MARTES Ť 13 Ť MARZO Ť 2001
Ť Mala señal de impunidad, considera Elisa Carrió
Sorpresivos obstáculos del gobierno argentino al caso de lavado de dinero
STELLA CALLONI/III Y ULTIMA CORRESPONSAL
Buenos Aires, 12 de marzo. La sensación de que en Argentina se amparan delitos de corrupción es una mala señal para la sociedad y el mundo, ha dicho la diputada de la gobernante Alianza Elisa Carrió -en estos momentos la más popular del país pero también quizá la menos popular en el sector conservador de su partido-, la Unión Cívica Radical, que junto al Frente País Solidario forma la coalición oficialista.
Como señala el diputado Gustavo Gutiérrez, quien con Carrió llevó las investigaciones sobre lavado de dinero ante el Senado estadunidense al no obtener aquí apoyo, "no ha habido otro caso mayor que este en magnitud y ramificaciones políticas".
"Hasta su desregulación, el mercado financiero marginal operaba en 'cuevas', con las llamadas mesas de dinero. Luego los operadores de esas mesas, como Raúl Moneta, pasaron a ser banqueros, y con la cobertura de un banco hicieron lo mismo que antes hacían desde las 'cuevas'", explica.
"Así como nadie puede negar que durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) los negocios se hicieron con las devaluaciones y el control de cambios, en los 90 los grandes negocios pasaron a hacerse con la capitalización de títulos de deuda. Mientras otros países intentaron rescatar esos papeles, Argentina utilizó ese sistema de capitalización para la venta de empresas públicas", continúa.
En este contexto actuó el Citibank, que "estaba en dificultades y obtuvo una dispensa del organismo rector de Estados Unidos, y entonces apareció el (holding) Cei-Citicorp, que controló varias empresas privatizadas, como frigoríficos o Telefónica de Argentina, y después se lanzó furiosamente a la compra de medios de comunicación". Precisamente Moneta -el dueño de dos bancos que lavaban dinero junto con el Citibank y allegado al entonces presidente Carlos Menem- logró tras unos pases accionarios ser presidente del Cei.
Las investigaciones sobre este entramado mafioso han encontrado sorprevisos obstáculos del gobierno de Fernando de la Rúa, como trabas para que los documentos del Senado estadunidense lleguen a Carrió y Gutiérez. Mientras, pese a las evidencias de las investigaciones, el titular del Banco Central, Pedro Pou, no sólo no renunció ni hizo juicio al Citibank, como amenazaba, sino que hoy impugnó ante la justicia a la comisión del Congreso que lo investiga.
No obstante, hay algunas buenas señales: hace una semana se aprobó en el Congreso un proyecto de resolución para pedir al Senado estadunidense la documentación de la investigación, mientras se informó que el gobierno habría ordenado a Hacienda reabrir las causas contra el Banco República, de Moneta. De todas maneras, "la ausencia de controles es una garantía de impunidad y esto debe terminar", dice Carrió.
Entre tanto, el asunto del lavado de dinero ha quedado un tanto opacado por los rumores sobre el programa que presentará esta semana el ministro de Economía Ricardo López Murphy, un "halcón fiscal" que pertenece al sector más conservador de la Unión Cívica Radical.
La prensa adelantó que el ministro buscaría privatizar el Banco de la Nación, el mayor banco estatal del país y uno de los pocos entes aún están en manos del Estado, pese a la oposición de buena parte de la Alianza. De ser tomada, esta medida, reclamada por el Fondo Monetario Internacional, se constituiría en un nuevo factor de conflicto al interior de la ya deteriorada coalición oficialista.