Ť El presidente Fernando de la Rúa completó por fin la renovación de su gabinete

La fiscalía no apelará la resolución sobre leyes exculpatorias argentinas

Ť La inconstitucionalidad de las dos legislaciones que indultaron a militares de la dictadura encontrará sus trabas en la Suprema Corte y entre los partidos políticos, estiman analistas
 

DPA, REUTERS, AFP Y AP

Buenos Aires, 9 de marzo. La fiscalía no apelará la resolución dictada esta semana por el juez federal Gabriel Cavallo, que declaró la "inconstitucionalidad y nulidad insalvable" de las leyes de Obediencia Civil y Punto Final, y que en su momento exculparon a cientos de militares de juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, señalaron fuentes del ministerio público.

En este contexto, el presidente Fernando de la Rúa completó este viernes la restructuración de su gabinete al designar a Ricardo Mitre, del Frente País Solidario (Frepaso), como secretario general de la presidencia.

Si bien los fiscales Luis Camparatore y Patricio Everes declinaron anticipar cuál será la determinación que adopten allegados a la fiscalía, consideraron que el ministerio público no "cuestionaría lo resuelto por Cavallo tras vencer el plazo para la apelación, el próximo lunes, a las dos primeras horas hábiles.

De su lado, la abogada de entidades de derechos humanos, María Elba Martínez, estimó que la juez federal de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, se inclinará en el mismo sentido que Cavallo, por la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final.

La magistrada debe pronunciarse sobre un recurso presentado el año pasado en una causa por la desaparición de personas en esa provincia durante la última dictadura. El recurso fue presentado por la abogada Martínez junto al actual titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, al igual que se hizo en la causa que lleva adelante el juez Cavallo.

A decir de analistas, el fallo de Cavallo podría prosperar jurídicamente pero también encontraría trabas políticas. "Me parece que el fallo será confirmado por la sala 2 de la Cámara Federal (de Casación), que ya tiene una declaración en ese sentido, y  supongo que después la Corte Suprema, de algún modo, va a frenarlo", pronosticó el abogado Luis Moreno Ocampo, uno de los fiscales del juicio de 1985 a los líderes de la última dictadura. 

En 1987, el máximo tribunal se expresó en favor de la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, y ese precedente, llegado el caso, podría ser utilizado en esta ocasión, bajo el argumento de que ese tema ya está resuelto, indicó Moreno.

Otro obstáculo que podría enfrentar el fallo es la resistencia en los principales partidos políticos del país, como la Unión Cívica Radical (UCR), del presidente de la Rúa, y el opositor Partido Justicialista.

"Los dos partidos mayoritarios: el peronismo del ex presidente Carlos Menem, que dio los perdones, y el radicalismo, que impulsó estas leyes, tienen una política definida que no va a permitir que esto avance", añadió el abogado.

Por su parte, el abogado Ricardo Monner dijo que la decisión de la Corte va a depender del grado de conciencia y movilización social que exista alrededor de este tema que, por suerte, señaló, va creciendo en el país.

Por lo pronto, uno de los afectados por la resolución del juez Cavallo, el presunto represor Julio Simón, el Turco Julián, apelará el fallo que anuló las leyes con una suerte de pedido de per saltum a la Corte Suprema de Justicia, informó la agencia argentina DyN.

Fuentes vinculadas a la causa de Simón confirmaron que el ex agente de la Policía Federal, quien actuó en el Centro de Detención de El Olimpo, basará su recurso para que intervenga la Corte en el artículo quinto de la ley de Obediencia Debida, a fin de evitar los pasos intermedios de apelación en las Cámara Federal y la Nacional de Casación Penal.

El Turco Julián está detenido y procesado por el robo de Claudia Victoria Poblete cuando tenía ocho meses de edad, y el jueves próximo deberá prestar declaración indagatoria como imputado ante Cavallo por el secuestro de los padres de la niña, José Poblete y Gertrudis Hlaczik, casos que dieron pie a la decisión del juez de declarar la inconstitucionalidad de las dos mencionadas leyes.

A su vez, el jefe de la armada, almirante Joaquín Stella, afirmó hoy que la decisión de Cavallo es un obstáculo en la búsqueda de la reconciliación nacional.

Mientras tanto, el presidente De la Rúa concluyó la formación de su gabinete con la designación de Mitre como secretario general de la presidencia, y de Graciela Fernández Meijide, también del Frepaso y quien renunció anoche a la cartera de Desarrollo Social, en la vicejefatura de Gabinete, un puesto sin mucho peso en la estructura de poder. El lugar de Meijide fue ocupado por Marcos Makón.

El ministro de Economía, Ricardo López Murphy, en tanto, ultimaba hoy los detalles de su drástico programa de austeridad, que comprende fuertes recortes en el gasto público, y junto con su equipo de colaboradores, anunciado anoche, pretende llevar adelante "una reforma integral del Estado", informó el diario La Nación.

El embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, James Walsh, dijo este día que el gobierno de su país apoya la política económica de Argentina y a su nuevo ministro de Economía.

En otro asunto, la cancillería argentina aplaudió la decisión de Gran Bretaña de proceder al retiro, el 22 de marzo, del contingente militar destacado hace 19 años en las islas Georgias del Sur y remplazar al destacamento de 23 soldados por un equipo de investigadores civiles que realizará trabajos ambientalistas, particularmente para ayudar al desarrollo de la pesca.

Londres informó, no obstante, que el comandante de las fuerzas militares británicas en las islas Malvinas, que no fue identificado, continuará siendo el responsable de la seguridad de las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur.