El porrismo ascendente que se manifiesta en los planteles de educación media superior y superior alcanzó ayer una cota trágica y repudiable: un alumno de la Escuela Preparatoria 5 fue asesinado y otro de la Facultad de Contaduría resultó lesionado --ambos con arma de fuego-- en el contexto de una riña entre educandos de las preparatorias 5 y 9. En días pasados han ocurrido alarmantes enfrentamientos en el CCH Naucalpan y en esta misma tendencia se inscribe la grave vejación a maestros, alumnos y funcionarios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales perpetrada recientemente en ese plantel por elementos residuales de lo que fue el Consejo General de Huelga (CGH).

Tales sucesos expresan una creciente degradación del ambiente universitario en la que los radicalismos intransigentes confluyen, en el territorio de la violencia, con expresiones delictivas como el porrismo, un pandillerismo estudiantil específico de los centros de educación superior -de esta capital y de otras ciudades del país- que hasta hace unos años parecía haber perdido impulso y que hoy se muestra reactivado y al alza.

La descomposición referida tiene una razón inmediata en el callejón sin salida al que fue conducida -por sus propios dirigentes y por las autoridades universitarias y gubernamentales- la huelga que paralizó la UNAM en 1999 y 2000. Tal movimiento dejó -entre otros saldos-un severo desgaste de los mecanismos de participación, diálogo y mediación en la máxima casa de estudios y una comunidad universitaria polarizada y atomizada. Se generó, así, un ambiente que propicia --aunque ciertamente no justifique-- las medidas de fuerza, el vandalismo y la irracionalidad.

En otro sentido, las delincuencias de todos los signos experimentan un periodo de auge en el país, y ello no sólo se refiere al narcotráfico, los homicidios, los robos y los secuestros, sino también a la generalización de actitudes de desprecio a la legalidad, cuyo ejemplo más inmediato y candente es la negativa del gobernador yucateco a acatar las disposiciones del máximo tribunal electoral del país. En el momento actual sale a la luz, en toda su escandalosa dimensión, el derrumbe moral que se gestó, durante los últimos gobiernos emanados del PRI, en las instituciones de impartición de justicia y en las corporaciones de seguridad pública. Tales factores externos alimentan, a su vez, las expresiones de incivilidad y de delincuencia que se padecen en los planteles universitarios.

En tales circunstancias, los sectores universitarios razonables y civilizados -que son, ciertamente, la mayoría de la comunidad- tienen ante sí el desafío de aislar a los delincuentes y a los intransigentes, que son, por supuesto, los menos. Por su parte, las autoridades gubernamentales deben encontrar a los responsables del homicidio de ayer y presentarlos ante los organismos judiciales que correspondan, así como emprender acciones perentorias para desarticular -con estricto respeto a la autonomía universitaria- los grupos porriles que, hoy por hoy, actúan con completa impunidad