ejercicio de las responsabilidades gubernamentales, partidarias y parlamentarias para la defensa de los valores nacionales. Si se busca un estado de progreso institucional, con una visión clara basada en la equidad, donde incluso los marginados, especialmente las etnias, también tengan cabida, es prioritario darle expresión a los desposeídos.
La lucha del EZLN va en esa dirección, sobre todo al pretender manifestarse de viva voz entre los legisladores. Sin embargo, el Congreso de la Unión debe realizar su trabajo sin coacciones de ninguna especie. Las presiones orquestadas por los actores políticos a través de declaraciones, recogidas por los medios, a nada conducen. Legislar es una tarea de capital importancia. El debate sobre las diversas iniciativas sobre derechos y cultura indígenas se tiene que desarrollar en un clima de confianza y civilidad, de argumentación y respeto para el opositor político. Esto es capital. El resultado será una ley consensuada y los beneficios serán óptimos. Por supuesto que a veces los organismos, los dirigentes, la misma ciudadanía, caen en territorios de la desconfianza, de la sospecha y a veces de la indiferencia. Y precisamente por ello el líder de los zapatistas chiapanecos ha buscado catalizar y canalizar la energía social de los mexicanos, independientemente de los partidos políticos. A pesar de ello, no es prudente esgrimir razones históricas o políticas de manera simplista para denostar o criticar acciones de legisladores o de grupos sociales.
Tampoco se puede perder la oportunidad de demostrar que la política, el razonamiento, es la única vía para dirimir las diferencias. Si el EZLN se retira a la selva chiapaneca, será demostrativo del fracaso de la voluntad ciudadana para acreditar las cuestiones por la ley. La historia habla. Y no perdona. Por ello, conviene concebirla no como una idea abstracta, sino como una vigorosa realidad. Democracia sin un Estado fuerte es ficción, hegemonía de grupos poderosos; pero también, recordémoslo, Estado sin sociedad es servidumbre. En este sentido hay que resaltar que hacer política es enfrentarse a la realidad, aprendiendo de ella para avanzar las metas perfiladas en las ideas y en los programas. Hacer política obliga a evitar por igual el envejecimiento de las ideas y el deterioro de los métodos de acción.
No bastan las declaraciones del Ejecutivo para que el Congreso se siente a dialogar con el subcomandante Marcos. También se necesita de un acuerdo y voluntad para que se consolide el proceso democrático correspondiente a la expresión plural y a los equilibrios manifiestos en la sociedad contemporánea. Hacer política significa tener un compromiso de conciencia insoslayable e irrenunciable. El avance social requiere que se participe cotidianamente en la comunidad en que se vive, abordando los pequeños y grandes problemas, ventilando las ideas o puntos de vista divergentes que se tengan, para que el aire de la discusión precipite la descomposición de las ideas negativas y depure y afirme las positivas.
Pero ello debe lograrse sin imposiciones, sin las prisas o aspectos coyunturales al gusto del Ejecutivo. El debate legislativo debe ir por una reforma de fondo. Las diversas iniciativas buscan generar un nuevo marco jurídico en la relación de las instituciones nacionales con los grupos indígenas: para su organización interna, dentro del Estado mexicano, sin crear estructuras metaconstitucionales ni estado de excepción. Tampoco se pretende desvincularlos del pacto federal ni ubicarlos en cotos territoriales. Aprovechemos la oportunidad para demostrar que tenemos la tolerancia y la flexibilidad necesarias para el entendimiento.