DOMINGO Ť 4 Ť MARZO Ť 2001

Carlos Morera y José Antonio Rojas Nieto

Renta petrolera y oligarquía financiera

La Comisión Permanente del Congreso ya cuestiona la medida presidencial de llevar a grandes empresarios al consejo de administración de Pemex. Hay gran controversia ƑSe cumple con el espírutu de la Constitución?ƑQué quiere decir que el Presidente se proponga hacer de Pemex la mejor empresa del mundo? ƑPor qué antes no proponerse que cumpla su objetivo constitucional? No es lo mismo.

Con voz y voto se incorporan a Pemex prominentes capitalistas mexicanos, que en el marco de las reformas económicas y financieras impulsadas durante dos décadas, se han convertido en símbolo de éxito de un capital autóctono que compite en una economía globalizada. La decisión presidencial vincula a personeros de la oligarquía industrial y financiera, con la base de la fortaleza económica del Estado: la renta petrolera. Por renta, 26 mil 703 millones de dólares en 2000, y 300 mil en un sexenio. Y aunque el Presidente reitere que Pemex no se privatiza, por su potestad para nominar representantes del Estado -según la ley responsables ante la nación de que se cumpla el cometido constitucional-, les otorga acceso gratutio al control de la empresa.

Como consejeros de Pemex, nuestros empresarios de marras no se apropiarán directamente de renta o ganancias; pero sí accederán al proceso de reorganización de la paraestatal, y contarán -con toda legalidad- con información privilegiada que podrían utilizar en sus negocios o en los de sus pares. Muchas fortunas no vienen del propio capital de quienes las poseen. En miles de casos, el liderazgo de grandes sociedades se fundamenta en el acceso preferencial al crédito y al control del capital accionario y, en consecuencia, en el uso y control "legales" del capital ajeno. Las más de las veces con apoyo fiscal, y muchas, con algo más que la simple simpatía gubernamental. Cierto, de manera muy diversa Carlos Slim (Carso), Lorenzo Zambrano (Cemex), Alfonso Romo (Pulsar) y Rogelio Rebolledo (Pepsico) fincaron su poderío. Pero han contado con apoyo estatal para llegar al control de multitud de empresas de diversos ramos industriales, comerciales y financieros. Por ejemplo, para acceder al control de Telmex, a Carlos Slim le bastó adquirir 5.16 por ciento de las acciones a cuenta propia. Lo logró a través del grupo Carso, con préstamo de Nafin, previa reorganización de la estructura de capital social y estatutos de Telmex por parte del gobierno. Esto lo lanzó a su transnacionalización en América Latina y Estados Unidos.

En otros países esto no ha sido tan fácil. Por ejemplo, para tener el control del monopolio estatal petrolero de Argentina, en 1999 la española Repsol (hoy también orientada al negocio de electricidad), pagó 13 mil 158 millones de dólares, 83 por ciento del total del capital accionario. Reflexiones similares se puden reconstruir para mostrar que en muchos casos el éxito se apoya en control de dinero ajeno y en apoyo estatal. Más aún, en México (en América Latina) las estrategias de reorganización del capital nacional y extranjero, a más de contar con el apoyo general del gobierno, han tenido y tienen apoyos específicos para dirigir sectores estratégicos, algunos de ellos de control estatal por mandato Constitucional: petróleo y electricidad; telecomunicaciones y servicios financieros y electrónicos, todos ellos de altísima rentabilidad. Pese a todo, y en el marco de grandes transformaciones -integración a la economía estadunidense y gran dinamismo exportador de empresas extranjeras y minoritariamente de nacionales-, persisten las debilidades sistémicas: inversión de corto plazo e ineficiencia de la oligarquía nacional. Y por ello, se impone el proteccionsimo estatal, financiero, fiscal y laboral. Y cuando el capital autóctono es incapaz de aprovecharlo -ahí está la banca- la restructuración beneficia al capital extranjero. Además, pese a este reiterado apoyo y al inegable aumento de la productividad, la población no se beneficia, entre otras cosas, porque no se superan los vicios del capital y de mercado laboral: baja capacitación, empleo e ingreso precarios e inestables. ƑQué nos garantiza que no sucederá lo mismo en las industrias nacionales estratégicas del petróleo y la electricidad? Por ello, la medida de Vicente Fox no es sólo una simple representación. Incluso, en este siglo de monopolios estatales, en América Latina no existen antecedentes de medida similar. En síntesis, al otorgar a una parte de la oligarquía de origen nacional participación en el control del proceso de reorganización de Pemex, se le cede la gestión y el manejo de la renta petrolera y de su ganancia: industria y comercial. Pero, además, se otorga una inexplicable situación de privilegio a altos empresario que sin inversión, sin riesgo y sin costo alguno, podrán influir de manera determinante en el proceso de acumulación de capital, al participar en la empresa que a más de ser sustento económico de la fortaleza y el poder del Estado Mexicano, es símbolo de la nación.