El aún gobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, exhibió ayer, en la residencia oficial de Los Pinos, su desacato impune a la legalidad y persistió en presentarlo como un supuesto conflicto entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el congreso yucateco. En esa lógica de distorsión --porque es claro que el cacicazgo cerverista controla, mediante la mayoría priísta, el Legislativo-- el mandatario estatal fraguó, el sábado pasado, una maniobra de distracción orientada a presentarlo como flexible y negociador: hizo aprobar una reforma legal con la pretensión de insertar, en el Consejo Estatal Electoral constituido por el TEPJF, a los "consejeros electorales" espurios por él designados y desconocidos por la máxima autoridad del país en asuntos comiciales. 

El cacique buscaba, así, mantener el control de las instancias electorales locales a fin de disponer de margen suficiente para desvirtuar el sentido del voto ciudadano en los próximos comicios estatales. Pero, como cabía esperar, los consejeros designados por el TEPJF se negaron a ser cómplices de la maniobra y la confrontación volvió a su punto de partida: a diez semanas de las elecciones que deberían efectuarse en Yucatán --y cuya realización se torna cada día más incierta--, el priísmo gobernante local sigue empeñado en desconocer a las autoridades electorales legítimamente constituidas. 

El cerverismo está jugando varios juegos peligrosos al mismo tiempo: por un lado, amaga a los poderes federales con exacerbar regionalismos y aun separatismos peligrosos e indeseables; por el otro, apuesta al descrédito y al desgaste del máximo tribunal electoral del país, una institución imprescindible en el México contemporáneo; asimismo, el cacique yucateco sabe que el imponer la legalidad mediante la fuerza pública conllevaría, para el Ejecutivo federal y para el país, un enorme costo político, y no cesa de provocar a las autoridades centrales para inducirlas a adoptar una determinación en ese sentido. 

Acaso Cervera Pacheco y su grupo, así como el PRI nacional, que de manera tan irreflexiva e incondicional se ha solidarizado con sus correligionarios yucatecos, logren obtener réditos de plazo inmediato alimentando este conflicto que pone en entredicho la gobernabilidad en el entorno democrático --es decir, pospriísta-- del México de hoy. Pero, a fin de cuentas, el empecinamiento del gobernador yucateco no hace sino evidenciar ante la sociedad que el partido tricolor no aprendió la lección del 2 de julio del año pasado y que sus militantes siguen y seguirán aferrándose, a contrapelo de la razón y de la legalidad, a las posiciones de poder que aún conservan. De perseverar en tales actitudes, el gobernador y sus diputados contribuirán al desprestigio definitivo de su partido y a la cancelación de sus perspectivas de sobrevivencia como una fuerza política significativa en el actual escenario político.