DOMINGO Ť 11 Ť MARZO Ť 2001

Ť Llama Armando Quintero a contrarrestar embate

Presiona la derecha para invalidar las reformas en materia de aborto

GABRIELA ROMERO SANCHEZ

Armando Quintero Martínez, coordinador de la bancada perredista en la Asamblea Legislativa del DF, urgió a militantes del PRD y de organizaciones de maestros y de mujeres a contrarrestar la presión que han empezado a ejercer grupos "reaccionarios y de derecha" sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el propósito de que los magistrados den marcha atrás a las reformas al Código Penal en materia de aborto y a la Ley de Educación del Distrito Federal, aprobadas por la anterior legislatura.

Al rendir el informe de la fracción perredista en la Asamblea Legislativa ante el pleno del cuarto Consejo Estatal del PRD-DF, Quintero Martínez comentó que los panistas están presionando fuertemente a la SCJN para que el fallo a la controversia que presentaron PAN y PVEM relacionada con las causales de aborto le sea favorable. "Están visitando a los magistrados, ejerciendo su derecho mediante el recurso conocido como 'alegato de oreja', algo que nosotros debemos hacer también", instó.

Cuestionado sobre las acciones que se podrían emprender, Quintero Martínez respondió que pueden ir desde reuniones con los magistrados, organizar foros en la materia, hasta la movilización. "La idea es poner el tema sobre la mesa".

Hace dos semanas, el senador panista Fauzi Hamdan, uno de los responsables de dar seguimiento al recurso de inconstitucional que presentaron en septiembre de 2000 PAN y PVEM ante la SCJN contra las reformas aprobadas el 18 de agosto por la ALDF en materia de aborto, al Código Penal del DF y su respectivo de procedimientos, admitió que se había reunido con la magistrada ponente, en uso del recurso del "alegato de oreja".

El senador panista aclaró, que pese a los rumores, todavía no se elaboraba el proyecto de resolución y la decisión podría tardar mínimo dos meses más.

Cabe recordar que la iniciativa de reforma y adiciones al Código Penal, para despenalizar el aborto en casos de riesgo grave para la salud de la mujer, o cuando el producto presente malformaciones físicas y genéticas, o por inseminación artificial no consentida, se aprobó con 41 votos a favor, de PRD, PRI y PT. Siete de los 11 diputados del PAN que integraban la anterior legislatura, votaron en contra, y se registró una abstención.

Los artículos del Código Penal modificados fueron el 334, en el que se establece que todas las instituciones de salud tienen la obligación de proporcionar a las interesadas información objetiva, veraz y suficiente sobre los riesgos, consecuencias y efectos del aborto, y el 131 Bis, del Código de Procedimientos Penales, en el que se faculta al Ministerio Público a autorizar, en un término de 24 horas, la interrupción del embarazo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 334, fracción I del Código Penal, cuando exista denuncia por violación, la víctima declare la existencia del embarazo y esto se compruebe en cualquier institución oficial de salud.

En el caso de la Ley de Educación del Distrito Federal, aprobada el 8 de abril de 2000 por el pleno de la Asamblea, fue el entonces presidente Ernesto Zedillo quien a través del secretario de Educación Pública, inició una controversia constitucional con el objeto de declarar la invalidez de esta legislación.

El ex diputado local Rigoberto Nieto López, promotor de la citada ley en su calidad de presidente de la Comisión de Educación de la ALDF, hizo un llamado a los ciudadanos, a los intelectuales y al magisterio para que se opongan a esta "arbitraria e inconstitucional pretensión".

Nieto López puntualizó que esta ley fue producto de una consulta de más de dos años con diversos sectores de la población. "Esta norma es reconocida como la más avanzada y progresista de la República Mexicana, porque entre otros preceptos establece la obligación de que el Gobierno del Distrito Federal imparta a todos los habitantes de la ciudad de México educación prescolar, primaria, secundaria y media superior.

"Dispone la gratuidad de los servicios educativos que imparte la administración local en todos los tipos, niveles y modalidades; promueve el reconocimiento de los derechos educativos de las minorías y de los discapacitados, entre otras cosas", argumentó.