LUNES Ť 19 Ť MARZO Ť 2001
Ť El proyecto está en función de la industria de exportación estadunidense
El Plan Puebla-Panamá, intervencionismo de EU
Ť La tarea de pacificación se combina con el "desarrollo" que generarán trasnacionales
CARLOS FAZIO ESPECIAL PARA LA JORNADA
El Plan Puebla-Panamá (PPP) forma parte de un programa integral que combina intervencionismo político, económico y militar, pero que se presenta como un plan de pacificación, desarrollo y creación de empleos. Es una manifestación genuina del capitalismo contemporáneo. Forma parte de un proyecto de alcance geoestratégico continental e imperial de Estados Unidos, en el que participan sectores del gran capital financiero, consorcios multinacionales y las oligarquías de los países del área mexicano-centroamericana.
El PPP no es proyecto nuevo y su autoría intelectual no está en México, sino en Washington. Forma parte del viejo plan geoestratégico del TLC y opera hoy como caballo de Troya del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En la nueva fase de expansionismo imperial, el ALCA es la herramienta que Estados Unidos necesita en la competencia interimperialista con Japón y Europa. El gobierno de Vicente Fox participa de manera subordinada a los intereses de la Casa Blanca, Wall Street y las empresas multinacionales con casa matriz en Estados Unidos. La función destinada a Fox es la de enganchador.
En la coyuntura, el "apuro" de la administración Fox por lanzar el Plan Puebla-Panamá no está ligado a las prioridades nacionales, sino con los intereses estadunidenses de cara a la cumbre presidencial de las Américas, a celebrarse en Quebec, en abril próximo. En negociaciones secretas y con la complicidad de varios gobiernos del área, Washington viene presionando para recorrer la fecha del lanzamiento del ALCA: del 2005 al 2003; el PPP sería el ejemplo de que "sí se puede".
Igual que en el Plan Colombia, el propósito de Estados Unidos con el PPP es intervenir en el conflicto político y social de México para imponer y favorecer a las trasnacionales del petróleo (muy ligadas a la administración Bush); facilitar la privatización de las terminales aéreas y portuarias, la energía eléctrica, el agua, el gas y Pemex; proteger a los terratenientes empeñados en el desarrollo agroindustrial y ganadero extensivo y, principalmente, apoderarse sin restricciones de las enormes riquezas en biodiversidad de la selva Lacandona, los Chimalapas en Oaxaca y el Corredor Biológico Mesoamericano, que llega hasta Panamá.
El PPP responde a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y forma parte de un reposicionamiento geoestratégico del Pentágono en América Latina ante el descontento popular creciente producido por las políticas neoliberales. A eso responde la militarización y paramilitarización de estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, así como la previsión del Pentágono de instalar un contingente militar de 12 mil soldados estadunidenses en Guatemala. El componente represivo-militar del PPP es de tipo contrainsurgente.
Como quedó asentado en la Declaración de México, emitida por la Conferencia Hemisférica de Energía y celebrada hace dos semanas aquí, en la cumbre de Quebec la Casa Blanca buscará la "integración energética" del continente. Dicha alianza entre el tiburón y la sardina es una forma de disfrazar el suministro de energía al centro del poder imperial y garantizar sus intereses de seguridad nacional. Se trata de otra faceta del viejo proyecto de un Mercomún Petrolero del Norte impulsado por Ronald Reagan a comienzos de los años 80, con base en las fuentes de hidrocarburos de Canadá y México, que fue preludio del TLC o NAFTA.
Dos instrumentos clave para la puesta en marcha del PPP son el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ambas instituciones con sede en Washington conforman el andamiaje financiero internacional de lo que James Petras llama "la legión extranjera imperial". Son las instituciones que utilizaron la Casa Blanca y los acreedores de Wall Street para imponer a nuestros países el dogal de la deuda externa. El 4 de marzo, Jacques Rogozinski, el "mago" de las privatizaciones salinistas y actual director general de la Corporación Interamericana de Inversiones, que depende del BID, anunció que esa institución destinará "importantes recursos" para integrar a Centroamérica y México con infraestructura empresarial. El año 2000, México captó 25 por ciento del financiamiento regional del BID (10 mil millones de dólares). En ese sentido, el PPP es un proyecto que servirá para gestionar créditos; es decir, para acumular más deuda. Washington seguirá utilizando la política de la deuda como un arma de dominación al servicio de sus intereses imperiales.
En México, el PPP es la continuación del proyecto de "globalización" y "desarrollo" que viene impulsándose desde el gobierno
de Salinas bajo la receta del FMI, el BM y el BID. Tras la firma del TLC con Estados Unidos y Canadá, México ha suscrito una serie de tratados y convenios de cooperación regional y acuerdos de libre comercio con varios países de la región. El PPP es una nueva fase de ese proyecto geoestratégico, donde Vicente Fox funciona como administrador asalariado con la función de crear un espacio al servicio de las trasnacionales.
En la fase actual, el PPP está concebido como un proyecto de infraestructura empresarial que se inscribe en un Plan de Seguridad Nacional. Según la poca información oficial, uno de los objetivos de corto plazo del PPP será crear corredores carreteros y ferroviarios; el acondicionamiento de los puertos y aeropuertos del sureste; la instalación de gasoductos y de empresas ensambladoras para generar "cadenas productivas". Uno de los componentes básicos del PPP es la integración del Istmo de Tehuantepec, viejo sueño que Estados Unidos persigue desde hace dos siglos. Todo el proyecto está en función de la industria de exportación de Estados Unidos, que utilizará los territorios de México y Centroamérica para colocar su producción en el océano Pacífico, donde está hoy el motor de la economía mundial.
La ideología del changarrismo social, impulsada por el presidente Fox en el sureste mexicano, intenta disfrazar una política que pretende convertir a México en un país maquilador al servicio de las compañías estadunidenses, con base en la ventaja comparativa de la esclavitud salarial de la mano de obra maya. Según aclara el plan, se crearán empleos para "una fuerza de trabajo sin capacitación". Lo que responde al interés de las maquiladoras, que amenazan con abandonar la franja ensambladora del norte del país ante "los altos costos de producción, la excesiva regulación, el encarecimiento de la mano de obra y la defectuosa infraestructura". Para evitar que las maquiladoras abandonen el país en busca de otros mercados, el presidente Fox habilitará el sureste mexicano con una política de exenciones fiscales y subsidios a las empresas que allí se instalen, y ofreciéndoles mano de obra indígena con sueldos de ganga y sin beneficios sociales.
El PPP oculta también un proceso de contrarreforma agraria relacionado con la destrucción de ramas industriales ligadas a los productos del campo. Además impulsará una nueva contrarreforma del artículo 27 constitucional, con el objetivo de enajenar tierras que hoy están bajo el régimen ejidal o de uso comunero para, una vez privatizadas, destinarlas a una agricultura de plantación que necesita de grandes extensiones para cultivarlas de manera tecnificada. Dicho proceso llevará a un nuevo régimen de latifundios, en beneficio de los monopolios y oligopolios multinacionales, nacionales y extranjeros, que se han propuesto transgenizar y controlar la producción alimentaria del planeta. Una parte oculta del PPP es permitir la biopiratería de multinacionales y fundaciones como DuPont, Pulsar, Monsanto, Novartis y Diversa.
La multipublicitada política de changarrismo social y la contrarreforma agraria son dos caras de una misma moneda. Con la zanahoria del "desarrollo" y la "creación de empleos", el PPP pretende convertir a los campesinos indígenas del sureste en asalariados superexplotados de fábricas maquiladoras urbanas o semiurbanas. Uno de los objetivos primordiales de tal política es desplazar a los campesinos indígenas del campo a la ciudad, con el objetivo de separarlos de sus tierras y los recursos naturales que hay sobre y bajo ellas.
Otra fórmula "novedosa" que contiene el PPP es la "asociación" de empresas de inversionistas tipo Romo, Slim o Zambrano, con agricultores de la región, sean ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios. Según considera el plan, estos últimos pondrán la tierra como capital y contarán con la "opción" de trabajar en su propiedad a cambio de un salario.
El presidente Vicente Fox y su vocera Martha Sahagún han hecho de la "transparencia" la pretendida etiqueta ética y moral del sexenio que comienza. Pero todavía no han dilucidado de cara a la opinión pública quién impulsó a Fox como presidenciable y financió su campaña. Se habla, entre otros, de personajes como Arturo Romo y Lorenzo Zambrano, y de empresas como Coca Cola. Romo palomeó el PPP que elaboró el BID y adaptó Santiago Levy, y es mencionado como uno de los presuntos inversionistas del plan. ƑSerá un caso de tráfico de influencias?
El Plan Puebla-Panamá es la antítesis de los acuerdos de San Andrés plasmados en la iniciativa de ley de la Cocopa, que dice impulsar el presidente Fox. Forma parte de la última fase del plan de contrainsurgencia que fue primero represión, guerra psicológica y acción cívica, y después cerco de exterminio militar y de silencio y hambre, guerra sucia y paramilitarización del conflicto, cuya cúspide fue la matanza de Acteal. Hoy, cuando el Ejército ha dispuesto un aceitado cerco de aniquilamiento sobre los bastiones zapatistas en Chiapas, y se han acondicionado las bases militares de San Quintín y Toniná para el desplazamiento de tropas de despliegue rápido, Fox quiere firmar la "pacificación" con el EZLN. Como dijo el canciller Jorge Castañeda en Madrid el 28 de enero: el PPP "es el corolario de la paz".
Por eso, la tarea de pacificación se combina ahora con el "desarrollo" que generarán las inversiones de los capitales multinacionales, los mismos que siempre han odiado conceptos tradicionales de la política exterior mexicana que tienen rango constitucional, como la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. Por eso, los amos de México traducen autonomía indígena y autodeterminación como un peligro. Ellos le llaman balcanización, "separatismo". En ese contexto, y a partir de la máxima "el que paga, manda" -que aquí sería "el que invierte, ordena"-, el PPP va dirigido a terminar de romper el tejido social intercomunitario y a eliminar los derechos autonómicos de la indiada levantisca. Lo de la "consulta" del plan con las comunidades o las famosas sinergias son tan sólo fábulas. El capitalismo, que hoy es más salvaje y depredador que nunca, busca concentrar capital, no generar desarrollo social. Fue contra esa misma oligarquía que el EZLN se levantó en armas en 1994. Contra la exclusión que generaban el TLC y la vía libre al latifundio de la contrarreforma al 27.
La paz en Chiapas pasa hoy por la aprobación de la ley Cocopa. Y seguirá construyéndose después, con la discusión de los temas pendientes de San Andrés. Entre ellos, y fundamental para el campesinado indígena reunido en Nurio, Michoacán, el problema agrario nacional.
Es necesario, sí, reformar el artículo 27 constitucional, pero no en el sentido que propone el PPP, sino para que retome el espíritu de Emiliano Zapata, resumido en dos demandas básicas: la tierra es de quien la trabaja, y tierra y libertad.