DOMINGO Ť 4 Ť MARZO Ť 2001
Ť Buscarán difundir temas jurídicos en comunidades
Capacitarán a integrantes de etnias como intérpretes en procesos penales
CAROLINA GOMEZ MENA
Gestionar la libertad de indígenas recluidos en diferentes cárceles del país; capacitar y acreditar legalmente a 80 más para que funjan como peritos traductores; brindar servicios de asesoría, gestión y defensoría en más de seis mil procesos penales, y efectuar más de mil actos de difusión jurídica a través de programas radiofónicos, talleres comunitarios, foros y material impreso son algunas de las metas del Programa Nacional de Procuración de Justicia para los Pueblos Indígenas, anunciado por el presidente Vicente Fox el viernes pasado en Oaxaca.
En el documento -elaborado por la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que coordina Xóchitl Gálvez Ruiz, así como por el Instituto Nacional Indigenista (INI), dirigido por Marcos Matías Alonso- se establece que el programa comprenderá alrededor de 10 tópicos fundamentales, entre ellos poner fin a conflictos agrarios; difundir entre los indios, de una manera didáctica, la práctica jurídica; atender sus asuntos penales; lograr su excarcelación, cuando ésta se definió con base en violaciones a sus garantías individuales; resolver algunas de sus controversias culturales; difundir entre las comunidades nativas la legislación nacional, y promover la acreditación de sus actos ante el Registro Civil.
En el texto se precisa que en virtud de que es "moralmente inaceptable que los indígenas estén privados de la libertad o estén en riesgo de perderla por carecer de recursos económicos", se promoverá su excarcelación, siempre y cuando "así proceda legalmente".
Para lograrlo se fortalecerá la coordinación interinstitucional mediante la suscripción y ejecución de convenios con las instancias de procuración, impartición y administración de justicia y los organismos de derechos humanos, siempre anteponiendo "el respeto a la diferencia cultural".
La finalidad es lograr la firma de 260 acuerdos en todo el país, en los cuales además de quedar establecida la promoción de la defensa de los derechos de este sector de la población nacional, se abordará la transferencia de recursos y capacitación técnica para los proyectos de defensoría, asesoría y gestión jurídica.
Censo penitenciario
En primer lugar y a fin de conocer el panorama en esta materia, el gobierno federal realizará un censo penitenciario para dilucidar qué cantidad de población indígena está recluida. De los resultados obtenidos se derivará el diseño de las estrategias de atención y la selección de los casos.
A partir de los datos arrojados por el censo y el posterior análisis y estudio de los casos, se propondrá a la autoridad competente aplique alternativas legales de liberación a favor de los indígenas afectados.
En cuanto al pago de las fianzas, multas y reparaciones de daño, estos conceptos serán cubiertos por instancias gubernamentales o a través de acuerdos con la iniciativa privada; ejemplo de ello son los 10 millones de pesos aportados para tal efecto por el empresario Carlos Slim mediante la Fundación Telmex.
Respecto a la capacitación y acreditación de traductores e intérpretes que apoyen a los indios que enfrentan procesos judiciales, se parte de la premisa de que existe carencia de este tipo de servicios especializados, lo que ha originado que muchos enfrenten procesos o privación de su libertad principalmente porque no hablan español.
Para subsanar este vacío, el gobierno pretende promover la preparación, en principio, de 80 indígenas-traductores e intérpretes, los cuales tendrán reconocimiento oficial y serán adiestrados en jurisprudencia.
Los candidatos provenientes de las etnias serán seleccionados entre aquellos que cuenten con el perfil académico y cultural requerido, y para su capacitación, así como para la operación del proyecto, se aprovecharán las instalaciones del INI.
En esta área se formarán "cuadros indígenas" capaces de "tener un papel protagónico y de interlocución" en esta materia, lo que se logrará promoviendo la participación comunitaria y se espera dé por resultado la formación de 76 grupos de traductores, defensores y conciliadores agrarios.
Asimismo, se elaborarán estudios especializados que surtan de opiniones técnico-jurídicas o dictámenes periciales en conflictos culturales, los que basados en la diferencia cultural, lingüística, etnohistórica y antropológica orientarán en materia legislativa, religiosa, patrimonial y jurisdiccional.
La estrategia que se utilizará para ello será impulsar acciones con las legislaturas federales, locales e instancias internacionales, las que en su caso podrían proponer "modificar instrumentos legales" a fin de reconocer los derechos individuales y colectivos de los indígenas.
Así, durante este año se espera elaborar a nivel nacional 911 opiniones técnico-jurídicas, diversos estudios culturales y realizar 10 publicaciones de divulgación en materia de derechos indígenas y temas relacionados.
El proyecto de difusión jurídica buscará, mediante programas radiofónicos, foros, talleres comunitarios y materiales impresos, dar a conocer a los pueblos naturales, particularmente a la mujer indígena, sus derechos fundamentales previstos tanto en la legislación nacional como en la internacional.
Así, a través de mil 43 actos de difusión jurídica, el gobierno intentará "sensibilizar" a los indígenas nacionales respecto al ejercicio de sus garantías y a exigir que éstos sean respetados por autoridades, iguales y población en general.
Tema central del punto "asuntos agrarios" será que durante este año 577 núcleos indígenas alcancen la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, y se precisa que para conocer el panorama de la problemática primero se realizará un diagnóstico y, posteriormente, se "atenderá de manera integral cada conflicto hasta su conclusión". Para lograrlo se cita que se contará con la participación directa de las comunidades involucradas, especialmente a través de sus asambleas generales de ejidatarios o comuneros.