Ť Recuento de acciones durante los primeros cien días de la presente administración

Diseñar un nuevo modelo de procuración de justicia, el reto que enfrenta la PGR

Ť Sus funcionarios la consideran la institución más vulnerada por la corrupción, el crimen y el narco

GUSTAVO CASTILLO Y JUAN A. ZUÑIGA

Considerada por sus propios funcionarios como la institución más vulnerada por corrupción, narcotráfico y crimen organizado, la Procuraduría General de la República ha intentado en los primeros cien días de esta administración reordenar sus fuerzas, modificar su estructura y crear una nueva filosofía: ''Diseñar y construir un nuevo modelo de procuración de justicia'', apoyado en investigaciones de carácter científico y la profesionalización de sus cuadros.

Pero el enemigo, ''que está en casa'', no da ni pide cuartel, y en estos primeros cien días la PGR ha recibido descalabros jurídicos, la renuncia de uno de sus funcionarios de más alto nivel, una recomendación de la CNDH y vive una crisis de confianza interna derivada del supuesto involucramiento de un subprocurador en actos delictivos. Además, ha padecido la fuga de un ex subdelegado ?implicado en actos de corrupción y lavado de dinero del narcotráfico?, cuando estaba sometido a arraigo.

Dos casos ilustran lo que ha sido el inicio de la administración del presidente Vicente Fox, por cuanto hace a la PGR: la presunta venta de plazas entre el ex delegado y el ex subdelegado en Chihuahua, y la investigación de la fuga de El Chapo Guzmán.

Pese a todo, la restructuración de la PGR avanza, según el recuento que la dependencia entregó a la Presidencia, y del cual La Jornada posee copia.

Caso Chihuahua

El 30 de diciembre de 2000 se inició una investigación en la que se involucró a tres funcionarios: un delegado, Norberto Suárez Rivera, hoy preso y sujeto a juicio, acusado de lavado de dinero; un subdelegado, José Manuel Díaz Pérez, prófugo desde el 15 de febrero, y un subprocurador, Alfonso Navarrete Prida. El motivo, la supuesta venta de plazas en Chihuahua.

El delegado y el subdelegado fueron detenidos y arraigados en una casa de seguridad en Tlalpan. Díaz Pérez se evadió. Suárez Rivera fue torturado por agentes de la PJF el 27 de febrero y el 28 internado en Almoloya.

Navarrete Prida quedó sujeto a investigación. Los primeros días de enero, su oficina fue cateada, sus documentos revisados, su agenda y llamadas sometidas a estudio por parte del hasta entonces titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), José Trinidad Larrieta Carrasco, y varios agentes de la Policía Judicial Federal y del Ministerio Público Federal. Hasta el 6 de marzo fue exonerado de cualquier cargo.

El 15 de febrero, se fuga Díaz Pérez. Ese mismo día, el procurador Rafael Macedo de la Concha ordena la intervención técnico-jurídica y administrativa de la UEDO. La investigación de la supuesta venta de plazas trajo consigo una ''crisis de confianza'' entre los altos mandos de la PGR, que estalló el 16 de febrero durante una reunión de staff.

El encuentro, que duró más de cuatro horas, ''se convirtió en mesa de discusión, de intercambio de recriminaciones y respuestas''. El subprocurador Navarrete Prida ''quemó sus naves''. Presentó de manera pública ''por tercera ocasión su renuncia''. Esta no le fue aceptada.

Al final, se decidió la creación de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), que sustituirá a la actual Policía Judicial Federal y ?dijeron los informantes? acordaron ''nuevos criterios de actuación y operación en todas las áreas para evitar descalabros que pongan en riesgo la efectividad de la labor que desarrolla la institución''.

Las investigaciones sobre la venta de plazas evidenciaron la existencia de filtraciones informativas, y en los medios de comunicación se difundió un supuesto enfrentamiento entre Navarrete y Larrieta. El ahora ex titular de la UEDO renunció el 26 de febrero. Se encuentra sujeto a investigación, ya que presuntamente se reunió y cenó con el ex subdelegado Díaz Pérez, bajo arraigo, dos días antes de que se fugara.

Navarrete Prida ?se menciona en círculos oficiales de la PGR? podría renunciar esta semana.

El adiós de El Chapo

La evasión de El Chapo Guzmán provocó la detención de 77 custodios del penal ?hasta entonces? de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, y la del director de ese centro penitenciario, Leonardo Beltrán Santana.

La fuga ocurrió el 19 de enero. Desde el día 20 de ese mes y hasta el 30 de enero, inicialmente 194 personas ?según la CNDH? permanecieron retenidas ilegalmente en esa prisión por órdenes de personal de la UEDO, violando sus garantías jurídicas y además sus derechos individuales, al no permitírseles que contaran con abogados o personas de su confianza durante los interrogatorios.

Los días 26 y 27 de enero, la UEDO solicitó al juez cuarto de distrito con sede en el Distrito Federal el arraigo para 78 personas por 60 días. El 27 de enero, la unidad solicitó al mismo juez una orden de recaptura contra El Chapo Guzmán, y el 6 de febrero se conoció que, por fallas jurídicas del Ministerio Público Federal, se le negó la orden.

A partir del 27 de enero, 78 personas quedaron arraigadas durante 60 días en el hotel Fontan, de la ciudad de México; 19 de ellas fueron liberadas entre el 6 y el 15 de febrero.

La CNDH emitió el 19 de febrero una recomendación ?que a la fecha no ha sido aceptada oficialmente?, en la cual solicitó a la PGR abriera averiguaciones previas contra los funcionarios responsables de esas violaciones.

El 21 de febrero, el Ministerio Público solicitó el libramiento de las órdenes de aprehensión contra los implicados en la fuga. El juez cuarto negó ese recurso judicial por fallas de técnica jurídica en la integración de los expedientes. La averiguación previa carecía de sellos y firmas. La UEDO tuvo que corregir. Al día siguiente, 58 custodios y el ex director del penal fueron consignados ante el juez cuarto de distrito, acusados de evasión de reo y cohecho.

Desde el inicio de la gestión de Rafael Macedo de la Concha la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (Feads) está acéfala. Y desde los primeros días de enero solicitó a la Secretaría de la Contraloría una auditoría integral a la PGR. Esta aún no concluye.

En contrapartida, el informe de resultados de la PGR en los primeros cien días de este gobierno destaca el esfuerzo realizado para modificar su estructura, fortalecer su equipamiento, afianzar la coordinación de acciones con los gobiernos estatales y municipales, así como con otros países y organismos internacionales.

Se trata, indica, de construir ''un nuevo modelo de procuración de justicia que tenga como eje central la cientifización del Ministerio Público'', y de modificar la política que le caracterizó por décadas ''de atender los asuntos coyunturales, que no siempre son los más importantes, lo que ha provocado ciertos descuidos en los asuntos de tipo estructural''.

Menciona la suscripción de convenios de colaboración, durante este periodo, con los gobiernos de Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa y Tamaulipas, para apoyar acciones conjuntas, prevención del delito y cumplimiento de órdenes judiciales.

Reporta sobre el inicio de los trabajos para la conformación de bancos únicos de datos, para contar con un sistema integral de información, y también de la integración de una ''agenda de riesgos de la institución'' para estar preparados ''ante eventualidades que pudieran afectar la labor institucional y aplicar medidas emergentes para enfrentarlas y resolverlas''.

Señala que en los primeros cien días egresaron del Instituto de Capacitación 103 agentes judiciales, 78 investigadores en delitos federales y 21 peritos técnicos en criminalística; detalla asimismo la dotación de equipo médico forense a las 31 delegaciones estatales. En cuanto a la Feads, se aseguraron 142.5 toneladas de mariguana, 4.2 toneladas de cocaína, 65 kilogramos de heroína, 52 kilos de goma de opio, 107.6 kilogramos de metanfetaminas y 459 mil 900 pastillas psicotrópicas.