JUEVES Ť 8 Ť MARZO Ť 2001

Ť Viven en condiciones de extrema pobreza: perredistas

Son indígenas víctimas de una impartición de justicia desigual

Ť Pocos son liberados tras un juicio justo, afirma legislador

GABRIELA ROMERO SANCHEZ

Para los diputados locales del PRD los cerca de 500 mil indígenas que habitan en la ciudad de México no sólo se encuentran en condiciones de extrema pobreza y exclusión social, al no acceder a una vivienda y empleos dignos, a los servicios de salud, educación y cultura, sino que también son víctimas de una impartición de justicia desigual.

Con base en información del Instituto Nacional Indigenista, los legisladores precisan que durante el sexenio pasado la población de indígenas presos pasó de 5 mil 850 a 7 mil 278 en todo el país, por delitos, en 82 por ciento de los casos, del fuero común, como homicidios o lesiones, robo simple o agravado, abigeato y fraude, violaciones y estupro. Mientras que en el 18 restante, son del orden federal, tales como siembra, cultivo, cosecha, transporte y posesión de drogas, introducción ilegal de armas de fuego, compra de pólvora, tala de árboles y comercio de especies animales protegidas.

Alejandro Sánchez Camacho, vocero de la fracción perredista, explicó que un bajo porcentaje de indígenas son liberados después de un proceso justo, "por lo que en México este sector se encuentra en un estado de indefinición total". No ha sido posible institucionalizar el uso de traductores para su defensa, porque las modificaciones legales de 1991 "no fueron acompañadas de mecanismos presupuestales para hacer cumplir la Ley".

En este sentido, la diputada perredista Dione Anguiano amplió que "las mujeres indígenas son juzgadas, sin la oportunidad de defenderse, por el hecho de no hablar español, lo que impide una comunicación fluida entre el abogado y la indígena, pues no existen suficientes traductores especializados en materia jurídica".

Agregó que tampoco se cuenta con especialistas en antropología jurídica que puedan intervenir en los juicios, para señalar los valores, tradiciones y costumbres de las indígenas, por lo que la variante cultural y social no se toma en cuenta.

Sánchez Camacho remarcó que el INI no cuenta con una partida presupuestal para el pago de traductores, ni en su plantilla de personal existe esa plaza. Sin olvidar que los agentes del Ministerio Público no están capacitados para identificar a la población indígena en su diversidad cultural. "El ser indígena no es sinónimo de impunidad, es necesario conocer sus características", pidió.

Dione Anguiano anunció que solicitará a las autoridades del gobierno capitalino la preliberación de 17 mujeres indígenas, recluidas en distintas centros de readaptación. Precisó que siete de ellas pertenecen a la etnia náhuatl, cinco a la otomí, dos a la mayo, dos mazatecas y una mixteca.

El vocero de la fracción perredista manifestó que los indígenas que han llegado a residir en el DF se dedican a actividades informales y de baja productividad, predominantemente se ocupan en el comercio ambulante o en aquellas que requieren de bajos niveles de calificación como albañiles, intendencia, jardinería, servicios de vigilancia como veladores, policías auxiliares y en el ejército, cargadores, macheteros y en el servicio doméstico.

"Este tipo de actividades no les permiten acceder a una vivienda digna, a los servicios de salud, educación o recreación, por lo cual viven en condiciones de extrema pobreza y exclusión", resumió Sánchez Camacho.