MIERCOLES Ť 21 Ť MARZO Ť 2001
Alejandro Nadal
Para engañar al Congreso
En lugar de negarle el derecho a dirigirse al pleno del Congreso a los pueblos indios, los legisladores deberían cumplir con sus obligaciones. En especial, deberían abandonar su papel pasivo frente a las iniciativas del Ejecutivo y asumirse como representantes de los electores.
Esta pasividad tiene su más reciente ejemplo en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos el pasado diciembre. Estos documentos fueron enviados por el Ejecutivo con información incompleta sobre los requerimientos financieros reales del gobierno federal. La información fue escondida dolosamente, pero hoy la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la da a conocer en el contexto de su proyecto de reforma fiscal para incrementar el IVA.
Para este año, el gobierno de Vicente Fox solicitó recursos para cubrir el costo financiero de la deuda pública presupuestaria por 209 mil 235 millones de pesos. De ese monto, 70 por ciento es para cubrir los intereses de la deuda del gobierno federal. 19 por ciento es para los programas del rescate bancario y el 11 por ciento restante es para cubrir el costo de la deuda de las entidades paraestatales bajo control de presupuestos directos (Pemex y CFE).
Tomando en cuenta esta estimación del costo financiero de la deuda pública presupuestaria, el Ejecutivo contemplaba un déficit de 0.5 por ciento del PIB. Después de algunas modificaciones, el Congreso aprobó el Presupuesto de Egresos y autorizó un déficit fiscal en el balance público equivalente a 0.65 por ciento del PIB.
Pero esa decisión del Congreso fue tomada a partir de información incompleta.
Ahora la SHCP reconoce (véase www.shcp.gob.mx/uec) que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) para este año son de 2.08 por ciento del PIB. Y si se excluyen los ingresos no recurrentes, los RFSP aumentan hasta 3.5 por ciento del PIB. Además, estos RFSP irán aumentando cada año durante todo el sexenio, pasando a 4 por ciento en 2002 y alcanzando 4.2 por ciento en 2006.
La SHCP explica ahora que el déficit del balance público "no considera todas las obligaciones del gobierno". Eso es grave porque si no han estado contabilizadas, el Congreso no las ha autorizado. ƑDesde cuándo el gobierno adquiere obligaciones no autorizadas por el Congreso?
ƑCuáles son estas obligaciones no incluidas en el balance público?
Hay cuatro tipos de obligaciones no contabilizadas. La primera es el componente no inflacionario de los pasivos del IPAB (ex Fobaproa). El segundo se integra con los intereses derivados de los programas de apoyo a deudores. El tercero corresponde a la intermediación de la banca de desarrollo. Y el cuarto debe ser una gran sorpresa para el propio Vicente Fox: se trata de los Pidiregas (Programas de Inversión de Impacto Diferido en el Registro del Gasto), que el propio Presidente ha calificado como una excelente idea de la administración zedillista.
Los dos componentes más importantes son el IPAB y los Pidiregas. Entre ambos acumulan un costo financiero equivalente a casi 2 por ciento del PIB, o sea aproximadamente 120 mil millones de pesos (monto ligeramente superior a lo que se piensa recaudar con el cambio al régimen del IVA).
Cada uno de los componentes de los RFSP merece un análisis detallado. Por razones de espacio, sólo examinamos el caso del servicio de los pasivos del IPAB. Los pagarés del Fobaproa generan intereses a una tasa equivalente a la de los CETES a 28 días más una sobretasa. Cada año el Ejecutivo solicita al Congreso recursos para enfrentar el servicio de la deuda del IPAB. Con los intereses pactados, esa partida sería enorme. Así que el gobierno anterior optó por cubrir sólo la "parte real" de los intereses generados por esos pasivos. Esa parte corresponde al pago de intereses sobre la tasa real (descontando inflación). Según el gobierno zedillista, así se iría reduciendo el servicio de la deuda del IPAB como proporción del PIB. El gobierno de Fox refrendó esta estrategia en diciembre pasado.
Pero siempre quedó flotando una interrogante. ƑQué hacer con el componente inflacionario de esos intereses? Los tenedores de los pagarés originales del Fobaproa sienten tener derecho a los intereses totales, no sólo al componente real. Ahora el gobierno muestra sus cartas y refrenda que los intereses totales sobre los pagarés del IPAB-Fobaproa son "obligaciones del gobierno" que deberán ser cubiertas a lo largo del sexenio. Pero al discutirse el Presupuesto de Egresos no le informó al Congreso.
ƑCuáles son las principales lecciones de esta situación? En primer lugar, está claro que los ingresos fiscales adicionales que el gobierno piensa recaudar a través del incremento al IVA no son para incrementar el gasto social. Esos recursos serán para pagar en su totalidad el costo del ilegal rescate bancario a través del Fobaproa, y para pagar la pesada carga que ya representan los Pidiregas, mecanismo por demás cuestionable desde el punto de vista legal y económico.
La segunda lección tiene que ver con las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso.
En uno de sus primeros actos de gobierno, la nueva administración indujo al error al Congreso federal y lo mantuvo discutiendo un proyecto de presupuesto que no incluía las obligaciones financieras, que en realidad aquejan las finanzas públicas. Es decir, el principal instrumento de la política económica del gobierno fue presentado sobre bases que no corresponden a la realidad de las finanzas públicas. El engaño no es sólo para el Congreso, sino a todo el país.
Por su parte, el Congreso fue incapaz de descifrar las deficiencias de los documentos sometidos por el Ejecutivo. Y no ha tenido la capacidad necesaria para revisar la cuenta pública (como exige la Constitución). La pobreza del trabajo de las comisiones es ya proverbial y no cambió. Es a este espacio oscuro a donde se quiere llevar la discusión sobre la autonomía de los pueblos indios.
Por último, queda de manifiesto que el Congreso no tiene medios de apremio para conminar al Ejecutivo a manejar las finanzas públicas dentro de los márgenes autorizados. Corresponde llamar al Ejecutivo a rendir cuentas, ahora sí, frente al pleno del Congreso. El objetivo de la comparecencia sería explicar cómo la política fiscal opera sobre bases que no reflejan la verdadera profundidad del quebranto de las finanzas públicas.
Ya es un lugar común afirmar que las elecciones del 2 de julio del 2000 cambiaron muchas cosas en la vida pública. Puede ser. Pero algo no cambió: la relación asimétrica y engañosa entre el Ejecutivo federal y el Congreso. Tampoco cambió la falta de transparencia en el manejo de las finanzas públicas de cara a la nación.