JUEVES Ť 8 Ť MARZO Ť 2001

Ť Más de 30 organizaciones realizan acto multitudinario en Iguala

Indígenas de Guerrero se unen a la lucha zapatista

Ť Sumidos en la violencia y constante violación de derechos, se organizan para autogobernarse

JESUS RAMIREZ CUEVAS Y RAMON VERA HERRERA ENVIADOS

Iguala, Guerrero, 7 de marzo. Esta es una entidad cruzada por la violencia. Una violencia institucional, policiaca, militar y pistoleril.

Las organizaciones sociales llevan la peor parte en una escalada en la que desapariciones, asesinatos y encarcelados son nota roja cotidiana en las seis regiones del estado. Mixtecos, amuzgos, nahuas y tlapanecos, por no contar la enorme cantidad de campesinos mestizos, tienen por lo tanto una tradición de lucha por la tierra, por condiciones dignas para los productos del campo -sea maíz, café, caña o copra-, y a esto se aúna la defensa de los derechos humanos, y como corolario, la lucha por el control de varios municipios, lo que los ha enfrascado en la batalla electoral contra la imposición de autoridades y por la transparencia en el voto. Su lucha es también por la defensa de sus bosques, lo que tiene en prisión a los ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, reclamo que ya no sólo pesa para los guerrerenses, sino a nivel internacional. Hoy los tlapanecos también comienzan a percatarse de que las grandes empresas tienen diseñada una nueva explotación de sus recursos minerales y la apertura de carreteras que facilitarán el despojo, el vaciamiento del campo y la apertura de industrias, lo que comienza a documentarse.

Parecían sumidos en el marasmo

Después de la represión desatada en los 70 contra la guerrilla de Lucio Cabañas, la entidad pareció sumirse por unos años en el marasmo de más y más control sobre las organizciones sociales. La Cooperativa Guillermo Bonfil, por unos años combativa, comenzó a estar controlada por las correas de transmisión del PRI, y surgió en Atoyac de Alvarez la Coalición de Ejidos de Costa Grande, sin duda una de las agrupaciones independientes de productores que han pugnado más por la organización regional de los cafetaleros, vinculando sus esfuerzos a la lucha "por la apropiación del proceso productivo", que intentara poner un coto a las prácticas coyotiles en los procesos de transformación, transporte y comercialización de sus productos.

Zanzecan Tineme, en la región de Chilapa, es otra organización que lleva años intentando mejorar las condiciones de vida de comuneros, ejidatarios y pequeños productores. Su prestigio y tradición de lucha la hacen emblemática entre las organizaciones de la entidad, en parte gracias al trabajo de acompañamiento de organismos gubernamentales como el Instituto Maya.

La Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS) surgió también para defender diversas demandas políticas, sociales y productivas de los labriegos nahuas, pero como la opinión pública bien lo sabe -gracias al video transmitido a todo el mundo por Ricardo Rocha en Televisa-, el 28 de junio de 1995, las policías motorizada y la Judicial del estado de Guerrero abrieron fuego indiscriminado sobre los pasajeros de dos camionetas de redilas en el paraje Aguas Blancas, un vado cercano a Coyuca de Benítez. Murieron 17 campesinos y otros 14 resultaron heridos.

"Fueron como 10 minutos de balacera", recuerda un sobreviviente; "disparaban con armas de alto poder desde las lomas cercanas a la carretera de terracería.... Cuando terminó todo, los policías veían a quienes no podían morir, daban patadas en la boca o donde fuera y gritaban: šabajo todos, no se muevan!

"Yo venía ahí abajo en el carro, masacrado, cuando hallé un muerto así abajo. A mí me tiraron boca abajo así y vi cuando la licenciada de aquí, la agente del Ministerio Público de Coyuca, con una pistola en la mano acabó de rematar a uno ahí". Los campesinos asesinados pertenecían a la OCSS.

Quizá esta matanza sea uno de los factores que han recrudecido más las condiciones en el estado, y sus autores intelectuales siguen libres, mientras el Ejército federal tiene bajo estado de sitio a la entidad.

Un año después saltaba a la luz un grupo guerrillero con ramificaciones en varios estados del país: el Ejército Popular Revolucionario (EPR). El 7 de junio de 1998, una nueva matanza ocurriría en Guerrero, esta vez cuando una emboscada del Ejército masacró a un grupo de campesinos, supuestos guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), que se enco ntraban realizando un taller en la comunidad de El Charco. Uno de los pocos sobrevivientes hace el siguiente relato: "Después salimos uno a uno, y los soldados nos dijeron que nos tiráramos en la cancha, boca abajo. Yo estaba herido, y uno de ellos me dijo: levanta tu cabeza, te voy a dar el tiro de gracia. Me levantó, me revisó, vio que no tenía arma y me llevó a una ramada".

Es tal el recurso a la violencia por parte de los caciques, la policía y el Ejército, que las comunidades han optado por ejercer el derecho consagrado por el artículo 39 constitucional y han emprendido la búsqueda del control municipal, no sólo por autogobernarse y trabajar de acuerdo con sus principios, en asambleas y decisiones compartidas. También porque están hartos de que todos los conflictos pasen por ministerios públicos corruptos y policías represivas, a veces sanguinarias, siempre ligadas al PRI y dispuestas a terminar con cualquiera que represente oposición o preferencia política diferente al que fuera el partido oficial hasta hace unos meses.

Experimentos autogestivos como Rancho-Nuevo Democracia, en la zona de confluencia entre amuzgos y mixtecos, es un ejemplo de este buscar su autonomía, como defensa y gobierno propios, lo que ha mejorado mucho sus condiciones de vida. La inseguridad de la población ha disminuido mucho gracias a la policía comunitaria.

Los problemas en Guerrero han pasado en los últimos 15 años por las amenazas de expulsión de varias comunidades. El Alto Balsas Nahua se movilizó mucho a principios del gobierno de Salinas de Gortari por la amenaza de construcción de la presa de San Juan Tetelcingo, lo que habría inundado las tierras de más de 20 comunidades en la región. El proyecto está suspendido, gracias a la enorme movilización indígena que realizó mítines incluso en plena y entonces recién estrenada Autopista del Sol, pero no está cancelado definitivamente.

Una de las organizaciones indígenas con más fuerza en Guerrero es el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia, que ha marchado a la capital del país dos veces por lo menos, una en 1992 y otra en 1994, exigiendo varias demandas. Su presencia en varias regiones de la Montaña Baja y el Alto Balsas ha conseguido organizar y defender a las comunidades de las frecuentes arbitrariedades, además de lograr una conciencia de lo indígena, la formación de cuadros capacitados, incluso jóvenes muy aptas para el trabajo, quienes comparten con los hombres responsabilidades de todo tipo.

Quizá la organización de derechos humanos más importante en Guerrero sea Tlachinolan, cuyo trabajo ha logrado incluso reconocimientos internacionales por su defensoría jurídica y por la documentación de casos, además de aplicar programas de formación de defensores comunitarios.

Toda esta situación, agravada por el crecimiento de ciudades como Acapulco, el narcotráfico, la tala clandestina, la inseguridad en la tenencia de la tierra y el arrinconamiento de las comunidades, propiciaron que en Iguala se diera un acto multitudinario en apoyo al zapatismo, reflejo de más de 30 organizaciones sociales que ya no aguantan más la mano dura de René Juárez, heredero de Rubén Figueroa, heredero a su vez de Rubén Figueroa padre, los tres empeñados en gobernar Guerrero como si fuera un prostíbulo, una cárcel, una finca con esclavos o un campo de cultivo de estupefacientes.