MIÉRCOLES Ť 7 Ť MARZO Ť 2001
Ť Quien se oponga se pondrá del lado de las tinieblas, dice el escritor Horacio Vertbitsky
Indefendible, la impunidad militar, a 50 años de la Declaración de los Derechos Humanos
Ť Podrían reabrirse casos de tortura y desapariciones durante la dictadura en Argentina
STELLA CALLONI CORRESPONSAL
Buenos Aires, 6 de marzo. "Quien se ponga en contra de esta resolución se pondrá en el lado del mundo de las tinieblas, ya que 50 años después de la Declaración de los Derechos Humanos es indefendible la posibilidad de continuar con la impunidad y no juzgar estos crímenes aberrantes", dijo el escritor y periodista Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al manifestar su esperanza de que las Cámaras Federales y de Casación ratifiquen la resolución del juez Gabriel Cavallo que hoy declaró la inconstitucionalidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
En un un escenario local conmocionado por los recientes cambios ministeriales en Economía y Defensa, y los ramalazos del escándalo del lavado de dinero, los organismos humanitarios argentinos avizoran pasos que permitan "pensar en acabar con la impunidad del pasado y del presente".
Las leyes hoy declaradas nulas fueron las que en 1987 -en el contexto de varias asonadas militares- permitieron a mil 200 represores de la última dictadura militar quedar exculpados o no ser procesados por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1976 y 1986.
No se modifican otros juicios
Verbtisky, un veterano luchador por los derechos humanos, recordó que la resolución de hoy sienta jurisprudencia, pero también advirtió que no modifica los juicios como el del ex marino Ricardo Miguel Cavallo, detenido en México y cuya extradición a España, donde lo requiere la justicia por crímenes de lesa humanidad, ha sido concedida por el gobierno mexicano.
"Este es un tema de derecho internacional", dijo Verbistky, quien señaló que "no hay motivo para que la Corte Suprema de Justicia se margine de esta corriente profunda de derecho moderno", al hacer un recuento de lo actuado por el juez Baltasar Garzón en España.
La decisión de Cavallo podría permitir abrir nuevamente el juicio por el secuestro y la desaparición de dos monjas francesas y de Anne Marie Erize, la joven franco-argentina, cuyo caso concentró la atención del mundo el año pasado, cuando el militar Jorge Olivera fue detenido en Italia, a solicitud de la justicia francesa, inculpado en este caso. Con la complicidad de magistrados italianos, Olivera fue liberado después de presentar un certificado falso de defunción de Erize.
El CELS -que hizo el pedido de nulidad de las leyes exculpatorias a Cavallo- anunció que patrocinará también al abogado que representa a la familia de las monjas, y actuará en el caso Erize, al cual están vinculados "un par de oficiales en actividad", como "el general Daniel Cardoso, ascendido recientemente a pedido del actual jefe del ejército Ricardo Brinzoni". Verbitsky también responsabilizó al actual ministro de Economía, Ricardo López Murphy, quien era ministro de Defensa hasta el pasado fin de semana, por este ascenso.
El titular del CELS reiteró además que Brinzoni está vinculado al caso de secuestro, tortura y asesinato de 24 detenidos políticos en lo que se conoce como la "masacre de Margarita Belén", en la provincia de Chaco. El actual jefe del ejército era secretario general de la intervención militar en esa provincia cuando ocurrió la matanza de los detenidos, cuyos cadáveres fueron entregados en cajones sellados a las familias, para que no vieran la forma en que habían sido torturados.
Por su parte, Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo, señaló que la decisión de Cavallo "está marcando un camino largo y difícil. Esta leyes además de inconstitucionales son inmorales. No nos explicamos cómo pudieron dictarlas ante los crímenes horrendos que sucedieron aquí. Será difícil abrir cada caso, pero sienta jurisprudencia".
Cortiñas y otros miembros de grupos humanitarios estudiaban hoy, en tanto, el tema de los instrumentos de tortura "exportados" por Estados Unidos y los anuncios de otros nuevos instrumentos para detener manifestaciones,"lo que significa una continuidad en la violación a los derechos humanos de un país que dice monitorear a otros.... Ya hicieron bastante como autores intelectuales y asesores e instructores de las dictaduras pasadas, para que ahora sigan en el mismo camino, contra los pueblos que tienen derecho a la justicia y a la protesta, si la primera se les niega".
En el lado militar, se informaba esta noche sobre malestar en las fuerzas armadas, donde se consideraría el fallo como "un retroceso que no conduce a la pacificación". Algunas fuentes castrenses dijeron que la medida será apelada por cada uno de los militares involucrado en el fallo de Cavallo, en la causa por la desaparición de un matrimonio de discapacitados y el secuestro de su bebé en 1979.
Aunque las fuerzas militares han sufrido varios recortes en los últimos tiempos, en organismos humanitarios preocupa lo que se denomina la "mano de obra desocupada", que forman los miles de ex represores que se han reciclado como hombres de empresas de "seguridad privadas", algunas de las cuales han estado complicadas en crímenes y actividades de espionaje en los útimos años.
A través de ellos, los grupos del terrorismo de Estado de ayer y los hombres vinculados a los escándalos de corrupción de hoy, como el del lavado de dinero, se tocan.