viernes Ť 9 Ť marzo Ť 2001
Silvia Gómez Tagle
Los indios que llegaron para quedarse
Los zapatistas comenzaron su viaje el primero de enero de 1994, cuando le declararon la guerra al gobierno federal, entonces encabezado por Salinas de Gortari. Es una historia que viene a cuento porque, aun cuando suena contradictorio que un movimiento armado permita avanzar en un proceso de democratización, para muchos que participamos en las innumerables jornadas de discusión para las reformas electorales, fue evidente que la presencia del EZLN obligó al gobierno a ceder en aspectos en los que los movimientos cívicos y los partidos, principalmente que ejerció el PRD, ha-bían fracasado durante el sexenio salinista.
Esa irrupción del EZLN en la política nacional marcó el punto de quiebre de una hegemonía priísta que Salinas de Gortari había recuperado, después de las cuestionadas elecciones presidenciales de 1988, a través de una falsa imagen virtual de un México de Primer Mundo, que logró proyectar a los medios de comunicación y marcó el inicio de una serie de cambios políticos que culminaron con la alternancia en la Presidencia de la República el 2 de julio pasado. No sólo ahora los pueblos indios han jugado un papel importante en las grandes revoluciones mexicanas del siglo XIX y del XX.
Por ello, la consolidación de un régimen democrático en México tiene que empezar por reconocer, explícitamente, el papel central que ellos han jugado en nuestra historia y la impostergable necesidad de poner en un primer plano a los pueblos indios en el contexto nacional para definir el nuevo marco constitucional de un Estado democrático, multicultural y pluriétnico.
La reforma del Estado que considere estas condiciones supone cambios estructurales profundos porque implica a su vez una visión distinta del ejercicio del poder, de la impartición de justicia, y en general del concepto de nación, de la que ha predominado hasta ahora con una lógica liberal.
La presencia del EZLN en esta capital ha puesto de nuevo la discusión de los derechos de los pueblos indios en un primer plano. De nuevo han surgido las reflexiones en torno a las contradicciones que podría generar la aprobación de la iniciativa de reforma constitucional de la Cocopa.
Parece haber tres vertientes fundamentales de este proyecto que despiertan inquietudes, porque tocan intereses concretos de muchos sectores: los problemas relacionados con la tenencia de la tierra, dado que en el proyecto de la Cocopa se menciona explíticitamente el control sobre el territorio y sus recursos; los problemas relacionados con el poder político en la medida en que la autonomía de los pueblos podría interpretarse como un nuevo "nivel de gobierno"; y la competencia de las autoridades de estos pueblos, elegidas por "usos y costumbres", para juzgar delitos y aplicar su ley. También hay inquietud sobre los mecanismos específicos, inclusive estadísticos, que permitirían definir qué comunidades se asumen como "pueblos indios" y por lo tanto podrían reclamar los derechos que les concedería la reforma constitucional.
Los defensores de este proyecto consideran que no hay contradicciones insalvables, ya que la autonomía de los pueblos indios tal como está definida es muy acotada, inclusive mucho más que la que se ha reconocido en otros países latinoamericanos.
No se trata de crear derechos que den sustento a la emergencia de nuevos actores políticos; se trata de plasmar en la Constitución el reconocimiento explícito de un hecho que ha existido en México desde la Colonia. Los pueblos indios, que perdieron en la república independiente los pocos derechos que les reconocía la Corona española, y que hasta la fecha no han podido gozar de los derechos plenos de ciudadanos mexicanos, porque perdieron sus tierras comunales, por su pobreza, por la diferencia cultural, que ha sido pretexto para perpetuar la explotación y la marginación en un sistema político liberal que pretendió borrar las diferencias culturales por decreto, sin ofrececer mecanismos compensatorios para permitirles competir en igualdad de condiciones con otros grupos de la sociedad.
En todo caso será necesario armonizar los principios contradictorios en un trabajo legislativo posterior, y por ahora dejar a la Suprema Corte de Justicia la tarea de dirimir las diferencias de interpretación. Sin embargo, los indios de antes, como los zapatistas de ahora, han sido actores importantes de las grandes revoluciones sociales y políticas del siglo XIX y del XX, y resulta impensable consolidar un proyecto democrático para México que no valore y respete la diversidad cultural de nuestro país y que no garantice condiciones equitativas para los pueblos originarios de su territorio.