MARTES Ť 6 Ť MARZO Ť 2001
Ť La defensa asegura que el militar no aceptaría indulto
"Sano", que la Corte ordenara a Fox liberar al general Gallardo
Ť Lo visitará el secretario general de Amnistía Internacional
JESUS ARANDA
"Sería sano" que fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que ordenara al presidente Vicente Fox acatar la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dejar en libertad al general José Francisco Gallardo Rodríguez.
Afirmó lo anterior el abogado del militar preso, Félix Garza Martínez, quien comentó que si bien el mandatario está facultado para acatar dicha resolución que data de febrero de 1997, "debemos apoyar al Presidente a través de escritos de amparo".
Está planeado para el próximo viernes 16 que el secretario general de Amnistía Internacional (AI), Pierre Sané, se entreviste con Gallardo en la prisión de Neza-Bordo.
Actualmente AI colabora directamente con la causa de Gallardo a través de su sección México, ya que apoya económicamente a los licenciados Felipe Corona Flores y Víctor Manuel Santoscoy, quienes participan en la elaboración de la estrategia jurídica que encabeza Garza Martínez -quien tampoco le cobra honorarios a la familia del militar.
El licenciado Garza explicó en entrevista que al estar pendiente un amparo en contra de la decisión presidencial de no cumplir con la recomendación de la CIDH, ello también le da oportunidad al máximo tribunal de justicia del país de establecer que el reconocimiento de inocencia de Gallardo y su eventual liberación "no constituye ni una deuda política ni es un acto de arbitrariedad ni un capricho, sino simplemente el cumplimiento de un obligación constitucional".
El amparo que no fue admitido en primera instancia por un juez federal y que será resuelto finalmente por un tribunal colegiado con sede en Toluca, estado de México, es el primero de su tipo -comentó Garza-, ya que por primera vez se le reclama a un Presidente de la República el incumplimiento de una recomendación de la CIDH.
"El juez eludió el asunto y sin fundamento ni motivación decidió no admitir el amparo, pero el tribunal colegiado determinará en su momento si admite el caso para su resolución, o bien, dada la trascendencia del caso, la Corte atrae el expediente para resolverlo directamente", apuntó.
Como parte de los argumentos contemplados en este amparo, añadió el litigante, está el hecho de que las dos sentencias dictadas por la justicia militar -que ya fueron ratificadas por el Supremo Tribunal Militar, pero que falta por combatirse en amparo directo ante la justicia federal- estuvieron viciadas de origen, ya que se dieron después de que la CIDH había determinado que Gallardo es un preso de conciencia y que habían sido violados sus derechos humanos, por lo que tenía que ser puesto en libertad de inmediato.
Después de que el gobierno mexicano reconoció recientemente que acataría las resoluciones del CIDH aún pendientes -entre éstas se encuentra el caso de Gallardo-, Garza Martínez precisó que México está obligado a cumplir con los acuerdos internacionales que ha suscrito, por lo que no hay pretexto para no acatar la recomendación que fue producto de un proceso abierto que duró más de tres años, en el que participaron tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en el que se demostró que fueron violados los derechos humanos del militar.
Ante la serie de versiones que se han difundido sobre la forma en que Gallardo quedaría libre -luego de que fue sentenciado a 28 años de prisión y destitución del empleo como general de brigada-, el abogado dejó en claro que su cliente no aceptará de manera alguna un indulto presidencial. Cuando el Presidente indulta a un preso es porque está perdonando a un culpable, "y Gallardo no lo es", subrayó.