martes Ť 20 Ť marzo Ť 2001
Luis Hernández Navarro
El PAN y la ley indígena
El presidente Fox afirmó que es una prioridad nacional legislar sobre derechos y cultura indígenas, pero su partido, el PAN, no ha dicho nada sobre el asunto. Su silencio indica que lo considera un asunto secundario.
A pesar de la movilización nacional a favor del reconocimiento constitucional a los derechos indígenas, del intenso debate en los medios de comunicación y del inicio de sesiones ordinarias en el Congreso, Alejandro Zapata, vicecoordinador de la bancada de ese partido en la Cámara de Diputados, dijo que todavía se encuentran "reflexionando y deliberando". Mientras Diego Fernández de Cevallos, jefe del PAN en el Senado, mantiene su negativa a negociar con "encapuchados".
Aunque el jefe del Ejecutivo presentó a la Cámara alta como propia la iniciativa de la Cocopa, el PAN no la ha apoyado. Las resistencias de algunos de sus legisladores en contra de la propuesta presidencial han sido públicas.
Procurando evitar el debate de fondo sobre la reforma constitucional, el blanquiazul se ha negado a que el movimiento indígena nacional y el EZLN hagan uso de la tribuna en el Congreso. Argumenta, falsamente, que está prohibido hacerlo. Existen precedentes en los que no legisladores han hecho uso de la tribuna. Tanto dignatarios extranjeros como mexicanos han hablado desde allí. No hay ningún artículo que expresamente lo prohíba; una acción así no es contraria a la reglamentación existente. Además, el Congreso de la Unión tiene facultades para darse sus propias formas de gobierno. La clave es que exista un acuerdo parlamentario.
La realización de acciones concertadas de algunos de sus gobernadores y líderes locales panistas en contra de la ley indígena muestra que su actitud se ha endurecido. El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas Toledo, dijo que si el EZLN no firma la paz en la ciudad de México "es mejor que no regrese a Chiapas", y llamó a los chiapanecos y mexicanos "con pantalones, como yo", a unirse para impedir el retorno de la comandancia zapatista. El diputado Ricardo Torres, integrante del grupo de ultraderecha El Yunque, llamó a activar las órdenes de aprehensión en contra de la dirigencia rebelde, en caso de que se nieguen a firmar la paz.
El forcejeo del PAN con el Presidente de la República poco tiene que ver con una sana distancia del partido respecto al gobierno federal. No es una muestra de la autonomía del Poder Legislativo. Proviene de dos hechos de naturaleza distinta. De un lado, de la tradición hispanista, conservadora y decimonónica de algunos dirigentes del partido que ven en el reconocimiento de los derechos indígenas una aberración jurídica y política. Del otro, de su malestar ante un gobierno que creían suyo, pero que no los ha incorporado a la administración pública y a la toma de decisiones.
Sin ser los únicos, Fernández de Cevallos y su grupo de legisladores representan dentro del PAN este legado y estos intereses. Su rechazo a la legislación indígena no es expresión de la necesaria libertad del Congreso frente al Ejecutivo, sino muestra de cómo se anteponen las ambiciones personales y de facción a los intereses nacionales.
Si Vicente Fox está verdaderamente comprometido con la aprobación de la iniciativa de la Cocopa debe probarlo. No basta con que la haya enviado al Senado. Tampoco con decirlo de cuando en cuando. Requiere poner en marcha los instrumentos de poder con los que cuenta para ganar la mayoría parlamentaria.
Es cierto que Santiago Creel, Rodoldo Elizondo, Xóchitl Gálvez, Josefina Vázquez Mota y Víctor Lichtinger han comenzado a cabildear a favor de la reforma desde las filas del gabinete presidencial, pero su actividad no puede ocultar el sonoro silencio del resto de los funcionarios gubernamentales respecto al tema. Fox cuenta con un importante grupo de legisladores afines a su posición dentro del PAN. No son los más conocidos ni pertenecen a las familias tradicionales que han dirigido ese partido. Sin embargo, son una fuerza. ƑPodrá o querrá el Presidente utilizarla?
En la actual pulsada con su partido, Vicente Fox se juega mucho más que el destino de una ley. Por una parte, está la disputa por tener una mayoría parlamentaria propia que le permita sacar adelante las reformas que requiere; por otra, se encuentra el desafío de mantener la gobernabilidad de su administración. Sin una reforma aceptable para el movimiento indígena y el zapatismo, la inestabilidad política del nuevo régimen puede darse por descontada.
De la posición que el PAN asuma ante la ley indígena dependerá, en mucho, el perfil que adquiera ante el futuro inmediato. O aprueba la ley y se convierte en un partido democrático moderno, capaz de actuar conforme a las nuevas tendencias del derecho y de encontrar salidas constructivas a las crecientes movilizaciones sociales, o la rechaza y se transforma en un partido anclado en las tradiciones más conservadoras de la sociedad mexicana al servicio de las peores causas. Su disyuntiva es: o partido que mira hacia el futuro o partido que vive en el pasado.