MIERCOLES Ť 21 Ť MARZO Ť 2001
Ť La reubicación de personal da origen a confusiones
Malestar laboral en la Corte, ante la amenaza de despidos injustificados
JESUS ARANDA
La semana pasada el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó transferir unas 300 personas a la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal, para ubicarlos en juzgados y tribunales en los que se requiere personal. Sin embargo, al presentarse ante esa instancia administrativa a muchos de ellos se les notificó que debían presentar su renuncia a la plaza que ocupaban, sin tomar en cuenta su antigüedad o años en el cargo.
La inconformidad de los funcionarios judiciales -algunos hasta con 17 años de antigüedad-, radica no sólo en cuanto a la amenaza de despido, sino que también se sienten engañados porque, según el acuerdo 3/2001 del pleno de ministros, serían reubicados en puestos similares a los que ocupaban en el máximo tribunal, sólo que en los juzgados y tribunales en que se necesitara de sus servicios.
Los 11 ministros del máximo tribunal han recibido ya una serie de cartas de personal inconforme, que se considera víctima de "una burla para nuestra dignidad como trabajadores".
Además, sus renuncias están en manos del Consejo de la Judicatura Federal, "de quien no dependíamos".
Las cartas coinciden en señalar que con fecha 14 de marzo del año en curso fueron notificados mediante oficio que con base en el acuerdo 3/2001 del pleno de la Corte, quedaban a disposición de la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo, para que desempeñaran sus actividades en éste, además de que el propio órgano sería el encargado de pagarles sus salarios.
Para ello tenían que presentarse el 16 de marzo ante Néstor Rolando Aguilar Domínguez, titular de la citada Dirección de Recursos Humanos y ponerse a sus órdenes.
"Nuestra sorpresa fue cuando él nos dijo que tendríamos que presentar nuestra renuncia a las plazas que ocupábamos, porque eso se había acordado en el pleno de la Corte, situación que hemos considerado falsa porque si eso fuera así nos la hubieran pedido (la renuncia) en el lugar en el que laboramos, es decir, la Suprema Corte".
"Quien conoce a los ministros y al ciudadano presidente de la Corte sabe que sus intenciones son siempre justas y no injustas, como nos lo hacen saber al requerirnos nuestra renuncia, y que ésta tendría que ser con fecha 26 de marzo, otorgándonos un premio de consolación al decirnos dicho funcionario que no nos presentáramos sino hasta la fecha especificada en la renuncia".
En una de las cartas, firmada por Eduardo Torres y Pablo Casillas, se añade que la situación les parece "absurda", porque su desempeño en la Corte ha sido con lealtad y constancia para la institución en la que laboramos durante nueve años, cinco meses, y cuatro años, cuatro meses, respectivamente.
Situación que se puede corroborar en el expediente laboral "en donde usted y quien lo consulte (dice en referencia al ministro que recibió la misiva) podrá constatar que hemos sido de total entrega a nuestro trabajo, y que ahora se nos paga de la manera más injusta y con un trato no digno de las personas".
Al conocer la situación, uno de los magistrados reiteró que el acuerdo era para reubicar personal, no para que los despidiera el Consejo de la Judicatura Federal; aunque molesto, comentó que los recortes que tengan lugar en el Poder Judicial de la Federación son resultado del insuficiente presupuesto que otorgó el Congreso de la Unión, lo cual no sólo impidió la instalación de los juzgados y tribunales que demanda el país, sino que también repercute ya en la reducción necesaria de personal y de otras actividades.