LUNES Ť 12 Ť MARZO Ť 2001

Ť Detecta la Auditoría Superior de la Federación varias irregularidades

Serán presentadas diez denuncias contra funcionarios de la administración de Zedillo

Ť Posible desvío de recursos públicos y falsificación de documentos Ť Complicidad con familiares, otro de los delitos Ť Tenemos todos los elementos probatorios: Guerrero Pozas

CIRO PEREZ SILVA Y DAVID APONTE

La Auditoría Superior de la Federación presentará en las próximas semanas al menos diez denuncias penales contra funcionarios de la administración de Ernesto Zedillo, por el desvío de recursos públicos y falsificación de documentos, entre otros delitos, informó el titular de este órgano de la Cámara de Diputados, Gregorio Guerrero Pozas.

Precisó que la primera de estas diez denuncias se concretará a finales del presente mes. En este caso, explica, se documentó la complicidad entre el funcionario de una entidad del gobierno federal y un familiar de éste, mientras que de los otros nueve casos ''ya tenemos casi todos los elementos probatorios para denunciar este tipo de asuntos'', dijo.

En entrevista con La Jornada, Guerrero Pozas confirmó que los asuntos que documenta la Auditoría Superior de la Federación ''son de montos importantes'' y recordó que sólo el año pasado se logró recuperar para el erario poco más de 700 millones de pesos a partir de una revisión minuciosa del destino que las dependencias dan a los recursos.

''Nuestra intención es tener todo muy bien soportado, porque ya ven lo que pasa en estos casos, que se hace nada más la denuncia y como no se tienen todos los elementos para soportarlas bien, al rato con cualquier situación jurídica la pueden echar para abajo. Entonces, estamos armando muy bien este tipo de situaciones, pero yo sí les adelantaría que este año va a ser de anuncios importantes, de revisiones que nosotros hemos estado haciendo'', aseguró.

El responsable de auditar al Poder Ejecutivo precisó que los delitos encontrados en la revisión de la Cuenta Pública son de varios tipos. En algunos casos se trata de funcionarios que contratan a un familiar para otorgarle determinados trabajos o para convertirlo en proveedor de determinada dependencia. A través de las auditorías, explica, se comprueba que el costo de primera mano del trabajo o del producto es tres veces menor al que paga la dependencia.

''Verificamos los costos iniciales de esto y encontramos que esa intermediación implica una irregularidad y un costo elevado para la institución que lo está haciendo, pero además hay otra irregularidad, al existir un parentesco entre el proveedor y el funcionario; es una situación que estamos viendo y hay algunas otras que van desde falsedad de datos en facturas hasta contubernios entre las personas que compran y los proveedores''.

Otros asuntos, señala, son ''errores aritméticos y siempre en contra de la institución. Yo lo que supongo es que dicen 'como que nos equivocamos en las operaciones aritméticas y si nos descubren pues devuelves, y si no, ya no hubo ningún problema'. En la misma situación se encuentran los concursos para la asignación de obras públicas, al no plantearse bien a propósito el trabajo a realizar''.

De esta manera, agrega, el contratista y el funcionario acuerdan antes del concurso condiciones diferentes para que el primero pueda ganar a partir de ofrecer el precio más bajo de la licitación. Una vez que se inicia el trabajo, el contratista exige una compensación en virtud de que los requerimientos para realizar el trabajo son distintos a los especificados en el concurso.

''Sinceramente, en ese sentido estoy muy optimista, porque aunque no ha sido un proceso rápido, como ustedes lo entenderán, mover a una institución de estas características, sí hemos creado en los auditores esa forma de revisión que va más a profundidad'', sostiene Guerrero Pozas.

Aunque este tipo de resultados no son nuevos, no se habían presentado denuncias similares desde 1982. Ello en virtud de que el entonces contador mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados era nombrado por el Presidente de la República en turno, a través de su mayoría en el Congreso. Situación que cambió desde la pasada legislatura, al incrementarse el número de diputados de oposición, convirtiéndose en un verdadero contrapeso a las decisiones presidenciales, afirma el auditor.

Las diez denuncias, explicó, son el resultado de la revisión de las cuentas públicas de 98 y 99, aunque con la modificación a la ley este año se revisarán tres ejercicios. Continuarán con la revisión de la Cuenta Pública de 1999, 2000, y entre agosto y septiembre estarán en condiciones de iniciar la revisión de la primera parte de 2001.

Guerrero Pozas consideró que ''es un buen momento para que la fiscalización tome un lugar importante en todo lo que es la propia reforma del Estado.

''Creo que los esfuerzos que haga el Poder Ejecutivo, a través de la Secodam o a través de las contralorías internas de todas las dependencias y entidades, nos va a llevar al mismo fin: a que realmente los funcionarios públicos que manejan recursos sepan que están vigilados; que si no los manejan bien pueden tener, ahora sí, descalabros de mayores consecuencias'', concluyó.