JUEVES Ť 1Ɔ Ť MARZO Ť 2001

Ť La fórmula Otero, entre las modificaciones

A la SCJN, el anteproyecto de la nueva Ley de Amparo

Ť Una vez analizado, será presentado ante el Congreso

JESUS ARANDA

Este jueves concluye la primera etapa en la elaboración de la nueva Ley de Amparo que impulsa la Suprema Corte, cuando el pleno del máximo tribunal reciba el anteproyecto de la iniciativa. Así, después de que lo analicen y discutan, los ministros la presentarán ante el Congreso de la Unión y "al presidente Vicente Fox, como un acto de cortesía".

En términos generales, el anteproyecto que presentará hoy la comisión encargada -en la que participan ministros de la Corte, magistrados, académicos y abogados litigantes- mantiene las propuestas originales que datan de hace más de un año, entre las que destaca la de modificar la llamada fórmula Otero, lo cual permitiría a la Corte dictaminar el amparo para efectos generales, cuando una ley sea declarada inconstitucional.

Dicha modificación -de ser aprobada por el Congreso de la Unión- representaría un cambio radical en la jurisprudencia del país, ya que desde el siglo pasado, los amparos contra leyes que otorga la Suprema Corte sólo benefician a los que interpusieron ese recurso, independientemente de que su aplicación sea inconstitucional.

De acuerdo con el anteproyecto, el pleno de la Corte tendrá que emitir tres ejecutorias en tres sesiones consecutivas y hacer posteriormente una declaratoria en la que precise los efectos de la sentencia, así como los alcances que tendrá la declaración de inconstitucionalidad de la ley en cuestión.

Ministros de la Corte reconocen que a pesar de la importancia de esta propuesta, la primera en oponerse será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -que es la dependencia contra la que hay más amparos, por la aplicación de impuestos inconstitucionales.

Otro aspecto novedoso que incluye el anteproyecto es el que la nueva Ley de Amparo incluye las sanciones contempladas por el Código de Procedimientos Penales -como serían penas y multas en casos de incumplimiento de sentencia, o acciones retardatorias de los abogados litigantes, o bien, sanciones a que se hagan acreedores jueces y magistrados en el desempeño de su labor-, en lugar de remitir al infractor a un capítulo determinado del Código de Procedimientos Penales.

De acuerdo con fuentes de la Corte, este cambio es más bien de forma que de fondo y tiene como único fin agilizar la aplicación de la ley.

Por otro lado, funcionarios del máximo tribunal rechazaron que la nueva legislación contemple la desaparición del derecho agrario, como lo han planteado algunos autores.

Recursos directos en contra del Tribunal Agrario, inalterados

Los conceptos fundamentales del derecho agrario se mantienen, lo que pasa es que al reducirse significativamente el número de amparos indirectos -en contra de autoridades agrarias por diversos motivos-, resulta innecesario mantener un apartado exclusivo para este tema. Además, dijeron, todo lo relacionado con los amparos directos en contra del Tribunal Agrario se mantiene prácticamente inalterado.

Por otro lado, un tema que si bien se incluye en el anteproyecto, pero que genera aún muchas dudas a los miembros de la citada comisión encargada de redactar la nueva Ley de Amparo, es el relativo al llamado "interés jurídico" o "personalidad jurídica". Esto en razón de que actualmente la ley no otorga la posibilidad legal a un ciudadano común de ampararse en contra de determinadas acciones de las autoridades, por no poder demostrar que ello le afecta directamente.

Fuentes consultadas dijeron que en este como en otros temas no se logró un consenso, porque en unos u otros temas "hay reserva de todos los miembros de la comisión", y que será el pleno de la Corte el que redacte el documento definitivo.

Hasta antes de que tomara posesión Vicente Fox, los ministros consideraban que lo más adecuado era entregarle la iniciativa a él; pero la integración plural del Congreso y la falta de mayoría del titular del Ejecutivo, influyó para que los ministros opten seguramente por entregarle la propuesta directamente al Congreso y "por cortesía" al Presidente de la República.