JUEVES Ť 1Ɔ Ť MARZO Ť 2001

Ť Recibe línea para enjuiciar a los independentistas

Garzón tiene dos caras, dice la diputada vasca Raquel Peña

Ť Según el juez, todo participante en el movimiento separatista trabaja para ETA, sostiene Ť Se reunió con políticos mexicanos

BLANCHE PETRICH

Pese a que el juez español Baltasar Garzón goza en América Latina de gran popularidad por haber asentado jurisdicción internacional en los casos del dictador chileno Augusto Pinochet y del torturador argentino Ricardo Miguel Cavallo, la diputada vasca Raquel Peña, vicepresidenta del parlamento autonómico, opina que el magistrado es "un hombre de dos caras", y que en los casos de persecución al movimiento independentista de Euskadi instruye juicios en contra de presuntos etarras "a manos llenas y con base en directrices" del Ministerio del Interior.

Fue así como el juez Garzón procesó y envió a prisión el año pasado a los 16 integrantes de la mesa directiva del partido opositor Euskal Herritarrok y a los editores del periódico Egin, ya desaparecido, con cargos de presunta colaboración con la banda armada. Las demandas no se sostuvieron y los detenidos fueron exonerados. Es así, también, como ahora Garzón demanda a México la extradición de Lázaro Galarza, un sindicalista navarro que residía ilegalmente en Michoacán. La policía española lo reclama como presunto colaborador de ETA. Lo acusa de haber prestado una furgoneta a un comando que en 1990 atacó con granadas un cuartel de la Guardia Civil en Navarra. Pero otro sujeto, Javier Goldaraz, ya fue juzgado y sentenciado como propietario de la furgoneta citada, y en el expediente de ese caso no aparece ningún indicio de la supuesta participación de Galarza.

En los próximos días la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá resolver sobre la solicitud de extradición de Galarza. "Y desde luego nosotros esperamos que la resolución no sea otra que una negativa" a extraditar al detenido, señaló la diputada Peña. Este preso, detenido en el Reclusorio Norte en espera del fallo definitivo, en carta reciente al canciller Jorge Castañeda, sostiene que la intención del gobierno español al solicitar su extradición es perseguirlo por su condición de vasco simpatizante con la causa independentista. El gobierno en Madrid -explica Galarza Larrayoz a Castañeda- persigue a ciudadanos vascos que luchan políticamente en hechos delictivos aparentando que pertenecen a ETA.

Los casos de Galarza y de Josu Gotzon Larrea Elorriaga -otro sindicalista apresado anteriormente, el primer caso de extradición concedido a España por la ex secretaria de Relaciones Exteriores Rosario Green-, y de cinco vascos más enviados en un trámite ilegal de policía a policía, son considerados por Peña simples entregas de perseguidos políticos que debieron haber contado con la protección de México. En nada se diferencian, afirma, a las diversas entregas disfrazadas de expulsiones que han ocurrido en el pasado reciente. Los últimos en sufrir este tipo de entrega a la policía española fueron José Ramón Ramada y Sagrario Yoldi, detenidos y entregados vía exprés, en un trámite en apariencia administrativo.

Expedientes a la carta

Raquel Peña sostiene que es importante que la ciudadanía en México conozca las consecuencias que tienen para las víctimas este tipo de entregas a la policía española. "En todos los casos que tenemos documentados, son personas que en España no tienen cargos ni averiguaciones previas. Por medio de la policía que el gobierno español tiene desplegada en territorio mexicano, que realiza labores de espionaje entre los emigrados económicos y los que han salido por presiones políticas, se hacen los pedidos de determinadas ciudadanos vascos que por alguna razón les interesa, y una vez en las comisarías ibéricas, los jueces arman los expedientes y las demandas basadas en información arrancada bajo tortura".

En los dos casos antes citados, Ramada sufrió y denunció haber sido sometido a tortura física, y Yoldi a tortura sicológica. El informe 2000 de la ONG vasca contra la tortura, Torturaren Aurkako Taldea, documenta cuatro casos más de vascos residentes en México que fueron entregados de policía a policía y que al llegar a las comisarías españolas sufrieron tortura.

Mikel Izpura, Josu Larrea Elorriaga, Mikel Arrieta y José Angel Otxoa, entregados entre el 16 y el 17 de enero de 2000, refieren en las respectivas denuncias interpuestas que durante los interrogatorios previos, inmediatamente después de su arribo al aeropuerto de Barajas y después de una visita rutinaria de un médico forense, fueron sometidos a incomunicación, golpes, insultos y amenazas.

El héroe que en casa le pega a la mujer

Según Raquel Peña, quien en días pasados visitó México para consultar con partidos políticos y activistas de derechos humanos esta situación, "todas las semanas hay vascos denunciando ante el juez Garzón estas situaciones de aislamiento, interrogatorios ilegales y torturas en contra de las policías españolas, y él nunca ha abierto un solo expediente."

Para la parlamentaria alavesa, la forma como Garzón instruyó el caso contra los dirigentes de EH son un buen ejemplo de cómo "el famoso magistrado no actúa como juez sino como político a las órdenes del Ministerio del Interior" cuando de Euskadi se trata. Basada la acusación no en datos sino en suposiciones, pronto una resolución judicial sobreseyó a los acusados. Pero los políticos pasaron más de un año en prisión sin siquiera un "usted disculpe".

"El criterio de Garzón -señala Peña- es que todo aquel que trabaja para el movimiento independentista vasco trabaja para la ETA, y no es así. EH, lo mismo que muchas otras organizaciones sociales y sindicales, son organizaciones políticas legales que actúan a la luz del día y conforme a la normatividad existente".

Desde la perspectiva de muchos vascos, Garzón es como el héroe aclamado pero que ya en casa le pega a la mujer, describe la parlamentaria.

Peña y el abogado Joseba Agudo, ambos del partido Euskal Herritarrok -14 escaños en el Parlamento Vasco- realizaron una gira por México para consultar con partidos políticos, la cancillería y organizaciones humanitarias la situación de los vascos residentes en México. Fueron recibidos por directivos de PRI, PAN, PRD y PT. También tuvieron buena acogida entre los organismos de derechos humanos. Sin embargo, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la embajadora para derechos humanos, Marie Claire Acosta, que hasta hace poco se declaraba solidaria con la causa de los refugiados vascos en México, no los recibió y asignó a un encargado de asuntos jurídicos de su oficina para cumplir el trámite formal.

Según Raquel Peña, el objetivo de las misiones diplomáticas de EH en México es lograr que en este país se entienda que el conflicto del País Vasco "es un contencioso político que viene de muy atrás en la historia, que no se inicia ni con Francisco Franco ni con ETA, y que negar la naturaleza política del conflicto es negar sus posibilidades de resolución."

Peña y Agudo intentaron demostrar a sus interlocutores que el gobierno de España "lo que pide para otros pueblos de dientes para afuera se lo niega al pueblo vasco, al que tiene bajo su dominio". Peña asegura que el movimiento independentista vasco tiene la misma aspiración que cualquier pueblo del mundo, "la misma que los mexicanos: ser un pueblo que viva en condiciones, de igual a igual, con cualquier otra nación. Y en paz."

Es cierto, reconoce, que el conflicto vasco es armado, pero subraya: "Ahí el ejercicio de la violencia no es unilateral; son dos los que la ejercen, dos los que tienen víctimas, dos los que entierran a sus muertos. La violencia es una expresión del problema, no es el problema en sí. Es por eso que Euskal Herritarrok se niega a hacer lo mismo que los demás partidos políticos que emiten condenas a ETA cada vez que esta realiza un atentado. Estas condenas son sólo un parche que oculta al realidad. Con eso no se avanza nada."