DOMINGO Ť 4 Ť MARZO Ť 2001
Ť El texto, muy manoseado: Rodríguez Araujo y Labastida
Necesario, adecuar y renovar la Constitución, dicen expertos
Ť Si la sociedad cambia también deben hacerlo las instituciones
MARIA RIVERA
Las mayorías sociales deberán conformar un contrapoder a la fuerza del capital y su representación política, si desean que las reformas constitucionales propuestas por Vicente Fox el pasado 5 de febrero les sean favorables, expresaron los participantes del foro México Después del 2 de Julio, organizado por La Jornada y Casa Lamm.
En el panel La propuesta de elaboración de una nueva Constitución por el Ejecutivo federal los analistas estuvieron de acuerdo con el planteamiento de adecuación y renovación de la Carta Magna realizado por el Presidente. El texto ha sido "muy manoseado durante 84 años", admitió Octavio Rodríguez Araujo. Horacio Labastida coincidió: "Hasta la fecha se le han realizado 441 reformas". Si la sociedad ha cambiado se requiere que las instituciones se transformen, admitieron, pero no hay que perder de vista que toda Constitución -como decía Lasalle- es resultado de factores reales de poder y que hasta el momento ningún grupo social ha dictado normas en su contra.
Tras la derrota del viejo régimen se presenta la oportunidad de construir uno nuevo, apuntó el investigador Rodríguez Araujo en un texto que envió -pues se ausentó por problemas de salud-; pero no hay que olvidar que todo gobierno es resultado de una correlación de fuerzas políticas, económicas e incluso culturales, y en estos tiempos de globalización esas fuerzas no sólo son nacionales sino también extranjeras. "Si éstas no tienen un contrapeso a la hora de definir enunciados y principios constitucionales, el resultado será a su favor. Por eso se requiere que las mayorías representen en los hechos, no sólo en los discursos, un factor real de poder, como el que intentan los zapatistas al impulsar la iniciativa de la Cocopa sobre derechos y cultura indígenas".
La Carta Magna del 17, para desarrollar la burguesía nacional
Horacio Labastida hizo un recuento de las constituciones que han regido al país desde la Independencia. Explicó que México ha vivido múltiples contradicciones, y cuando éstas se tornaron graves, se resolvieron jurídicamente con una nueva legislación. En la actualidad, la disputa que vive el capitalismo transnacional con el nacional ha creado otra encrucijada. Pero se preguntó en qué sentido irían los cambios: "ƑPara acabar con la Constitución nacionalista y hacerla más favorable al capital transnacional? De ser así, sería muy grave".
"La Constitución de 1917 fue el instrumento más brillante para desarrollar la burguesía nacional, para que tuviera un mercado interno y se desarrollara industrialmente en función de los intereses del país. No resolvía, más que tangencialmente, el conflicto entre obreros y patrones. El capitalismo nacional tuvo circunstancias muy favorables: la Segunda Guerra Mundial le permitió expandirse, porque se convirtió en exportador de las necesidad de los aliados en guerra. Pero la misma guerra que nos permitió capitalizarnos transformó al capitalismo mundial, que después del 45, y sobre todo de la caída del régimen soviético, generó una novedad: la multiplicación de las empresas transnacionales".
Hasta 1982, continuó, los gobiernos trataron de proteger al capitalismo nacional frente a las presiones internacionales, pero en el régimen de Miguel de la Madrid comenzó la penetración abierta de esos intereses, transformando al capitalismo nacional "en una estructura maquiladora". Esto ha creado una nueva contradicción, reconoció, "y esta confrontación no tiene solución en la Constitución de 1917". El reto, explicó, es cómo defender nuestra identidad, sin olvidar que no están en nuestras manos las gravitaciones del capitalismo metropolitano.
"Tendremos que recobrar primero nuestras propias energías económicas y culturales en el mercado en el que nos ha colocado el capitalismo avanzado, y hacer valer, en un diálogo paritario, nuestro derecho de autodeterminación en el entorno internacional. Hablar de una reforma constitucional a fondo exige convocar al país a un debate amplio. Hay que decirlo con claridad: sin el pueblo no puede existir ni una reforma ni una renovación constitucional".
No se trata de parar la apertura al mundo, coincidió el investigador José Antonio Rojas Nieto, pero sin olvidar la defensa del "núcleo duro" de la Carta Magna: el artículo 27, que consagra los recursos naturales como propiedad de la nación. "No hay que prescindir de lo esencial, que es el petróleo y el gas, que lo que genera esa propiedad siga siendo propiedad nacional. La electricidad es, ha sido y debe ser un servicio público, lo mismo que el agua, hay una responsabilidad fundacional en la Constitución del 17 respecto a que el Estado es el responsable de darle servicios públicos a sus nacionales".