Ť Desde sus lugares de origen son usadas por vivales para transportar drogas: fundación
Enfrentan mujeres indígenas actos graves de injusticia al llegar al DF
Ť Algunas de ellas pierden su libertad al pisar por vez primera aquí una terminal de autobuses
Ť Delitos contra la salud y homicidio, las causales principales por las que son encarceladas
BERTHA TERESA RAMIREZ
De las mujeres indígenas encarceladas en el Distrito Federal 40 por ciento de ellas perdieron su libertad en el momento en que pisaron por primera vez alguna terminal de autobuses de la ciudad de México y se les detectaron paquetes con cocaína y mariguana, aun cuando ellas ignoraban el contenido de éstos.
El presidente de la Fundación de Servicios Legales y Sociales de la Comunidad Indígena del Distrito Federal, Manuel Rosales Castillo, dijo que los casos más graves de injusticia al que se enfrentan mujeres de diversas etnias del país en las cárceles de la ciudad --en las que hay un total de 23 consignadas--, son las que compurgan penas por delitos contra la salud "ya que ellas venían por primera vez a la ciudad de México a realizar un trabajo doméstico y en el camino se vieron involucradas en este tipo de delito, luego de que alguien las indujo a transportar paquetes".
Por cien pesos
Señaló que aprovechándose de la ignorancia de estas personas, narcotraficantes que operan en las terminales de autobuses de sus estados de origen, las abordan indicándoles: "te voy a dar cien pesos nada más por que le des a un familiar mío este paquete".
Dijo que el segundo delito por el que mujeres indígenas han sido condenadas a largas penas es el homicidio en sus diversas modalidades. Indicó que por ese delito hay cinco indígenas en la cárcel, en tanto que por homicidio en razón de parentesco, en muchos de los casos perpetrados contra sus esposos, hay dos indígenas en la prisión. En menor grado han cometido homicidios contra sus hijos, de hecho, agregó el entrevistado, por esta causa sólo existe un caso.
El psicólogo de esa fundación creada en 1998 con el apoyo financiero de Telmex y la Dirección de Equidad y Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal, Edgar López, señaló que los homicidios cometidos en razón de parentesco han sido motivados porque las mujeres indígenas, "oprimidas entre los oprimidos", sufren un doble rencor social.
Marginación social y familiar
No sólo porque padecen la opresión de lo urbano, sino porque además enfrentan la de su propio ámbito familiar. Y abundó: "no sólo sufren la humillación y la marginación social sino también la de sus casas, en donde la relación hombre-mujer establece que ellas no hablan, no deciden que hacer con el dinero, aun cuando ellas lo obtienen por su trabajo como artesanas, pues este es distribuido por sus esposos, quienes les otorgan una mínima parte de estos recursos que deben servir tanto para los gastos de ellas como para el gasto del hogar, independientemente del mal trato que sufren por parte de sus esposos".
El psicólogo señaló que en la mayoría de los casos las indígenas cometieron el delito de homicidio contra sus esposos por defenderse "ya que el machismo está muy arraigado y entonces se defienden de los golpes o de las injurias". En muchas ocasiones cometen los homicidios porque ya no aguantan la presión. Sin que hayan querido hacerlo en realidad, terminan por confesar que "se les pasó la mano, pues sólo querían darles un escarmiento".
Antonia
Una de esas mujeres es Antonia, que actualmente compurga una pena de 30 años de prisión por haber envenenado a su esposo tras una larga historia de maltrato físico y psicológico. En los 25 años que duró su matrimonio Antonia se dedicó a las labores del hogar de tiempo completo, hoy hace la limpieza en el Reclusorio Femenil Norte, en donde se encuentra compurgando una pena por homicidio calificado con alevosía y ventaja.
Los largos años de conflictos con su esposo terminaron para Antonia el día en que Juan, su marido, corrió de la casa a su hermano, que recién había llegado de su comunidad de origen en el estado de México, y ella decidió que por ello "lo borraría del mapa envenenándolo poco a poco hasta darle la dosis final", según declaró ante las autoridades judiciales.
Una vez que logró su objetivo, Antonia abandonó el cuartucho en donde vivía con la víctima; sin embargo, al iniciarse las investigaciones la policía detectó los residuos con los que había intoxicado a su cónyuge. Días después la detuvieron. Ella, bajo presión confesó que había envenenado a su esposo "porque este había corrido a su hermano".
Tras sufrir la pena de 30 años de cárcel, Antonia aceptó el apoyo de la referida fundación con el propósito de conseguir una pensión para su hijo, pues tras haberse dictado la sentencia, el niño había quedado en la orfandad. El presidente de la institución, Manuel Rosales Castillo, abundó que se iniciaron los trámites para tratar de obtener una subvención para el menor toda vez que el esposo de Antonia trabajaba en una institución pública de salud.
Acta falsa
En ese proceso, Antonia se vio envuelta en otro delito, el de falsificación de documentos oficiales, pues ella ignoraba que el acta de nacimiento de su pequeño era un documento apócrifo, lo cual se descubrió porque al tratar de ayudarla, los abogados de la fundación se encontraron con que los documentos con los que presuntamente la pareja había registrado al niño no correspondían a ningún juzgado civil de la ciudad, sino que se trataba de un documento falso "que bien se pudo haber adquirido en la Plaza de Santo Domingo".
Sobre el documento, Antonia relató que cuando ella y su esposo acudieron al Registro Civil para inscribir a su hijo, un sujeto de los llamados coyotes se les acercó para ofrecerles sus servicios, les indicó que "como el menor ya tenía más de tres años, iba a ser muy difícil que lo registraran, por lo que les ofreció conseguirles un acta de nacimiento que les vendió junto con dos copias de la misma".
Debido a esa situación, señaló Rosales Castillo, será imposible para el hijo de Antonia, quien actualmente se encuentra en la casa hogar Nápoles, gozar de una subvención mientras ella compurga su larga pena.