domingo Ť 11 Ť marzo Ť 2001

Antonio Gershenson

Caciquismo y grupos locales de poder

Tres conjuntos de noticias de los últimos dos o tres días tienen un fondo común. Una es la presencia de los principales dirigentes del EZLN en la ciudad de México con sus secuelas. Luego, están los recientes sucesos relacionados con el proceso electoral en Yucatán. Por último está el acuerdo ayer anunciado con el que la Suprema Corte de Justicia anula la "reforma constitucional" tabasqueña que prolongaba de seis a 18 meses el plazo para convocar a elecciones al faltar gobernador por la anulación de las elecciones.

En los tres casos tenemos la presencia de grupos locales o regionales de poder, con algo a lo que se ha dado el nombre de caciquismo. En estos grupos se conjuga un poder económico con un poder político. El uso de los recursos públicos, no sólo en el momento de las elecciones para lo que se ha llamado compra del voto, sino para repartir favores a cambio de lealtades, es sólo una de las formas en las que lo económico y lo político se entrelazan con una estructura social corporativa que controla a una parte considerable de la población.

Estas fuerzas locales o regionales han sido un elemento importante dentro del PRI. Le aseguran votaciones masivas que durante un tiempo pudieron compensar votaciones desfavorables a ese partido en las principales ciudades del país. Sin embargo, el pasado 2 de julio eso no fue suficiente para impedir la derrota de ese partido en la elección nacional. La pérdida del apoyo directo del gobierno federal, en un país tan centralista y tan presidencialista, representó un serio golpe para esos grupos, pero eso no evitó que siguieran defendiendo el poder local por todos los medios a su alcance.

Sin embargo, esta resistencia no pudo impedir que el PRI perdiera las elecciones de gobernador en Chiapas, con lo que se abrió el proceso que está permitiendo posibilidades de concretar acuerdos de paz. No pudo impedir que se anulara el fraude electoral, y luego la supuesta reforma constitucional, en Tabasco; ni tampoco que la justicia federal esté afectando repetidamente las maniobras de los grupos priístas locales en Yucatán para conservar el poder estatal a toda costa.

El que haya posibilidades de concretar una paz, con los cambios económicos y sociales más indispensables, en Chiapas, no quiere decir que esto se pueda dar rápidamente. En un plazo corto, digamos de semanas, se podrá en el mejor de los casos aprobar una ley basada en el escrito de la Cocopa. Pero la polarización a la que se ha llegado en Chiapas, no sólo la directamente relacionada con el caciquismo, sino la que se ha dado entre grupos étnicos, entre católicos y evangélicos, entre partidarios de diferentes opciones políticas o político sociales, no se resuelve rápidamente, sino sólo con un proceso de trabajo paciente y con medidas que ataquen las bases económicas de los problemas y que generen fuentes de trabajo. Se requiere construir una economía que no dependa de los caciques. Se requieren acuerdos.