SABADO Ť 10 Ť MARZO Ť 2001

Ť Interpone recurso de amparo; los argumentos, contundentes: abogados del gobierno

Pide el Centro Pro revocar condena a ecologistas

Ť Detalla defensor de esa ONG reunión con funcionarios; Fox expresó su interés de velar por las garantías Ť Documenta en la solicitud irregularidades en el proceso a Montiel y Cabrera

VICTOR BALLINAS

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez interpuso un recurso de amparo para revocar la condena a los ecologistas presos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, quienes se encuentran en cautiverio desde el 2 de mayo de 1999, y purgan condenas de 6 y 10 años, respectivamente.

Mario Patrón, abogado de ese centro y uno de los encargados de elaborar la solicitud de amparo, manifestó que en una reunión de defensores de la asociación con juristas de la Presidencia, la Secretaría de Gobernación y la cancillería, para analizar los argumentos que fundan el motivo del amparo, éstos opinaron que son contundentes.

La mesa de trabajo de los abogados del gobierno y del centro de derechos humanos para revisar el caso de los ecologistas presos de Guerrero se integró el 6 de febrero, cuando el presidente Vicente Fox recibió en Los Pinos a los dirigentes del Pro Juárez, a la esposa de Montiel, Ubalda Cortés, a los dirigentes de la organización Sierra Club, y a Ethel Kennedy.

Ese día -el 6 de febrero-, estuvieron en la reunión, por parte del gobierno federal, el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Lichtinger; el director jurídico de la Presidencia, José Luis Reyes, y la embajadora especial de derechos humanos, Marie Claire Acosta.

De acuerdo con información del centro, Lichtinger le dijo al Presidente que en el proceso había un cúmulo de irregularidades, y que "los detenidos no son responsables de los cargos que se les imputan". Fox pidió en esa ocasión que Reyes revisara el expediente, y recomendó que se recurriera al amparo, porque ya no había otra vía para resolver el caso.

Los defensores destacaron el hecho de que el presidente Ernesto Zedillo nunca quiso conocer del asunto. "Una y otra vez se le pidió audiencia; se le enviaron informes, mismos que no quiso atender".

Fox, dijeron, "nos dio cita y ahí conocimos sus impresiones. Nos dijo: 'mi gobierno tiene el interés de velar por el respeto a las garantías; no se cometerán injusticias', y pidió a Gobernación que revisara el expediente".

Contradicciones de militares

Los abogados del Pro Juárez argumentan en su solicitud de amparo que en el proceso a los campesinos ecologistas se violaron los artículos 14, 16, 20, 129 y 133 de la Constitución, así como diversos numerales de convenciones y tratados en materia de derechos humanos.

Según los abogados, los detenidos fueron torturados, se sembraron pruebas y militares catearon domicilios sin orden judicial.

Patrón señaló que en los careos e interrogatorios que la asociación efectuó a los militares que detuvieron a los campesinos ecologistas se advierten evidentes contradicciones que hacen inverosímiles sus acusaciones; no pudieron precisar datos esenciales, como la hora en que aprehendieron a los ecologistas, la ubicación del plantío de mariguana, y el calibre y las características de las armas que supuestamente poseían los campesinos.

Sin embargo, lo que sí quedó probado y aceptado por los militares fue que "Montiel y Cabrera estuvieron incomunicados y detenidos por cinco días en las instalaciones de 40 Batallón de Infantería con sede en Ciudad Altamirano, Guerrero'', y en ese lugar fueron interrogados, no por un Ministerio Público, sino por los militares; después, éstos llamaron a un agente de la representación social que tomó "la declaración" de los detenidos, no en la Procuraduría de Justicia o en una agencia investigadora, sino en las instalaciones militares.

Los campesinos, asegura el Pro Juárez, "tampoco contaron, en ningún momento, con un abogado durante la fase de averiguación previa y durante las primeras actuaciones ante el órgano jurisdiccional. Los supuestos defensores de oficio reconocieron en interrogatorio que no conocían los delitos que se les imputaban a los dos detenidos, que no los asesoraron y que sólo hablaron un minuto con ellos; incluso manifestaron que desconocen quiénes estuvieron presentes en el momento de la declaración".

El centro sostiene: ''los militares violaron la ley, porque en ningún apartado se dice que los militares son auxiliares del Ministerio Público, además de que de manera ilegal retuvieron por cinco días incomunicados a los detenidos en sus instalaciones en lugar de trasladarlos al Ministerio Público''.

La recomendación de la CNDH, toral

La recomendación 8/2000 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es toral, pues en ella se describen los hechos, y aunque no señala si son culpables o inocentes los militares, porque ese no es su papel, sí aportan elementos de prueba de que los efectivos detuvieron de manera ilegal a los campesinos.

Además, la CNDH informó en su recomendación que la Sedena no le entregó la documentación solicitada, por lo cual, "hay responsabilidades en esa dependencia que deben ser investigadas".

Patrón esperan que en mes y medio o dos se pueda resolver el amparo, pero igual pudiera extenderse hasta nueve meses; en caso de que sea negado, se recurrirá a las instancias internacionales, como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana.