JUEVES Ť 15 Ť MARZO Ť 2001
Ť Encuentro de Ana Teresa Aranda, su presidenta nacional, con medios de comunicación
Tras 100 días de gobierno foxista, se avizoran cambios en las políticas asistenciales del DIF
ALMA E. MUÑOZ
Luego de los primeros cien días del gobierno de Vicente Fox Quesada, se vislumbran cambios en las políticas de asistencia social encabezadas por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Por ejemplo, la entrega de despensas ya no tendrá por primeros beneficiarios a grupos vulnerables con desnutrición, sino a discapacitados, personas de la tercera edad y madres solteras, y en los paquetes se leerá: "no usarse con fines políticos, partidistas o ajenos al programa".
Además, se modificará la estructura del patronato. Su presidencia ya no recae en la primera dama, como ocurría tradicionalmente, y el nombramiento saldrá de una propuesta de académicos, líderes de organizaciones gubernamentales y de la opinión pública.
La presidenta nacional del DIF, Ana Teresa Aranda, dijo que en esta nueva etapa se busca integrar la política familiar a la de Estado y terminar con clientelismo y asistencialismo. Así, los resultados de una auditoría al interior del sistema estarán listos el 15 de abril, lo que "no significa que tengamos que convertirnos en jueces de anteriores administraciones", dijo.
En un encuentro con medios de comunicación, la también ex presidenta de la Asociación Nacional Cívica Femenina --de corte cristiano-- se mostró renuente a profundizar sobre los cambios en el DIF y enfatizó la necesidad de promover la integración y desarrollo humano, individual, familiar y colectivo mediante "modelos exitosos de atención que privilegien la prevención de los factores de vulnerabilidad social y fomenten la profesionalización y calidad de los servicios, desde una perspectiva de plena rectoría del Estado en el Sistema Nacional de Asistencia Social".
No obstante, reconoció que en el 2002 se ampliará la entrega de desayunos --4.6 millones diarios para escolares de entre seis y 12 años-- a menores de cero a cinco años.
Correspondió al subdirector general de Asistencia a Población Vulnerable, Carlos Rodríguez, ahondar sobre "cosas nuevas", como los cambios en los criterios de identificación de poblaciones para eliminar "todos los factores de discrecionalidad en la asignación de recursos, lo que también obliga a que los apoyos se diversifiquen. Esta --aclaró-- sería la regla de operación inscrita por el DIF el 15 de febrero". En este contexto, el oficial mayor de la institución, Adrián Larrasilla, informó sobre la creación de un consejo interno para "quitarle" a este funcionario la unilateralidad al asignar recursos en situaciones de desastre.
En su informe, Ana Teresa Aranda resaltó que el sistema a su cargo reactivó la coordinación de acciones interinstitucionales --incluidos Unicef y especialistas de Estados Unidos y Canadá-- para prevenir, atender y combatir el comercio sexual de infantes.
Dijo que trabajan en estrecha coordinación con la PFP para combatir este delito, y que las delegaciones estatales del DIF buscan homologar los códigos penales con base en la iniciativa presentada por el gobernador de Guerrero, René Juárez, al Congreso de ese estado, en la que pide 20 años de cárcel para miembros de redes de tráfico de menores.