DOMINGO Ť 11 Ť MARZO Ť 2001
Ť Será emprendido por la Secretaría de la Reforma Agraria con asistencia de la FAO
La Central de Organizaciones Campesinas y Populares rechaza la aplicación del programa Mercado de Tierras
CAROLINA GOMEZ MENA
El programa Mercado de Tierras, que emprenderá la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) con asistencia técnica y financiera del organismo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), ''no es más que la continuación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), creado e iniciado en el gobierno de Carlos Salinas, que tiene como único propósito incorporar la tierra a la política económica neoliberal, lo que ha provocado que se despojara a miles de ejidatarios y comuneros de sus terrenos con el argumento de que son minifundios improductivos''.
En virtud de lo anterior, la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCP) rechaza la instalación del citado proyecto, pues ''significa continuar con la política anticampesina y antinacional emprendida por los gobiernos neoliberales del PRI'', y solicitó al gobierno federal suspender estos programas y reinstalar los anteriores títulos parcelarios.
José Jacobo Femat, presidente del comité ejecutivo de la COCP, puntualizó que después de siete años de aplicación del Procede, éste ''no ha generado ningún beneficio para los campesinos'', pero sí para las empresas privadas, que con estas ventas han acumulado ''cientos de miles de hectáreas de los principales distritos de riego del país''.
Dijo que esto se ha traducido en la formación de nuevos latifundios propiedad de grandes capitales nacionales y extranjeros, que han sido los principales beneficiarios de una política gubernamental agraria ''que tiene al campo en abandono y al campesinado en total empobrecimiento''.
El programa Mercado de Tierras fue anunciado el lunes pasado, cuando se firmó el convenio de cooperación entre la FAO y la SRA. En esa ocasión, la titular de la dependencia, María Teresa Herrera, aseveró que la finalidad del plan es mejorar las condiciones de explotación productiva y sustentable del campo nacional para terminar con la pobreza.
Para la COCP, estas ''aparentes'' buenas intenciones son parte de una estrategia que busca ''confundir a la opinión pública'' al ocultar los verdaderos objetivos del mercado de tierras, es decir, ''despojar a los campesinos más pobres de sus terrenos, calificando de improductivos al ejido y a la comunidad''.
Ante esto, la organización campesina demanda al Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de Agricultura, establezca una política de empleo para el sector, aporte recursos para renovar la infraestructura de producción agropecuaria y en suma inyecte mayor presupuesto al agro. Esto, afirmó, en lugar de ''inventar improductividad del minifundio campesino''.
Luego de señalar que la actuación del gobierno deja entrever que la propiedad rural nacional es ''un obstáculo para la inversión privada, sin la cual aparentemente, según el gobierno, no se puede hacer rentable al campo'', el dirigente campesino precisó que para acelerar el proceso de reconversión de la estructura agraria (de social a privada) se ha ''presionado a los campesinos para que a cambio del subsidio del Procampo acepten el Procede''.