MIERCOLES Ť 8 Ť MARZO Ť 2001

Orlando Delgado

Reforma financiera y reforma fiscal

Conforme se acerca el inicio del periodo de sesiones del Congreso de la Unión aparecen con perfiles cada vez más nítidos las propuestas de reforma fiscal de los diferentes actores políticos y, por supuesto, la del propio gobierno federal.

Todos parten del reconocimiento, convertido en consenso prácticamente absoluto, de que los ingresos públicos deben fortalecerse, ya que el coeficiente de tributación a producto es reducido (entre 11 y 13 por ciento del PIB), lo que limita sustancialmente la capacidad de acción del gobierno federal.

Tras este consenso, sin embargo, empiezan las diferencias: una central se refiere al carácter de la reforma, a la idea de que tiene que ser integral, lo que quiere decir modificar los aspectos relacionados con los ingresos, y hacerlo del mismo modo con el gasto, el endeudamiento y la vigilancia; ello implica reformar el contenido entero de la fiscalidad.

Las últimas declaraciones del secretario de Hacienda muestran que ésta es una idea que forma parte de su propuesta; aún más, plantean que la reforma financiera es parte indisoluble de la reforma fiscal.

No obstante, este enfoque no resulta claro, ya que se llega a plantear que "para que los bancos puedan otorgar financiamientos, es indispensable que se lleve a cabo la reforma tributaria" (Agustín Carstens, subsecretario de Hacienda); o bien, como anota Gil Díaz, la reforma financiera busca varios objetivos: mejorar la seguridad de los inversionistas, capitalizar sólidamente los bancos, hacer al sistema financiero -en la parte gubernamental y regulatoria-- menos oneroso para los intermediarios, promover el mercado de valores como alternativa de financiamiento y ahorro de las familias y las empresas, reforzamiento del gobierno corporativo de los intermediarios financieros y, finalmente, los proyectos de ahorro popular y de crédito inmobiliario.

La relación con las modificaciones en la hacienda pública se da en un aspecto central: los recursos públicos asignados a terminar el "rescate bancario"; para los nuevos funcionarios hacendarios es urgente que se reconozca que los pagarés Fobaproa-IPAB son deuda pública, lo que permitiría que su fondeo se perdiese en el mar de las emisiones de papel gubernamental (Cetes, Bondes, Udibonos). Con ello, por supuesto, aumentaría inmediatamente el déficit en las finanzas públicas, pero se lograría transparentar su verdadera dimensión al agregar también los recursos asignados al rescate carretero y los Pidiregas (Programas de Inversión de Impacto Diferido en el Registro del Gasto).

El tema debiera relacionarse con el destino de los recursos adicionales generados por la reforma fiscal, ya que es claro que se asignan recursos cuantioso para el IPAB, el rescate carretero, así como para la reforma al sistema de pensiones -esa mitad del presupuesto que paga errores del pasado, según Fox--, junto con los Pidiregas. Estos recursos adicionales deben tener un destino preciso -al gasto social, por ejemplo-- junto con límites para asignaciones diferentes a las previamente establecidas; esto exigiría que el Congreso de la Unión establezca criterios que impidan que los ingresos nuevos sean utilizados "para cubrir las necesidades de la estructura del gobierno", o para "seguir fortaleciendo" a los bancos.

La reforma financiera planteada incorpora el propósito gubernamental de mejorar "las prácticas corporativas", buscando que los consejos de administración sean más eficaces; para ello se determinará su tamaño y se integrarán consejeros independientes. Este reconocimiento de la ineficacia bancaria, sin embargo, resulta inocuo si no se establece el correlato obvio: la determinación del criterio de eficacia relacionado no sólo con el uso óptimo de los recursos que cada banco opera, sino con la consideración de que son recursos ajenos que deben destinarse a completar el ciclo de la intermediación: el crédito.

Operar el ciclo ahorro-crédito con eficacia implica necesariamente el establecimiento de límites a la brecha entre la tasa pasiva y la tasa activa. La información de la tasa de interés cobrada a los usuarios de tarjeta de crédito ilustra la voracidad de los bancos: 45 por ciento el costo del crédito en tarjeta, mientras el pagaré bancario pagaba 9.5 por ciento. Para los bancos esto se traduce en utilidades; para la sociedad implica redistribuir recursos de las familias a los banqueros; de esto también debieran ocuparse la reforma financiera y la reforma fiscal.