Los recientes ensayos declarativos del gobierno federal por ubicar la solución al conflicto chiapaneco en el marco del Plan Puebla-Panamá, o por vincular ambos asuntos, han dado lugar a nuevas escaramuzas verbales con los zapatistas que marchan al Distrito Federal. Ayer, el canciller Jorge G. Castañeda insistió, en Madrid, en el asunto, en un afán por clarificar lo expresado la víspera por el presidente Vicente Fox en la reunión de Cancún del Foro Económico Mundial. 

La idea de enfrentar los rezagos sociales y económicos de los estados del sur y sureste de México en forma paralela a los que padecen las naciones del istmo centroamericano en el contexto de un programa internacional de cooperación e integración económica es, ciertamente, audaz y novedosa y, en principio, plausible. Pero ha de señalarse, también, que esta iniciativa deberá recorrer mucho camino para convertirse en un proyecto viable: se requiere delimitar sus alcances, objetivos y métodos en el marco de un complejo proceso de consultas y negociaciones, tanto entre el Ejecutivo federal y las entidades que podrían participar en ella, como entre nuestro país y las naciones hermanas y vecinas. 

Habida cuenta de la condición embrionaria y todavía incierta del plan mencionado, el hecho de traerlo a colación en las referencias oficiales al conflicto chiapaneco se convierte en un factor de confusión adicional a los muchos que existen entre las autoridades federales y la organización rebelde de los indígenas chiapanecos. 

En esa medida, la vinculación declarativa entre la necesaria pacificación en Chiapas y la iniciativa regional del presidente Fox, lejos de esclarecer y facilitar el surgimiento de condiciones propicias para la reactivación del diálogo, se convierte en un obstáculo más para la difícil construcción de la confianza que permita restablecer la mesa de negociaciones. 

Los pasos necesarios para ello están a la vista: si los gobiernos federal y estatal excarcelan a los zapatistas que aún se encuentran presos, si se verifica el retiro de las posiciones militares que todavía permanecen en posición de cerco contra las comunidades zapatistas, y si el Poder Legislativo aprueba la iniciativa de la Cocopa en materia de derechos y cultura indígenas, será posible reactivar el diálogo entre el Ejecutivo y el EZLN, en ese contexto podrá construirse la paz con justicia y dignidad que la nación requiere. 

El proceso mencionado es evidente, pero no necesariamente fácil, y para llevarlo a buen término es necesario que las partes involucradas ?personas, instituciones y organizaciones? empeñen toda su serenidad, toda su voluntad política y toda su lucidez. Desde esta perspectiva, las propuestas de incluir el tema chiapaneco en una iniciativa de desarrollo internacional que, hoy por hoy, es tan ambiciosa como imprecisa, alimentan la desconfianza y propician nuevos desencuentros entre el gobierno y los alzados.