Ť Fueron sentenciados tras ser procesados en juicios sumarios
Presos en cárceles del DF unos 600 indígenas: Catim
Ť Ninguno tuvo un abogado defensor particular, por razones obvias, dice
Ť La mayoría desconocía los motivos por los que fueron consignados
BERTHA TERESA RAMIREZ
La mayoría de los 600 indígenas encarcelados
en los tres reclusorios y la Penitenciaría del Distrito Federal
fueron sentenciados a prisión tras enfrentar juicios sumarios que
les impidieron aportar pruebas para su defensa y apelar sus sentencias
en una segunda instancia, señaló la directora del Centro
de Atención al Indígena Migrante (Catim), Margarita Malo
González.
De acuerdo con el equipo de defensores de este centro, conformado como asociación civil en 1998 en materia de procuración de justicia, los indígenas son los marginados de los marginados por estar excluidos de políticas públicas y no contar con el apoyo de peritos en sus lenguas para enfrentar problemas con la justicia.
El abogado Marco Antonio Téllez Patiño dijo que de acuerdo con el censo de población indígena realizado por el Catim en 1998, existen 600 indios en las diferentes cárceles de la ciudad. Señaló que al revisar los expedientes se detectó que en ningún caso se recurrió al amparo contra la orden de aprehensión y una vez consignados en ninguno de éstos los abogados de oficio encargados solicitaron juicios ordinarios, por lo que la mayoría de los indígenas sufrió condenas luego de enfrentar juicios sumarios, y tampoco pudieron apelar de las sentencias.
La mayoría de los indígenas no contaron con un defensor particular "por obvias razones" y tuvieron que atenerse a los beneficios de la defensoría de oficio, que por sus características no tiene la capacidad suficiente para atender este tipo de demandas. Por ello, en la mayoría de los casos estos defensores se abstienen de solicitar peritos traductores, "por que ello les implica invertir más tiempo en audiencias y la mayoría de ellos lo que quieren es evitar este tipo de situaciones".
La directora del Catim indicó que de acuerdo con
los expedientes, se detectó que los indígenas prácticamente
no contaron con asistencia jurídica y que la mayoría desconocía
los motivos reales por los cuales fueron consignados. Mencionó que
después de analizar las historias jurídicas se puede "decir
que en muchos
de los casos les fueron fabricados los delitos y las averiguaciones
porque realmente ellos no pudieron aportar muchos elementos para su defensa
por no hablar en ese momento la lengua castellana".
Indicó que esa imposibilidad podría haber sido la causa de que sólo 42 de los 600 indígenas detenidos hayan podido alcanzar el beneficio de la preliberación que las autoridades capitalinas ofrecieron durante las administraciones de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles.
Señaló que los delitos por los que los indígenas fueron sentenciados son: robo, violación y homicidio del fuero común y portación de armas prohibidas y daños contra la salud del fuero federal. Sin embargo, más allá de los delitos por los que fueron acusados, los defensores de ese centro detectaron múltiples irregularidades en el proceso que dio origen a su detención y consignación. En muchos de los casos hubo violaciones a sus derechos humanos ya que al momento de ser consignados no hablaban ni entendían el castellano y la mayoría tuvo un apoyo legal totalmente deficiente, agregó.
Las historias
Los casos en lo que los indígenas sentenciados poco pudieron hacer en su defensa son recurrentes. Marta Villarreal Ruvalcaba, coordinadora del despacho de Asesoría Jurídica Gratuita de Atención a Indígenas del ITAM, oficina que comenzó a operar en agosto de 1999 y a la fecha ha documentado la existencia de 258 indios recluidos en los tres reclusorios y la penitenciaría de la ciudad, dijo que si bien no se puede afirmar que todos los indígenas son inocentes, lo que sí se puede establecer es que su grado de culpabilidad está muy cuestionado, "al parecer la mayoría paga el pato de algún otro".
Precisó que en la penitenciaría, donde se congregan los que ya tienen una sentencia y ya no tienen ningún recurso para reducir su pena, hay 31 indígenas identificados, en todos los casos contaron con juicios sumarios, no tuvieron una defensa particular ni sabían hablar español durante los procesos que dieron origen a las penas que compurgan.
Dijo que las desventajas que enfrentan por su condición de indígenas es la de no contar con familiares que presionen a los abogados para que hagan su trabajo porque en su mayoría los indígenas presos suelen ser inmigrantes, desconocen el sistema procesal que los está enjuiciando, "no entienden qué se les quiere decir cuando se les dice que son detenidos por violación equiparada u homicidio calificado, lo cual los deja definitivamente en desventaja. Aunado a ello, la mayoría no sabe leer ". Debido a la distancia que existe entre sus pueblos de origen y el DF y los altos costos de transporte que significa para los familiares venir hasta aquí, además los indios no tienen visitas, por lo que prácticamente se encuentran aislados.
Otra desventaja es que no pueden acceder a los llamados beneficios de ley que incluyen tratamientos en externación o preliberacional o la revisión parcial de la pena y libertad preparatoria por no poder cumplir con el requisito de acceder al área educativa, pues la mayoría de ellos son analfabetos y si han tenido algo de estudios no tienen manera de probarlo y tampoco cuentan con actas de nacimiento, lo cual es también un requisito.
Indicó que a pesar de que la Constitución prevé el derecho a una defensa adecuada, los indígenas carecen de ella porque cuando se encuentran en juicio o están en averiguación previa la mayoría de ellos no tiene el acceso a un traductor.
La injusticia comienza desde situaciones tan básicas como poder comunicarse con quien los está juzgando y con su defensor, señaló la entrevistada, que nos mostró el expediente de uno de estos casos.
Cándido, un indígena oaxaqueño que fue acusado de ser el autor de un homicidio cometido hacia su primo después de una noche de juerga en el edificio en construcción en el que ambos trabajaban.
Un homicidio en el que la víctima, en estado de ebriedad, cayó desde el noveno piso en donde dormían todos los albañiles que laboraban en la obra durante la madrugada.
Por la mañana, cuando Cándido despertó, se hallaba dentro de una patrulla, esto es lo único que recuerda del día en que fue acusado de lanzar al precipicio a su pariente. Obviamente, agrega la entrevistada, Cándido no entendía el español y en el momento de ser detenido se le pidió que rindiera su declaración preparatoria.
Dicho trámite se cumplió sin que hubiera contado con un traductor, "así sin saber hablar el idioma rindió y le fue tomada su declaración en castellano".
A partir de esa declaración, y sin que Cándido
supiera por qué se le hacía responsable, el proceso siguió.
Para el momento en que pudo contar con un traductor ya había sido
sentenciado a 27 años de prisión.
Reclusorio Norte
Total de indígenas internos 49
Robo en sus diferentes modalidades: 36
Violación: 5
Contra la salud: 3
Homicidio calificado: 3
Portación de armas: 1
Privación ilegal de la libertad 1
Reclusorio Oriente
Total de indígenas internos 66
Homicidio calificado 11
Robo en sus diferentes modalidades 28
Violación 15
Contra la salud 2
Portación de armas de fuego 2
Privación ilegal de la libertad 3
Lesiones calificadas 1
Tentativa de violación 2
Tentativa de robo 1
Tentativa de homicidio 1
Reclusorio Sur
Total de indígenas internos 108
Robo en sus diferentes modalidades 29
Violación 21
Privación ilegal de la libertad 5
Sin especificar 1
Homicidio 28
Contra la salud 12
Tentativa de violación 6
Lesiones calificadas 1
Asociación delictuosa 1
Corrupción de menores 1
Introducción de armas de fuego 1
Abuso sexual 1
Tentativa de homicidio 1
Falsificación de documentos 1
Penitenciaría del Distrito Federal
Total de indígenas sentenciados 31
Homicidio 22
Violación 7
Asalto Robo a la nación 1
Tentativa de violación 1
Ť Fuente: Despacho de Asesoría Jurídica
Gratuita de Atención a Indígenas, del ITAM.