VIERNES Ť 2 Ť MARZO Ť 2001
Ť Participan académicos, magistrados y víctimas de la represión de unos 20 países
Reunión en Madrid para crear un tribunal que juzgue a dictadores y genocidas latinoamericanos
Ť Asisten Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, y el juez mexicano Luna Altamirano
ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL
Madrid 1o. de marzo. Las masacres de las dictaduras militares, el exterminio de algunas co-munidades indígenas, la persecución ideológica que sembraron el terror en América Latina deberán ser juzgadas en un tribunal para que la impunidad y el olvido dejen de existir en estas sociedades.
Con la intención de darle cuerpo teórico y práctico a esta idea central, hoy se inauguró el Primer Congreso Internacional sobre los Derechos Humanos y el Principio de Justicia Universal, con la participación de académicos, jueces, así como víctimas de las dictaduras, de unos 20 países, entre los que figuraron la premio Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú, el juez mexicano Jesús Guadalupe Luna Altamirano y el abogado español Joan Garcés.
El seminario se desarrolla en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, y fue organizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Argentina en Madrid, con el fin de analizar los últimos logros de la justicia internacional en la detención de criminales, que ha ocurrido gracias a iniciativas judiciales en países co-mo Reino Unido, México, Italia, Francia, Alemania, entre otros.
Esta nueva forma de entender la justicia universal comenzó hace cinco años, cuando el fiscal español, Carlos Castresana, presentó a nombre de la Asociación de Fiscales Progresistas una querella criminal ante el juez español Baltasar Garzón.
"Contra la opinión de aquellos que, por distintos motivos, abogaron por la paralización de estos procedimientos judiciales, alegando que comprometían la estabilidad política e implicaban una injerencia en los asuntos internos de los países afectados, estas actuaciones de la justicia han servido para consolidar la democracia, resquebrajar los pactos de sangre y de silencio de los criminales y limitar el poder que ejercían en sus países, además de estimular a las víctimas", dijo Mónica Cabaña, organizadora del encuentro internacional.
Carácter étnico de la matanza
La lideresa indígena Rigoberta Menchú centró su intervención en el carácter étnico de algunos de los genocidios latinoamericanos y celebró el hecho de que "ya no sólo nos compadecemos, sino que buscamos un camino para juzgar esos delitos", y agregó: "Uno de los precedentes más hermosos que yo veo del lado de las víctimas es que los genocidas no están cruzando las fronteras como si fueran hombres y mujeres libres, simplemente son prisioneros en los países donde cometieron el genocidio".
En el país centroamericano, señaló, "hay muchos implicados en el genocidio que no abandonarán en el país porque están seguros que la impunidad en Guatemala los protege, pero por lo menos tienen temor, y eso es algo que hay que valorar".
Menchú explicó que durante la dictadura militar en Guatemala se cometieron 626 masacres, en más de 440 aldeas, en las que murieron y desaparecieron 200 mil personas, y 93 por ciento de ellas son mayas.
Añadió que aunque en diciembre pasado la Audiencia Nacional rechazó considerar este crimen como "genocidio", ya está en marcha un recurso para revertir dicho fallo.
El juez mexicano Jesús Guadalupe Luna Altamirano, quien aprobó en enero pasado la petición de extradición del represor ar-gentino Miguel Angel Cavallo a petición del juez Baltasar Garzón, dijo a la "división de poderes" que existe en México favorecerá que el caso del torturador tenga un cauce apegado a derecho.
"En este sentido, el fallo que haga la Su-prema Corte de Justicia sobre el caso Cavallo es totalmente independiente del Ejecutivo, independientemente de que sea o no favorable", dijo el magistrado.
El presidente Vicente Fox "ni nadie" se puede oponer a una resolución de la Suprema Corte de Justicia, "y lo que va a hacer en el caso Cavallo es revisar la resolución dictada por el juez de distrito. En caso de que ésta sea desfavorable a Cavallo, ya no hay posibilidad de un recurso y la extradición sería inmediata".
Afirmó que la postura de la cancillería de su país en el caso Cavallo "es respetable", y señaló que el Congreso mexicano no ha ratificado la convención de imprescriptibilidad en delitos como la tortura, aunque ya ha pasado por cinco legislaturas.
El caso del argentino Cavallo, señaló el juez, "servirá para limpiar la imagen del Poder Judicial mexicano, que está a la vanguardia en tratados en derecho internacional y en extradición".
Hugo Gutiérrez, abogado de las víctimas de la dictadura chilena en el proceso abierto contra el ex dictador Augusto Pinochet, aseguró que "el desafuero del senador vitalicio abrió las puertas para juzgar a cientos de criminales, y hemos derribado la ley de amnistía, los tribunales militares, todo por la vía judicial".