jueves Ť 1Ɔ Ť marzo Ť 2001
Gabriela Rodríguez
Derechos sexuales y reproductivos entre mujeres indias
El México pluricultural también se expresa en términos de los derechos sexuales y reproductivos, frente a los cuales no todas las mujeres comparten una experiencia semejante. Definitivamente la pobreza y el racismo, además del sistema patriarcal, lesionan en mayor grado la dignidad humana e impiden el ejercicio de estos derechos.
Para que las mujeres decidan libremente sobre el cuerpo, la sexualidad y la reproducción, primero hay que ser sujetas de derecho, es necesario clasificar y ordenar las propias expresiones culturales, pues si bien la costumbre y tradición son un arma de reivindicación y legitimación del poder, también en su nombre se justifican las desigualdades sociales, la dependencia y subordinación en el espacio doméstico, la exclusión de los espacios de poder público y la falta de control sobre el propio cuerpo.
En las comunidades agrarias e indígenas la división sexual del trabajo y del patrimonio están en la base de la vigilancia de los cuerpos de las mujeres, en cuya sexualidad se deposita el honor de la familia y el acceso a los recursos. Se suman también los mensajes religiosos y seculares que promueven una visión subordinada de la mujer frente al varón, de depositaria de las tentaciones de la carne, múltiples mitos y rituales religiosos refunden una valoración negativa del deseo femenino y de la desnudez.
Por eso el ejercicio de los derechos sexuales de las mujeres pone en riesgo el patrimonio familiar y en juego los relaciones de poder. Las mujeres indias están en una posición más vulnerable para vivir un embarazo y el sida. Fugas, robos y ventas de la novia son muchas veces el comienzo de la vida conyugal, ellas están menos informadas que quienes han acudido a la escuela y hablan español; tienen una posición subordinada frente al compañero o marido, lo cual dificulta el ejercicio de una libre decisión sobre la vida sexual y la capacidad de negociación para exigir el uso de anticonceptivos, del condón y de otras prácticas preventivas.
Las estadísticas de Chiapas nos dan una idea del estado en que se encuentran los derechos sexuales y reproductivos. Con el 91.3 por ciento de habitantes pobres y 67.9 por ciento en pobreza extrema, se registra aún una mortalidad infantil de 48.4 (contra el 33 nacional), las mujeres chiapanecas tienen una esperanza de vida de 71.97 años (frente a 75.11 del país), un promedio de 4.16 hijos por mujer (el promedio nacional es de 2.6), la muerte maternal es de 10.01 por cada 10 mil nacidos vivos (el doble de la medida nacional) y cuentan con más de 500 casos de sida mostrando un patrón de crecimiento exponencial relacionado con la precariedad de las condiciones de vida, el crecimiento del trabajo sexual, así como con mayores contactos sexuales favorecidos por los movimientos de migración internacional y nacional.
Las indígenas que viven en el estado más pobre del país tienen claras las reivindicaciones actuales y no parten de una visión culturalista y acrítica de la costumbre y la tradición, sino que han destacado la asimetría en las relaciones de género y de poder al interior de las propias comunidades.
Las mujeres zapatistas han demandado, entre otras cosas, el derecho a la participación política en igualdad de circunstancias que los hombres, el derecho a una vida libre de violencia sexual y doméstica, el derecho a elegir pareja y el derecho a decidir el número de hijos que se quiere tener.
El motor de las líderes del EZLN ha sido la intensidad de la pobreza y la discriminación de sectores en las decisiones económicas globales. Ellas son quienes más fuerte alzan la voz, quienes hablan hoy por todas las mujeres excluidas del mundo y quienes están construyendo el movimiento feminista del siglo XXI.
Fugas, robos y ventas de la novia son muchas veces el comienzo de la vida conyugal; ellas están menos informadas que quienes han acudido a la escuela y hablan español; tienen una posición subordinada frente al marido, lo cual dificulta el ejercicio de una libre decisión sobre la vida sexual y la capacidad de negociación para exigir prácticas preventivas