JUEVES Ť 15 Ť MARZO Ť 2001

Ť El Estado no proporcionaría un presupuesto base a los productores

La iniciativa de la Sagarpa para el desarrollo rural condena al estancamiento al campo: CNC

Ť Para Usabiaga Arroyo la propuesta ataca la perversidad política y defiende a campesinos

MATILDE PEREZ U.

El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Javier Usabiaga Arroyo, aseguró que mantendrá un diálogo abierto, directo, franco, honesto y transparente con las organizaciones del sector social, a pesar de las diferencias de opinión que tiene con ellas, sobre todo en lo referente a la Ley de Desarrollo Rural, para que "los beneficios del campo no sean presa de la perversidad política. Ambos tenemos un objetivo común: el beneficio de la gente del campo".

Aclaró que el veto a la Ley de Desarrollo Rural sólo lo puede aplicar el presidente Vicente Fox; sin embargo, el proceso es regresarla con observaciones. Si las dos terceras partes más uno del Congreso de la Unión -que hoy inicia su periodo ordinario de sesiones- vota a favor de la iniciativa, deberá publicarse, de lo contrario tendrán que atenderse las observaciones del Ejecutivo.

Por su parte, el dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Heladio Ramírez López, calificó como "un preocupante desacato a la voluntad popular" la decisión del veto presidencial a dicha ley. "Es inaceptable porque con ello se frenará el avance económico y social del sector más atrasado y más necesitado de la nación".

En la reunión que ayer sostuvo con senadores y diputados del sector campesino del PRI, Ramírez López dijo que en las últimas cinco décadas no se había registrado "un hecho político de esta naturaleza". Y reiteró que no publicar y promulgar esa ley en el Diario Oficial es una "incongruencia política, una violación a la legítima voluntad popular expresada por el Congreso de la Unión y condenar nuevamente al abandono a 25 millones de mexicanos".

En la presentación de los avances de los primeros cien días de gobierno en el sector agropecuario, Usabiaga Arroyo dijo que "las bondades de la ley son rescatables, pero hay que adecuarlas y condicionarlas a una nueva legislación que podría, con la experiencia de la anterior, llevarse a discusión".

La ley alternativa, basada en el texto observado, está integrada por ocho capítulos en los que pone énfasis en la participación de los estados, las organizaciones campesinas y de los gobiernos federal y del Distrito Federal en la aplicación de los programas. Acepta un programa especial de fomento educativo, salud, alimentación, vivienda, de combate efectivo a la ilegalidad y la delincuencia organizada en el medio rural, un impulso a la cultura, formas de organización y capacidad productiva de los pueblos indígenas y fomento a la seguridad en la tenencia de la ti erra para las zonas de alta y muy alta marginación social y económica.

Establece la creación de un consejo mexicano para el desarrollo rural, consejos estatales agropecuarios y consejos regionales de desarrollo sustentable como ejes de participación de los pobladores rurales. A través de ellos podrán -de acuerdo con la propuesta de ley- expresar sus opiniones para la integración de los diversos programas que inciden en el desarrollo rural.

Retira lo que consideraba una "camisa de fuerza", como es la obligatoriedad del Estado a otorgarle al campo mexicano un presupuesto base y la creación de un banco que diera créditos a tasas preferenciales a los productores. En su lugar, la nueva propuesta enfatiza que habrá apoyos y estímulos económicos a los productores que desarrollen sus actividades con tecnología de conservación y preservación de los recursos naturales, además dará preferencia a las actividades económicas rentables que guarden equilibrio con los agrosistemas.

Puntualiza que los estímulos fiscales a la producción, reconversión, industrialización e inversión en el medio rural se darán siempre y cuando esas actividades sean acordes a los lineamientos de la ley y normatividad correspondiente. Reconversión productiva de acuerdo con el tipo de suelo, la promoción de un esquema nacional de investigación y desarrollo tecnológico para el campo y la integración de los llamados "sistema-producto" con su respectivo comité nacional, son otros de los puntos sobresalientes de la nueva sugerencia.

Agrega que habrá leyes específicas para la capitalización rural, el sistema financiero, la comercialización, para almacenamiento y distribución, normalización y certificación, sanidad vegetal y salud animal, servicio de arbitraje en casos de controversias en la comercialización de productos y servicios del sector, así como para las asociaciones y organizaciones económicas.

Durante su conferencia, Usabiaga Arroyo también expuso lo que serán los ejes del financiamiento rural para los próximos seis años. Agroasemex se convertirá en una compañía reaseguradora y será la responsable de operar la política de riesgos de la Sagarpa; es decir, los mayores impulsos y subsidios estarán dirigidos a las zonas de mayor riesgo y marginalidad, y disminuirán en las zonas que tienen mayor rentabilidad.

Habrá una banca social basada en las cajas de ahorro y préstamo rurales, y las bancas regionales sustituirán al actual sistema financiero; una nueva reglamentación arribará al sector rural para dar mayor certeza a las transacciones en el campo y así impulsar la participación de la banca privada en el campo.

Esta adecuación a todo el programa del sistema financiero estará listo, si todo marcha bien, en enero del año 2002, explicó Usabiaga Arroyo. "Lo único que está definido hasta la fecha es el proyecto que presentamos a la Secretaría de Hacienda para esta restructuración del sector financiero y rural".

Aclaró que no habrá revisión de los tratados comerciales, pero México seguirá pugnando ante la Organización Mundial de Comercio por una mayor equidad. Estamos en contra de los subsidios que se ocultan, pero también hay que reconocer que México nunca podrá ser competitivo en algunos aspectos de subsidios directos" que otros países otorgan a sus productores.

Respecto al problema del sector azucarero, el subsecretario de Planeación, Juan Carlos Cortés, aseguró que ya está en la mesa de la SHCP una propuesta que involucra a los bancos internacionales, la banca mexicana comercial y a la de desarrollo en dos líneas de acción: la de financiamiento para el almacenamiento y pignoración de cosechas, y la de financiamiento para un programa de restructuración en el mediano y largo plazos.

Puntualizó que el gobierno de Vicente Fox ya no apoyará a los propietarios de los ingenios que no estén al corriente de sus pagos o que tengan deudas no cubiertas. El monto previsto para solucionar el conflicto es de 350 a 420 millones de dólares.