Ť Recibirá asesoría de la FAO y contará con apoyo económico del Banco Mundial

El gobierno federal pondrá en marcha el programa Mercado de la Tierra

Ť Se pretende brindar certeza jurídica a ejidatarios que aún no reciben beneficios del Procede

ALMA E. MUÑOZ Y CIRO PEREZ SILVA

Con asesoría de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el apoyo económico del Banco Mundial, el gobierno federal pondrá en marcha, a partir del próximo año, el programa denominado Mercado de la Tierra, que brindará certeza jurídica a ejidatarios y comuneros que aún no reciben los beneficios del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede).

El objetivo es contar para el segundo semestre del año con una identificación plena de aquellas unidades aptas para recibir el financiamiento o crédito del Estado, auxiliado por la institución bancaria internacional, y terminar con aquellas "tendencias del campo mexicano que impiden su explotación productiva", como es el minifundio o fragmentación de terrenos. A partir de un foro con expertos internacionales se reformulará, además, una estrategia de ordenamiento territorial que refuerce al Procede.

Mientras, el presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, Félix Castelllanos Hernández, anunció que los integrantes de este grupo colegiado promoverán modificaciones a la Ley Agraria para subsanar "vacíos, lagunas e imperfecciones" que obstaculizan el desarrollo del sector.

Avances legislativos externos

Durante una reunión de trabajo con el procurador agrario, Mauricio Valdés Rodríguez, el diputado petista explicó que actualmente la comisión a su cargo revisa los avances legislativos de otros países en la materia, "y estamos en la disposición, previa autorización de la Junta de Coordinación Política, de hacer algunos viajes al exterior con el propósito de traer productos legales que contribuyan al desarrollo de nuestro marco normativo agrario".

El procurador expuso a los legisladores que el presupuesto para concluir la regularización de la tenencia de la tierra (siete mil 654 núcleos agrarios, que representan dos millones 400 mil documentos) es de 5 mil 111 millones de pesos, a ejercerse en tres años, y aclaró que este programa se hace de forma gratuita y voluntaria.

Reconoció sin embargo que "mientras el país se transforma, el campo sigue reproduciendo carencias que reducen su capacidad para aprovechar las oportunidades que se generan", ya que la pobreza, la insuficiente procuración de justicia, el deterioro de los recursos naturales y la gran superficie sin regularizar son lastres del campo que deben superarse a la brevedad.

Un discurso similar pronunció la titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, poco antes de signar una carta de intención, a nombre del presidente Vicente Fox, con el representante de la FAO en México, Augusto Simoes Lopes, donde se establecen los acuerdos para la elaboración conjunta del proyecto de operación de un fondo para el desarrollo agrario ?cuya elaboración tiene como plazo junio?, que definirá mecanismos para el buen funcionamiento del mercado de tierras.

A través del fondo de tierras, explicó la funcionaria, "nos proponemos firmemente contribuir a la consolidación de unidades rurales que sean rentables para su explotación, contrarrestando en lo posible los fenómenos de minifundio y fragmentación de las tierras que están presentes en nuestro campo mexicano y que son algunos de los obstáculos para su desarrollo productivo".

Entre los objetivos están promover la "compactación de tierras" ?la mayoría de los propietarios posee una superficie menor a las cinco hectáreas, y de ellos el 25 por ciento tiene dividido su predio en tres o más fracciones? para permitir el establecimiento de unidades productivas compactas.

Apoyar la transferencia generacional de los titulares, "ya que el promedio de vida es de 62 años y las edades oscilan entre los 52 y 65, lo que les dificulta pensar en innovar y adaptar nuevos retos de producción".

También, ordenar y regular el mercado de tierras para evitar tratos agrarios al margen de la ley; impulsar asociaciones entre los sujetos agrarios e inversionistas, y propiciar la explotación sustentable de los recursos "a través del establecimiento de proyectos que sean rentables y cuyo marco legal esté orientado a dar certeza jurídica para que la inversión erogada sea recuperada en el mediano y largo plazos".

Además, con el ordenamiento sobre la propiedad rural se efectuará un próximo foro sobre programas de ordenamiento, con la participación de expertos internacionales de Francia, Brasil, Australia, Chile, Estados Unidos y otros.

Durante el evento, el procurador Valdés dejó en claro que para el gobierno "no hay manera de superar la pobreza si no llevamos al campo inversión", y aclaró que será hasta después de tener concluido el estudio sobre la situación agraria cuando se conocerá el monto de financiamiento del Banco Mundial.

El país cuenta con 196.7 millones de hectáreas. De éstas, 103 millones son propiedad social y sólo 56 millones cuentan con certeza jurídica.