sabado Ť 10 Ť marzo Ť 2001

Magdalena Gómez

Carta a los legisladores y a las legisladoras

La iniciativa de Cocopa presentada por Fox al Congreso de la Unión deberá ser dictaminada en los próximos días. De parte del EZLN, del movimiento indígena y de la sociedad civil se ha hecho todo por defenderla y demandar su aprobación. Por ello, legisladores y legisladoras deberán responder a conciencia, y a título individual, a una pregunta clave: Ƒestán de acuerdo con el reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas?

Aceptarlo significa asumir que es insuficiente el contenido del actual artículo 4Ɔ constitucional, párrafo primero, porque no reconoce autonomía como sujeto de derechos a los pueblos indígenas ni les concede facultades que le den contenido a la misma. También significa aceptar que es necesario reconocer rango constitucional a esos derechos para provocar la revisión legislativa, a fin de que nuestro país refleje en su orden jurídico la pluriculturalidad que está en su naturaleza como nación.

Una vez de acuerdo en la postura de fondo, habrá que proceder a realizar una lectura detallada del texto de la iniciativa mencionada, cuidando que no le traicionen los fantasmas discriminatorios que entrañan al principio de igualdad jurídica, el cual supone homogeneidad. Ojalá que no les invada el temor de que la diferencia cultural y la autonomía de los pueblos indígenas constituye un atentado a la unidad nacional que, como gustan decir los detractores de los derechos indígenas, "tanto trabajo nos ha costado".

Algo muy importante será cuidarse de sus consejeros, sobre todo si son juristas, y miren que se los dice una abogada que en su defensa sólo puede alegar que han sido los pueblos indígenas quienes más le han enseñado de la filosofía profunda del derecho y de la legitimidad que se mantiene a contrapelo de la legalidad que para ellos, hasta ahora, ha sido sinónimo de exclusión.

Recuerden que los mexicanos y las mexicanas hemos sido formados en una tradición liberal y en el apego al mestizaje como sinónimo de la identidad nacional. Reconozcan, sin culpa alguna, que en lo general desconocemos que existe una realidad social que se ha mantenido a costa de la voluntad colectiva de unos pueblos que para mantener su legitimidad han practicado persistentemente la ilegalidad frente al orden jurídico nacional.

Porque ilegales han sido sus formas de gobierno indígena, sus normas para utilizar recursos naturales en sus tierras y territorios, su cosmovisión, sus lenguas, sus formas de organización social y política, sus sistemas normativos de resolución de conflictos, entre tantos aspectos importantes relacionados con su cultura y su naturaleza de pueblos que han practicado funciones públicas, aun cuando el orden jurídico los considera población, simple suma de ciudadanos a los que ha llegado a reconocer que por "extrañas razones" coinciden con los que habitan en regiones de extrema pobreza. Y ante esta realidad, el Estado mexicano decidió que la solución para el llamado "problema indígena" radicaba en integrarlos a la mal llamada civilización.

Para ayudarles en la decisión trascendente que habrán de tomar al emitir su voto, bien pueden leer los textos de las reformas constitucionales, ya aprobados en otros países de América Latina, y darse cuenta de que ellos han avanzado en este complejo problema de recomponer y refundar el orden jurídico que nació viciado de origen al negar parte importante de su realidad social. Ni más ni menos que la que se ubica en sus orígenes. Pueden constatar que en esos países se vive un difícil proceso para ejercer los derechos reconocidos, porque la norma constitucional por sí sola no opera magia alguna. Sin embargo, darán cuenta que ningún Estado que ha reconocido autonomía a los pueblos indígenas se ha desintegrado o balcanizado.

Estas reflexiones les permitirán razonar sus dudas e inquietudes frente al texto de la iniciativa de Cocopa de manera distinta a quienes simplemente ocultan su rechazo a los derechos de los pueblos indígenas y su racismo bajo "argumentos" de técnica jurídica, o frente a quienes olvidan el sentido que tiene reconocer la naturaleza pluricultural de la nación y alegan que hay entidades federativas que "felizmente" ya no tienen ese problema al no tener indígenas. A otros les preocupa qué va a pasar con aquellos que tienen propiedades en territorios indígenas; algunos más piensan que se debe municipalizar el derecho indígena. Estos son ejemplos, entre muchos, que ocultan la razón de fondo: el rechazo a que los pueblos indígenas encuentren su lugar en la carta fundamental sin sacrificio de sus culturas.

En síntesis, es muy diferente buscar solución jurídica a situaciones que aparezcan imprecisas desde la óptica de la aceptación al derecho indígena, que desde su rechazo, porque primero están los lentes ideológicos y eso cambia el color de los jurídicos. Seguramente estarán de acuerdo en que colocar a los movimientos sociales en el plano de ejercicio de derechos es cualitativamente diferente para sociedades que aspiran a un Estado democrático de derecho.